NOTA DE PRENSA N° 285

📷 Portada: Incendio en el Área Protegida Yunque de Baracoa (2025). Autor: Identidad protegida.

Universidad, medio ambiente y ecología política en Cuba: ficción vs. realidad.

En la primera quincena de marzo, la Universidad de Cienfuegos oficializó su participación en la Red Va por la Tierra, mediante la firma de un convenio internacional. El acuerdo fue rubricado por Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Universidad de Cienfuegos, y Salvador Castell González, líder global de Va por la Tierra. Estuvieron presentes, además, Leticia León González, coordinadora de la Red por la parte cubana, y los profesores Raúl Rodríguez Muñoz, Itsmelis Valdés Méndez y Elizabeth Gradaille Ramas. En teoría, dicho convenio debe fortalecer las alianzas de trabajo en torno a la sostenibilidad, la educación ambiental, la cooperación científica y el compromiso con la protección del planeta.

Parte cubana presente durante la firma del convenio internacional con la Red Va por la Tierra. Fuente: página oficial de Facebook de la Universidad de Cienfuegos (2026).

Como nación insular en el Caribe, la Isla enfrenta amenazas tangibles: el aumento del nivel del mar, la intensificación de los huracanes y la salinización de los acuíferos. A ello se suman serios desafíos medioambientales. Problemas como la pérdida de biodiversidad; contaminación de los mares, suelos y aire; acumulación de residuos no biodegradables; y degradación de los recursos naturales se han ido agudizando cada vez más.

Lomas de basura acumulada en las márgenes del río Almendares, en La Habana. Fuente: Cubadebate (2023).

Pese a ello, a lo largo de los años, Cuba se ha presentado ante la comunidad internacional con un discurso institucional robustecido por la defensa de la soberanía ambiental. El discurso estatal y académico ha priorizado la resiliencia y la sostenibilidad como pilares de la supervivencia nacional. La universidad cubana, como centro de formación de cuadros científicos y técnicos, ha asumido la responsabilidad de integrar la conciencia medioambiental en sus currículos, buscando transitar hacia modelos de producción más sostenibles.

De hecho, el país tiene una larga lista de multimedias (“Derecho ambiental cubano”, “Capacitación ambiental empresarial”, “Educación ambiental para el maestro”, “Gestión y educación ambiental en Cuba”, “Ciencia y comunidad en la gestión de los recursos naturales: una responsabilidad compartida”) y panfletos (“Protege a tu familia de las consecuencias del cambio climático”, “Protege a tu familia de la erosión y pérdida de suelos y bosques”, “Protege a tu familia de las aguas contaminadas”) emitidos por el sistema de Educación y la Ciencia nacional. Asimismo, se enumeran algunas publicaciones editadas por instituciones estatales, como la revista Flora y Fauna, de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna.

Primeros ejemplares de la revista Flora y Fauna, década de 1990. Fuente: página oficial de Facebook de Flora y Fauna (2021).

Sin embargo, tras la robustez de la retórica institucional, emerge una contradicción dialéctica fundamental. Existe una brecha creciente entre la pedagogía ambiental impartida en las aulas y la praxis económica y productiva que rige el territorio. Mientras la universidad instruye sobre la importancia de la conservación y la regeneración de los ecosistemas, las presiones de un modelo económico de supervivencia —marcado por la escasez de insumos, la necesidad de producción inmediata y la gestión de crisis energética— fuerzan prácticas que aceleran el deterioro de los recursos naturales.

Semejante contradicción puede, no obstante, ser explicada si se analiza a partir de la ecología política; un enfoque que no estudia el medio ambiente como un ente aislado, sino como un campo de disputa de poder, donde las decisiones sobre qué recursos explotar y cómo hacerlo están mediadas por intereses económicos y estructuras de gobernanza. O sea, esta disciplina permite entender que los problemas ambientales no son accidentes naturales, sino el resultado de decisiones políticas, la distribución desigual de recursos y las tensiones entre los modelos de producción y la capacidad de carga de los ecosistemas.

En el caso de Cuba, la cuestión medioambiental adquiere matices complejos debido a su particular modelo de organización socioeconómica. En este escenario, ¿las universidades son meras proveedoras de soluciones técnicas para el Estado o espacios de pensamiento crítico capaces de proponer nuevos paradigmas de relación con la naturaleza?

Desde la ecología política, el análisis del medio ambiente en Cuba debe considerar la intersección de tres fuerzas fundamentales: la vulnerabilidad climática, la limitación de recursos y la prioridad de la seguridad alimentaria. Entre estos, la última genera grandes problemas.

La necesidad de producir alimentos y la dependencia de importación de combustibles provocan una presión constante sobre los suelos y los recursos hídricos. La transición hacia la agricultura orgánica y la soberanía alimentaria puede verse como una respuesta política a la crisis de insumos, pero también como un campo de tensión donde la gestión del suelo se convierte en una cuestión de supervivencia estatal y autonomía territorial.

Mientras tanto, los conflictos socioecológicos en la Isla suelen manifestarse en la gestión de las cuencas hidrográficas, la degradación de los suelos agrícolas y el impacto del turismo en las zonas costeras. Aquí, el poder se manifiesta en la decisión de qué ecosistemas se protegen y cuáles se sacrifican en nombre del desarrollo económico.

Un ejemplo de esto lo constituye la construcción de los terraplenes hacia la cayería norte, donde se edificaron varios centros turísticos. Como consecuencia, el pedraplén a Cayo Santamaría implicó un aumento en la salinidad, con gradiantes espaciales muy altos y cambios drásticos en la velocidad de las corrientes del acuatorio, lo cual incidió negativamente en los ecosistemas locales. Asimismo, los pedraplenes también han afectado los humedales de costa, poniendo en peligro el hábitat de la grulla cubana, el ave más grande las Antillas.

Construcción del pedraplén Turiguanó-Cayo Coco, década de 1980. Fuente: Invasor (2022).

Adicionalmente, el modelo de desarrollo económico en Cuba, basado en el turismo de masas, inevitablemente entra en conflicto con la preservación de la biodiversidad y la gestión de desechos. Por este motivo, las universidades quedan en una encrucijada: ¿deben proveer soluciones para minimizar el impacto del turismo (enfoque correctivo) o proponer modelos alternativos (enfoque transformador)?

Aunque el tema ambiental en la educación universitaria viene desde la Declaración de Talloires, un trabajo presentado en la Universidad de Camagüey en 2018 reconoce la ausencia en Cuba de un modelo de gestión ambiental que incluya todas las estrategias agrupadas en el concepto de ambientalización universitaria. A saber: la formación ambiental en pregrado y posgrado, la gestión ambiental institucional y la inclusión de la dimensión ambiental tanto en la investigación científica como en la extensión universitaria.

Mas la educación ambiental en las universidades cubanas ha evolucionado hacia un enfoque de gestión de riesgos y resiliencia climática. Los planes de estudio en las Facultades de agronomía y de ciencias naturales y biológicas enfatizan la conservación del suelo, la gestión de cuencas y la protección de la biodiversidad. Esto deriva en una contradicción ontológica: mientras el aula enseña la importancia de la rotación de cultivos y la reducción de químicos, la realidad operativa del sector agropecuario empuja hacia prácticas que degradan la estructura misma de los suelos.

Para ello, es necesario asumir que la educación para el desarrollo sostenible (EDS) no solo implica la transmisión de conocimientos biológicos o geográficos, sino también el desarrollo de una formación de pensamiento crítico. La EDS busca que el estudiante comprenda la interconexión entre los sistemas sociales, económicos y ecológicos. En el contexto universitario, esto debería traducirse en una capacidad de evaluar el impacto de los modelos de desarrollo en la biosfera. No obstante, en Cuba, al igual que en otros países del Sur Global, la educación ambiental sufre de un fenómeno que la sociología denomina “tecnocratización de la ecología”.

Empero, de una u otra manera, las universidades cubanas deben trascender la “tecnocracia ambiental”. Su reto es producir una ciencia que responda a las particularidades del territorio nacional, entender el contexto de escasez y la especificidad de los ecosistemas tropicales cubanos, y no copiar modelos de otros países o regiones geográficas, como y ha sucedido en diversas ocasiones. Esto implica, por ejemplo, investigar la resiliencia de los manglares, la salinización de los acuíferos y la regeneración de suelos degradados con un enfoque que integre la realidad social de las comunidades locales.

Uno de los errores más repetidos ha sido la introducción de especies exóticas en aras de aliviar el problema de la alimentación. En este sentido, la inyección de la claria desde Asia a finales de los años 90 en el ecosistema cubano constituye una de las mayores amenazas a la diversidad ecológica nacional. La reproducción y dispersión incontrolables de este depredador ponen en peligro 242 especies; de ellas, 75 endémicas, como el manjuarí (Atractosteus tristoechus), un pez prehistórico.

Por otra parte, la función de las universidades no puede limitarse a ser únicamente un puente de validación entre las decisiones del Estado y las instituciones estatales, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). La academia cubana debe comenzar a tener una influencia real en las políticas públicas mediante diagnósticos críticos que permitan ajustar las políticas de desarrollo hacia modelos menos extractivos y más regenerativos.

Cabe señalar que esta disonancia no es solo técnica; también es política. Las universidades cubanas forman profesionales para gestionar la escasez, pero no para cuestionar las estructuras macroeconómicas que la provocan ni la consecuente presión sobre el medio ambiente. Se enseña a “gestionar la crisis”, pero no a “repensar el modelo” que la genera.

En los momentos en que alumnos de pregrado y posgrado han presentado trabajos que reflejan investigaciones sobre problemas como sobreexplotación o venta de determinadas especies —ya sean protegidas o no—, o situaciones graves de contaminación, las entidades correspondientes los han censurado.

Uno de los ejemplos más notables al respecto es el caso del académico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien encontró en la investigación para su tesis de doctorado que Cuba pescaba y exportaba careyes —protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)—, bajo la justificación de poseer el patrimonio genético de esta especie. Su trabajo en el Centro de Investigaciones Marinas demostró, además, una sobrepesca en el corredor de Jardines del Rey. Asimismo, en 2008, expuso en un evento en México que el gobierno cubano permitía la pesca ilegal de tortugas marinas, en peligro de extinción. Como consecuencia, Cuba se vio obligada a acatar las normativas ecológicas internacionales y, por ejemplo, Japón dejó de importar careyes, lo que significó una importante pérdida económica para el país.

Ariel Ruiz Urquiola en sus estudios sobre las tortugas marinas. Fuente: OnCuba (2019).

Sus reiteradas denuncias al respecto, en vez de provocar la búsqueda de nuevas estrategias, encontró repercusiones negativas. El Gobierno determinó que sus hallazgos científicos eran información confidencial que arriesgaba la política pesquera del país. Para comenzar, la Universidad de La Habana le impidió defender ese año su tesis doctoral por no contar con el aval político requerido; por lo que tuvo que apelar a la Comisión de Grado Científico. Finalmente, en 2016, el Centro de Investigaciones Marítimas ejecutó su despido, no sin antes haberlo sancionado a un puesto de menor categoría y remuneración, así como haberle prohibido trabajar con especies de importancia pesquera.

Luego de su censura académica, el biólogo decidió invertir sus esfuerzos en construir una granja sustentable en Viñales, un área colindante con el Parque Nacional Viñales. Este no era su primer acercamiento a dicho entorno. Siendo estudiante universitario, creó el proyecto ambientalista Protectora de Especies en Peligro de Extinción, que fue vetado negativamente por la Agencia del Medio Ambiente —bajo la tutela del CITMA—. Este hecho impulsó a Ruiz Urquiola a desarrollar una campaña de reclamación entre los estudiantes universitarios. El fallo a favor llegó tras la recogida de cinco mil firmas, pero su demora implicó la pérdida del financiamiento internacional para el proyecto.

Desde su Biogranja El Infierno de Viñales, el científico denunció a las autoridades pertinentes el impacto negativo del turismo en la zona y la caza ilegal de jutías —en peligro de extinción—. Una vez más, en lugar de tomar medidas para disminuir en la zona las violaciones del turismo al código medioambiental y establecer una protección efectiva para estos roedores, la respuesta que encontró fue la represión política, al extremo de ser acusado de desacato por agentes del Cuerpo de Guardabosques, resultando en su encarcelamiento y una huelga cuya repercusión conllevó el otorgamiento de una licencia extrapenal que lo sacó de prisión. Todo esto, pese a que su proyecto agroecológico tiene como objetivo demostrar niveles de sustentabilidad que pudieran servir de modelo a mayor escala en el país, así como salvaguardar y regenerar especies endémicas maderables, como la caoba antillana —también en peligro de extinción—, lo que no ha importado a las autoridades locales para extinguir su contrato de usufructo y decomisar su ganado mayor.

Ariel Ruiz Urquiola, junto a su madre, siembra posturas en su agrofinca en Viñales. Fuente: OnCuba (2019).

Ejemplos como el de Ariel Ruiz Urquiola demuestran que la enseñanza medioambiental en Cuba se convierte en una ecología de supervivencia, donde el objetivo no es la regeneración de la biósfera, sino la administración técnica de su agotamiento. Por tanto, se puede decir que el contenido de los planes de estudios está más inclinado hacia un enfoque instrumental que preventivo.

En ese sentido, se puede hablar de una “educación de la escasez”, donde el discurso ambientalista sigue siendo una herramienta de gestión de la carencia. Según este escenario, la sostenibilidad no se presenta como un ideal ético o un derecho de la naturaleza, sino como la única opción ante la imposibilidad de importar recursos externos.

Esta visión es peligrosa porque despoja al movimiento ambientalista de su potencia transformadora. Si la sostenibilidad es solo “hacer más con menos” debido a la crisis, en vez de ser un proyecto de reorganización civilizatoria se convierte en una medida de austeridad económica, descalificando emprendimientos con alcances científicos reales y aplicando una metodología de greenwashing conveniente de cara a la galería internacional.

Así, iniciativas conservacionistas de la sociedad civil también son estrechamente monitoreadas y cancelada cualquier perspectiva de crecimiento e incidencia social desde bases científicas. Tal ha sido el caso del proyecto Canal Guardabosque, cuyos miembros fueron hostilizados hasta tener que reducir al mínimo sus labores y, más tarde, verse obligados a exiliarse.

A su vez, cuando el egresado sale del entorno académico controlado para insertarse en el tejido productivo nacional, encuentra que su formación colisiona con dos realidades materiales:

• La crisis de insumos y la dependencia de químicos: a pesar de que las universidades promueven la agricultura orgánica y la soberanía alimentaria, la realidad de los campos cubanos es una lucha constante contra la falta de fertilizantes orgánicos, semillas certificadas y herramientas. Esto obliga a menudo a recurrir a prácticas de subsistencia que, aunque no son criminales, no cumplen con los estándares de sostenibilidad que el estudiante aprendió en la teoría.
• La obsolescencia tecnológica y la crisis energética: la formación en ingeniería ambiental y gestión de recursos asume la existencia de una infraestructura funcional. Sin embargo, la realidad de la red eléctrica y la falta de repuestos para maquinaria pesada obligan a las empresas y granjas estatales a operar en un modo de supervivencia técnica. El ahora profesional, formado para optimizar sistemas, se encuentra con que estos están en proceso de desmantelamiento por falta de mantenimiento.

Para entender la magnitud de este fenómeno, es necesario observar los indicadores del deterioro ambiental en la isla, que contrastan con los objetivos de las políticas estatales de desarrollo sostenible.

Uno de los puntos más graves es la presión constante sobre los suelos a pesar de los programas de reforestación. La erosión es un problema creciente, exacerbado por el uso de técnicas de cultivo que no siempre respetan los ciclos de recuperación de la tierra.

A inicios del siglo XXI, más de la mitad de los cerca de 8 millones de hectáreas de tierras cultivables ya estaban erosionadas, con Guantánamo y Camagüey como las provincias más afectadas. Dentro de las causas, la erosión artificial ha degrado 4 200 000 ha; la salinización, 1 000 000 ha; la acidez, 1 500 000 ha; y la compactación, 2 500 000 ha.

Asimismo, el cultivo sostenido de productos exportables también contribuyó al bajo rendimiento de las tierras cubanas. La siembra continua de tabaco, cítricos, caña de azúcar y café, por ejemplo, en los mismos terrenos, resultó en un 46% de baja agroproductividad de los suelos.

Incluso las tierras de pastoreo han sufrido una disminución en sus nutrientes y un aumento de la acidez; lo cual ha derivado en la desertificación de algunas zonas. Pero dentro de los factores que han producido este resultado no solo se encuentra el atraso tecnológico, sino que también han influido factores económicos y políticos como como el uso inadecuado de las tierras, mala gestión de las fuentes de agua, pastoreo excesivo e implementación de estrategias agrarias no sostenibles en esos entornos.

De igual manera, la gestión de residuos sólidos y líquidos sigue siendo uno de los puntos más críticos. La falta de plantas de tratamiento operativas y la gestión deficiente de los desechos agroindustriales contribuyen a la contaminación de los acuíferos. Mientras la universidad enseña los principios de la economía circular y el tratamiento de aguas, la práctica cotidiana en muchas zonas rurales y urbanas es la disposición de desechos en vertederos a cielo abierto o el vertido directo de efluentes en cuerpos de agua.

Zona de vertidos de una de las fábricas del ron Havana Club. Fuente: Periodismo de Barrio (2017).

No obstante, Cuba trata de ocultar al mundo estas contradicciones entre el currículo medioambiental de los estudiantes y la realidad que encuentran los egresados con diversos mecanismos. Una de las maneras más socorridas es a través de los acuerdos y proyectos de cooperación internacional y la integración a redes de acción.

La cooperación internacional es la principal fuente de financiamiento para proyectos de adaptación al cambio climático, mitigación de riesgos y preservación de la biodiversidad. Agencias de la ONU, ONG internacionales, gobiernos y universidades extranjeros han inyectado recursos esenciales en la formación de técnicos y en la implementación de proyectos piloto, funcionando como un motor de supervivencia. Sin embargo, a la larga, también resultan ser un vector de desequilibrio.

En primer lugar, los proyectos financiados por la cooperación internacional suelen ser de corta duración. Esto impide que los cambios en la gestión ambiental sean sistémicos o permanentes, ya que la capacidad de ejecución depende de la disponibilidad externa de fondos. Por tanto, terminan siendo “islas de eficiencia”, sobre todo porque su impacto se disuelve en el momento de cierre, ya que en la mayoría de las ocasiones no suelen integrarse con el plan de ordenamiento territorial municipal o con el currículo de la universidad local.

La dependencia económica de los proyectos internacionales también alcanza la infraestructura. Parte de la ayuda llega en forma de equipos o softwares especializados que requieren mantenimiento, repuestos o licencias que Cuba no puede costear por sí misma. Esto crea una “modernización de fachada”, pues los sistemas de monitoreo de alta tecnología quedan obsoletos o inoperantes al finalizar el ciclo del proyecto financiado.

Mayor importancia aún reviste la desconexión real entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) diseñados en foros globales y las prioridades de supervivencia local. Mientras la cooperación internacional prioriza la mitigación (reducción de gases de efecto invernadero), las comunidades requieren adaptación (acceso a agua limpia, gestión de residuos urbanos y seguridad alimentaria). Semejante disparidad, por tanto, genera una distribución de recursos que no siempre responde a la vulnerabilidad real del territorio.

Reunión de la PreCOP30 en La Habana, con la presencia de la ministra de Educación, entre otras figuras. Fuente: OEI (2025).

La cuestión medioambiental en Cuba requiere una reconfiguración de la gestión del poder sobre la naturaleza. La ecología política plantea claramente que la sostenibilidad es, en esencia, una cuestión de justicia distributiva y de autonomía territorial.

En este contexto, las universidades cubanas deberán alcanzar la suficiente autonomía si quieren que su papel deje ser meramente técnico y ejercer un liderazgo socioambiental. Para ello, es imprescindible integrar la dimensión política y social en la investigación científica; fomentar una ciencia aplicada que priorice la resiliencia y la soberanía sobre la explotación; y fortalecer los vínculos con cada territorio correspondiente, validando los saberes locales.

Dentro de los cambios, también entra el modo de concebir los proyectos de cooperación internacional, así como la integración a las diversas redes. Debido a su supuesta independencia, que en teoría debería trascender la estructura formal del Estado, podrían adquirir una relevancia vital si realmente el conocimiento académico se vinculara con la acción territorial y la defensa directa de los bienes comunes.

En última instancia, el futuro de Cuba también dependerá de la capacidad de su academia para transformar la crisis ambiental en una oportunidad de rediseño social, donde la ciencia sea la herramienta principal para una convivencia armónica y justa con su entorno natural. La transición deberá encaminarse hacia una gestión de la regeneración, no hacia un aumento de la depredación de los cada vez más escasos recursos.

Referencias consultadas

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• http://cubalog.eu/wp-content/uploads/2016/02/INFORME-Situacion-Ambiental-Cuba.pdf.
• https://diariodecuba.com/cuba/1623067286_31711.html.
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• https://oncubanews.com/informe/las-culpas-ariel-ruiz-urquiola/#google_vignette.
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• https://referenciaict.uo.edu.cu/sites/default/files/EAmb-MES-17-21.pdf.
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• https://www.arbolinvertido.com/naturaleza/indice-de-desafios-ambientales-de-cuba.
• https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44664279.
• http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/07/14/red-verde-un-proyecto-colaborativo-para-la-proteccion-del-medio-ambiente/.
• https://www.invasor.cu/es/secciones/historia/pedraplen-turiguano-cayo-coco-compromiso-y-desafio.
• https://www.martinoticias.com/a/cient%C3%ADfico-cubano-regresa-a-vi%C3%B1ales-con-nuevo-proyecto-ambientalista/190888.html.
• https://www.radioreloj.cu/noticias-radio-reloj/ciencia/impulsa-universidad-de-moa-proyectos-sobre-medioambiente/.
• https://www.uil.unesco.org/es/articles/en-practica-construir-comunidades-sostenibles-mediante-el-liderazgo-universitario-la-declaracion-de.