NOTA DE PRENSA N° 284

📷 Portada: Cardenal Tolentino Mendoca, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, junto a la viceministra de Educación de Cuba Marlén Triana. Fuente: Mined (2026).

Cuba en el ámbito religioso académico: ¿Universalidad o blanqueamiento de imagen?

El pasado mes de mayo, la Santa Sede acogió el encuentro “Mapas de Esperanza para una Agenda Educativa Regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Vaticano. El evento, organizado con el apoyo del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y la Comisión Pontificia para América Latina (CAL), se desarrolló entre los días 29 y 30, con la participación de ministros de Educación, altos funcionarios, académicos y especialistas de naciones iberoamericanas; incluida Marlén Triana Mederos, viceministra de Educación de Cuba. El tema central giró en torno a la salud mental, las tecnologías digitales y la educación; además de abordarse la agenda educativa en la región.

El papa León XIV durante el encuentro “Mapas de Esperanza para una Agenda Educativa Regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. Fuente: Vatican News (2026).

Por otra parte, en Roma, la Pontificia Universidad Antonianum, que aunque ostenta el título de Pontificia, no está regida por el Vaticano y sí por la orden franciscana, realizó el 26 de mayo un acto de homenaje a Fidel Castro Ruz, no solo con motivo del próximo centenario de su nacimiento; sino también por las más de cuatro décadas de publicación de Fidel y la religión, una larga entrevista que en su momento le realizara el teólogo brasileño Frei Betto. En el evento estuvieron presentes el rector Agustín Hernández; el embajador de Cuba ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez; el historiador italiano Gianni La Bella; el catedrático chileno Luis Badilla; así como embajadores y funcionarios del cuerpo diplomático, integrantes de asociaciones de solidaridad con la Isla, miembros de partidos políticos, estudiantes, religiosos y representantes de la comunidad de cubanos residentes en Italia.

Portada de la primera edición de Fidel y la religión (Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985).

Empero, las intervenciones fueron más bien monólogos, como ha referido el presbítero cubano Raúl Arderi, quien estuvo presente como parte del público general. Según el religioso, la propia embajada cubana solicitó a los organizadores del encuentro que el tiempo dedicado a las preguntas y a un posible debate fuera eliminado, calificando finalmente el evento como acción de propaganda política.

Homenaje a Fidel Castro Ruz en la Pontificia Universidad Antonianum. Fuente: Prensa Latina (2026).

No obstante, esta esfera de reconocimiento académico e intelectual que emana de la cristiandad institucional entra en una paradoja estructural con la coexistencia de un Estado fundamentado en el materialismo dialéctico. ¿Cómo es posible que un Estado que secularizó radicalmente su sistema educativo y confiscó la infraestructura de las órdenes religiosas haya logrado una presencia activa y, en ocasiones, celebratoria en centros de saber de matriz católica y en el propio Vaticano?

La respuesta a esta pregunta no debe leerse como una conversión ideológica, sino como una sofisticada estrategia de legitimación basada en la convergencia de valores sociales. Mientras el Estado cubano promovía la justicia social mediante el materialismo dialéctico, sectores progresistas de la academia religiosa encontraron en la Revolución un correlato práctico de la teología de la liberación. Así, el aula y el foro académico se convirtieron en terrenos de mediación donde la política y la fe, aunque antagónicas, parecieron dialogar.

Este fenómeno se sustenta en dos ejes fundamentales: la convergencia ética y el reconocimiento de la universalidad del saber. La primera sucede en un terreno común, donde el discurso de la justicia social y la transformación de las estructuras de desigualdad (pilares del pensamiento revolucionario) encuentran eco en la doctrina social de la Iglesia, utilizada por los intelectuales para establecer un diálogo basado en la ética de la liberación y la dignificación del ser humano, permitiendo que el contenido de sus investigaciones fuera aceptado más allá de su base materialista.

A la par, la presencia de estos actores en la cristiandad funcionó como un mecanismo de reconocimiento mutuo. Para el Estado cubano, constituyó una vía de legitimación internacional; para la Iglesia, un reconocimiento de que la búsqueda del conocimiento y la mejora de la condición humana son objetivos que trascienden el dogma religioso. Así, la ciencia y la cultura operaron como puentes de neutralidad en un escenario de alta polarización política.

Mas, para comprender la magnitud de esta paradoja, resulta necesario describir el punto de ruptura.

Antes de 1959, la educación en Cuba tenía un fuerte componente confesional. En el catolicismo, las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, gestionaban instituciones de élite que formaban a la clase dirigente y profesional del país. A su vez, los centros educativos protestantes también tenían presencia, destacando no solo por haber introducido la coeducación en el país, sino porque comprendían que el bienestar del alumno estaba incluso determinado por el entorno arquitectónico de los planteles docentes. Como tal, la estructura educativa en la Isla era un híbrido entre la instrucción pública estatal y la educación privada religiosa.

Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución, el nuevo gobierno, liderado por Fidel Castro, inició un proceso de reestructuración profunda del Estado, no solo desde una perspectiva meramente administrativa, sino también ontológica. La educación fue definida como un derecho social que debía ser controlado por el Estado, cuyo objetivo era eliminar la moral religiosa de la esfera pública. Este proceso se manifestó, sobre todo, en tres aspectos:

• se prohibió la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas públicas, estableciendo una separación tajante entre el dogma y el currículo académico;
• la educación dejó de entenderse como un proceso de formación de “almas” (visión eclesiástica) para concebirse como una herramienta de formación de “cuadros” y ciudadanos útiles al desarrollo material y político de la nación (visión materialista);
• la secularización permitió al Estado centralizar el control de los contenidos y rediseñar el currículo para enfatizar la lucha de clases, la soberanía nacional y el pensamiento científico-materialista, libre de la interpretación teológica.

Simultáneamente, la nacionalización de la enseñanza se ejecutó mediante una serie de medidas legales y de fuerza:

• El Estado comenzó a asumir la gestión de los centros privados que no cumplían con los nuevos estándares de la política nacional.
• Las instituciones dirigidas por órdenes religiosas fueron absorbidas por el Estado bajo el argumento de garantizar la democratización del acceso al saber y eliminar el carácter elitista de la educación privada; con lo cual, el Gobierno tomó posesión de los edificios, los recursos y la administración de estas escuelas.
• El cuerpo docente, mayoritariamente vinculado a la jerarquía eclesiástica, fue sustituido o sometido a procesos de reorientación ideológica, asegurando que la nueva estructura educativa fuera un reflejo fiel de las directrices del Gobierno Revolucionario.

Esto último fue percibido por la Iglesia como un ataque directo a su derecho de asociación y de tutela moral sobre la juventud. Por tanto, la tensión entre el proyecto revolucionario y la institución eclesiástica escaló con rapidez de la disputa pedagógica al choque diplomático y social. La nacionalización de las escuelas, además, generó una fractura en la sociedad civil: sectores de la clase media y la burguesía, históricamente vinculados a la Iglesia, vieron en estas medidas una agresión a sus libertades fundamentales.

Doscientas monjas cubanas llegan a Miami en 1961 tras su expulsión de Cuba. Fuente: página de Facebook de Periódico Patria 1892 (2026).

La educación cubana, por tanto, pasó de ser un espacio de formación moral religiosa a un ámbito de formación política revolucionaria. En este contexto, cualquier presencia de las Iglesias en el ámbito educativo fue definida por el Estado como una forma de contrarrevolución. Paradójicamente, este mismo rigor estatal creó una identidad nacional que, más tarde, presentaría como un modelo de “justicia social” atractivo para los académicos religiosos de pensamiento crítico.

La persistencia del correlato práctico de la teología de la liberación.

El punto de contacto intelectual más significativo entre el proyecto revolucionario cubano y los sectores eclesiales progresistas llegó con la teología de la liberación, que transformó de manera radical el panorama eclesial en América Latina al surgir como respuesta pastoral a la pobreza estructural y a la desigualdad del continente. Sobre todo, dejó de mirar la realidad desde los dogmas abstractos y comenzó a analizarla a través de las ciencias sociales, reconociendo la pobreza un pecado estructural, manifestado en la injusticia económica y la opresión política; además de enfocarse en la construcción del reino de Dios en la tierra mediante la justicia social.

Interior del antiguo Colegio La Salle del Vedado; luego, Instituto Politécnico de Transporte José Ramón Rodríguez. Fuente: Martí Noticias (2018).

Aquí, el concepto de la “opción preferencial por los pobres” actuó como el puente intelectual y moral que permitió a sectores progresistas de la Iglesia dialogar con la Revolución desde tres dimensiones:

• Mientras la Revolución buscaba la redistribución de la riqueza y el acceso a servicios básicos mediante la acción estatal, la opción preferencial exigía que la Iglesia priorizara la defensa de esos mismos derechos para los desposeídos.
• Este concepto permitió que la participación en movimientos de reforma social, o incluso en procesos de transformación radical, fuera vista como el cumplimiento del mandato cristiano de amor al prójimo, manifestado en la justicia.
• Al enfocarse en el pobre, muchos sacerdotes y religiosos se alejaron de los centros de poder eclesiástico y político, acercándose a las bases campesinas y obreras que conformaban el núcleo del apoyo revolucionario.

En este contexto, la figura de Fidel Castro fue reinterpretada bajo una lente ética y teleológica. Para muchos teólogos y religiosos de base, las medidas de la Revolución (reforma agraria, alfabetización, salud universal) fueron vistas como la ejecución de la justicia social que la Iglesia había predicado teóricamente durante siglos. Asimismo, algunos sectores consideraron la construcción del “hombre nuevo” propugnada por el pensamiento revolucionario como una forma de realización de la dignidad humana, supuestamente promovida por el cristianismo. De tal modo, este parte de la Iglesia desarrolló una postura de “apoyo crítico”, reconociendo el carácter ateo o materialista oficial del Estado, mientras defendía la legitimidad del proceso revolucionario por su capacidad de dignificar al ser humano pobre. De tal modo, convirtieron a Fidel en un símbolo de la ruptura con el orden injusto del antiguo régimen.

No es de extrañar, pues, que, entrada la década de 1980, Frei Betto decidiera entrevistarlo y publicar la conversación bajo el título de Fidel y la religión. Esta obra, sin embargo, fue utilizada a nivel internacional no solo para blanquear la figura de Fidel ante el mundo religioso, sino para esconder también los desmanes cometidos contra los creyentes en nombre de la Revolución.

Frei Betto y Fidel Castro. Fuente: Cubadebate (2024).

Entre los muchos hechos que blanqueó y escondió Fidel y la religión —homenajeado ahora por la Pontificia Universidad Antonianum— estuvo la expulsión masiva de cientos de sacerdotes, monjas y religiosos educadores hacia España y Estados Unidos en la década de 1960. Entre los docentes católicos expulsados, se encontraba incluso el padre jesuita José Rubinos Ramos, quien había sido maestro de Fidel Castro en el Colegio de Belén.

Antiguo Colegio de Belén en La Habana; hoy, Instituto Técnico Militar (ITM). Fuente: Árbol Invertido (2021).

Con respecto a las otras iglesias y colegios cristianos, la más afectada fue la metodista. Unos 225 misioneros evangélicos también abandonaron el país debido a la imposibilidad de continuar la docencia.

Antiguo colegio metodista Candler College; luego, Instituto Politécnico Amistad Cubano-Soviética. Fuente: Cubanet (2013).

Uno de los primeros actos represivos contra estudiantes religiosos fue el arresto de varios alumnos de las universidades de La Habana y la Católica de Villanueva al tratar de sustituir pacíficamente la ofrenda que Anastas Mikoyan había depositado en la estatua de Martí en el Parque Central por una con la bandera cubana. Del mismo modo, estudiantes universitarios abiertamente religiosos o contrarios al marxismo fueron expulsados de sus facultades. Pocos meses más tarde, los alumnos de las escuelas religiosas en Cuba terminaron sus clases con las aulas llenas de una fuerte presencia miliciana.

Antigua Universidad Santo Tomás de Villanueva. Fuente: Árbol Invertido (2021).

“Un total de 339 colegios incluidos los gratuitos, las Universidades Villanueva y la Salle pasaron a poder del Estado. La Electromecánica de Belén por medios tortuosos ya estaba bajo control estatal. Igual despojo padecieron la Universidad Masónica, la protestante del Candler, la José Martí, y todos los colegios protestantes y aconfesionales” (Montenegro, 2009).

Como si esto no hubiera sido suficiente, con la declaración de Cuba como Estado ateo, la represión a los creyentes escaló a niveles de violación de derechos humanos tan básicos como el derecho al estudio y la libertad de credo. En los expedientes escolares comenzaron a recogerse no solo la filiación ideológica de las familias de los alumnos, sino también la religiosa. De hecho, se institucionalizó la discriminación en la enseñanza superior al punto de que, para ingresar a la universidad, los jóvenes debían someterse a la “integración revolucionaria”. Incluso, muchos estudiantes religiosos y seminaristas fueron enviados a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) —una especie de campos de trabajo forzado—, pertenecientes al Departamento de Lacras Sociales, con el fin de “reeducarlos” y apartarlos de sus creencias. Esta exclusión se mantuvo sistematizada a lo largo de los años 80, cuando profesar la fe de manera pública o activa era motivo suficiente para que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) emitieran evaluaciones negativas, tanto de estudiantes como de profesores. Esto significó que, durante décadas, los alumnos religiosos no pudieron estudiar carreras consideradas estratégicas, como periodismo, filosofía, pedagogía o diplomacia; así como tampoco se le permitió ocupar plazas docentes ni en los medios de comunicación a ninguna persona que manifestara públicamente sus creencias religiosas.

La universalidad del conocimiento, el lenguaje no político y la diplomacia de baja intensidad.

A pesar de todo, el acercamiento no solo llegó mediante la teología de la liberación. Se abrió otra vía lateral en la que la academia funcionó como un espacio de descompresión, permitiendo, al menos, mantener canales de comunicación mínimos con la Santa Sede. La participación de científicos cubanos en congresos organizados por instituciones religiosas permitió que el Vaticano reconociera la calidad de la formación académica de la Isla, desvinculando el talento intelectual de la doctrina política del Estado socialista. Los encuentros se concentraron en disciplinas donde la ética y la ciencia convergen, tales como la medicina y la preservación del medio ambiente. La salud, como pilar del sistema cubano, facilitó el diálogo con instituciones interesadas en la ética de la vida. Incluso, en Cuba se creó el Centro de Bioética Juan Pablo II, “basado en los principios de: autonomía, pluralidad, capilaridad y secularidad. Es un Centro creado desde la Iglesia Católica, para toda nuestra sociedad, fundamentando sus principios desde una sana antropología filosófica, y con un humanismo adecuado”.

La educación y la academia operaron bajo la premisa de que el conocimiento tiende a la universalidad. El lenguaje no político fue crucial para la supervivencia. En los congresos, por ejemplo, el debate se desplazó de la “justicia social” hacia la “validez de una hipótesis o de un método”. Este cambio de eje permitió que delegados de ambos bandos compartieran una mesa de trabajo sin la obligación de reconocer la legitimidad política del otro. Para Cuba, la participación en estos eventos fue una forma de demostrar su estatus de nación moderna y culta ante la comunidad católica internacional; para el Vaticano, un modo de mantener abierta una ventana hacia un Estado cerrado. De tal modo, la educación medió una especie de diplomacia de baja intensidad que sirvió como canal de mensajería indirecta o de mitigación de tensiones.

Por tanto, el reconocimiento no se dio en las altas esferas de la jerarquía eclesiástica, sino en las aulas de la intelectualidad católica. En universidades jesuitas, en México y en Brasil, por ejemplo, la Revolución fue estudiada como un fenómeno histórico de ruptura de estructuras coloniales y de justicia social. Incluso, tras la muerte de Fidel Castro, la Ibero —perteneciente a la red del Sistema Universitario Jesuita—, publicó un texto titulado “Fidel Castro, estudiante jesuita que marca el fin del siglo XX”. En Europa, los homenajes de parte de su intelectualidad católica se centraron en la representación de una Cuba “soberana”, capaz de definir su propio destino, frente a la hegemonía de las potencias externas.

Aunque la secularización y el distanciamiento de la religión no fueron procesos exclusivamente cubanos, presentan ciertas diferencias con un desarrollo similar en las antiguas repúblicas socialistas del Este; también declaradas como Estados laicos. Es cierto que, al igual que en la URSS, la educación en Cuba sustituyó la formación moral religiosa por una ideológica de clase y la reconstrucción del sujeto social; sobre todo, a partir del materialismo dialéctico como marco epistemológico que invalidaba cualquier otra verdad. En la Isla, la secularización educativa no fue solo un cambio de currículo, sino que también conllevó una batalla cultural por la lealtad del pueblo: las celebraciones religiosas fueron reemplazadas por rituales cívico-militares y fechas revolucionarias, y la única liturgia permitida provenía de la Revolución. No obstante, la resistencia de ciertos sectores intelectuales que no se desvincularon de su herencia religiosa permitió la creación de una zona gris que Cuba aprovechó para su diplomacia de baja intensidad; a diferencia de la URSS, donde la educación constituía un bloque monolítico más doctrinal.

Entre otras causas, la caída del bloque socialista y la necesidad de Cuba de reinsertarse en el mundo occidental obligaron a que el carácter ateísta del Estado, recogido en la Constitución de 1976, cambiara su estatus a laico en 1992. Actualmente, la Constitución de Cuba reafirma en su artículo 15 el carácter laico del Estado y define que, a pesar de su separación de las instituciones religiosas y asociaciones fraternales, estas tienen iguales derechos y deberes, de igual consideración. Asimismo, el número 42 prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la religiosa, considerándola lesiva a la dignidad humana y sancionable por la ley. Sin embargo, el artículo 57, si bien reconoce explícitamente el derecho de las personas a profesar, cambiar y practicar o no creencias religiosas de su preferencia, siempre debe ocurrir dentro del marco del “respeto a la ley” y a los demás. Esto último se ve reforzado en el artículo 45, donde se limita el ejercicio de estos derechos a la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes.

Premisas internacionales frente a las opciones educativas. El escenario cubano.

En otro orden de ideas, organismos como la UNESCO, la ONU —con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defienden el derecho de los padres a elegir la educación religiosa para sus hijos. También consideran que cualquier sistema educativo debe garantizar el acceso universal sin distinción de creencias, en tanto la segregación basada en la fe viola los derechos humanos. Reconocen, además, que la existencia de escuelas confesionales no es inherentemente discriminatoria, siempre que se cumplan los estándares de calidad y no se impida el acceso a ningún alumno, aun cuando no profese esa fe. Por su parte, la UNESCO, si bien promueve un laicismo que garantice la neutralidad del Estado para proteger la pluralidad, condena el uso del aparato educativo estatal para erradicar la identidad religiosa.

En general, podría resumirse que organismos como la UNICEF y la UNESCO consideran la libertad de religión y creencias en las escuelas como un derecho humano fundamental que debe protegerse, garantizando la inclusión, la no discriminación y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Ambas organizaciones respaldan sus directrices a través de marcos internacionales que se enfocan en varios puntos clave:

• El derecho de los niños a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, protegido por el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF; que incluye la libertad de profesar y practicar su religión, siempre que no vulnere los derechos de los demás. Este derecho debe ejercerse de manera coherente con las facultades del niño, respetando el derecho y deber de los padres o tutores de guiar a sus hijos en sus convicciones.
• Segúnla UNESCO, los centros educativos deben ser espacios equitativos y libres de coerción. Las escuelas deben garantizar un ambiente en donde ningún alumno sufra acoso o discriminación por sus creencias, a la par que los materiales de enseñanza deben fomentar la tolerancia y la comprensión mutua.
• Tanto la UNESCO como la UNICEF abogan por una educación que facilite el conocimiento de la diversidad religiosa y cultural para construir sociedades pacíficas y erradicar prejuicios, en lugar de imponer o promover una doctrina particular.

Sin embargo, a pesar de lo plasmado en la actual Constitución de 2019, lo establecido por los organismos internacionales y la profundización de la diplomacia de baja intensidad con el Vaticano y diversas organizaciones religiosas, continúan la marginación y la represión a estudiantes y docentes religiosos. Sobre todo, exacerbadas si se nuclean alrededor de familias opositoras al Gobierno o críticas del sistema político imperante en Cuba, como fue el caso, en 2017, de los hijos de Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador en la región central del país del Instituto Patmos; una organización independiente encargada de monitorear el respeto a las libertades religiosas en la Isla. Específicamente, su hija, Dalila Rodríguez González, fue expulsada de su puesto como profesora en la Universidad Central Marta Abreu, en Villa Clara, donde llevaba ejerciendo la docencia desde hacía una década y estudiaba un doctorado en Ciencias Pedagógicas; al igual que su hijo, Leonardo Rodríguez González, quien impartía clases en otra facultad de la misma casa de estudios.

Ese mismo año, a Félix Llerena López, coordinador de Patmos en Occidente, se le prohibió continuar sus estudios de Historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, en La Habana. La Universidad de Oriente, por su parte, expulsó en 2021 al estudiante de Ingeniería Eléctrica Adrián Arza por ser miembro de la iglesia apostólica Emanuel, en Santiago de Cuba. Mientras cursaba el primer año, la Seguridad del Estado, le exigió, dentro del campus, que si quería seguir sus estudios universitarios debía informarles acerca de las actividades de su iglesia.

Recientemente, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés) identificó el encarcelamiento del adolescente Jonathan Muir Burgos, de 16 años de edad, como una forma de coerción debido a las actividades religiosas y políticas de su padre, el pastor evangélico Elier Muir.

Si bien es cierto que el Estado cubano ha flexibilizado su postura respecto a la práctica religiosa, atendiendo a que los estándares internacionales sugieren que un sistema educativo moderno debe ser capaz de dialogar con la diversidad de creencias de sus ciudadanos, el modelo cubano de Educación Superior mantiene la reticencia ante la categorización académica de instituciones de enseñanza católicas que ya hacen vida en el país y nuclean a no pocos estudiantes en edad universitaria.

Entendemos que, en tanto universidades y organizaciones religiosas, ya sea desde la teología de la liberación o mediante la diplomacia de baja intensidad, sigan desconociendo no solo el pasado represivo del Estado y el gobierno cubanos hacia los religiosos, en especial en los ámbitos académicos y educativos, sino también la continuación de las mismas prácticas discriminatorias, los derechos a la educación y a la libertad de religión seguirán siendo vulnerados en la Isla. Frente a este contexto, es imprescindible reconocer que la laicidad en Cuba no es un mecanismo de protección para la diversidad; sino de exclusión, manteniendo una estructura donde el sistema educativo estatal sigue siendo el único camino para la validación académica y social. Una vía eficaz para el entendimiento y la interconexión institucional en aras de la reestructuración del tejido social comunitario pudiera explorarse con la devolución de los planteles educativos confiscados a la Iglesia, por demás, profundamente arraigados en la génesis del patrón identitario de la nación.

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