NOTA DE PRENSA N° 279
📷 Portada: Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. Fuente: página oficial de Facebook del Ministerio de Educación de Cuba (2026).
Cuba, la XIII Reunión Ministerial y los estándares iberoamericanos en la educación.
A finales del pasado mes de abril, se realizó en España la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, organizada por el Ministerio de Juventud e Infancia junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), a la que asistieron veintidós naciones. Entre ellas, Cuba contó con la participación de la ministra de Educación Naima Trujillo Barreto.
A lo largo del evento se discutieron temas como la pobreza infantil. El objetivo, para 2030, es que ningún niño ni adolescente en Iberoamérica viva en situación de pobreza. Para ello, se consideraron necesarios el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas.
Otro de los tópicos debatidos fue la violencia contra la infancia y la adolescencia en los ámbitos familiar, comunitario, educativo y digital. Con vistas a erradicarla, la conversación giró en torno al desarrollo de mecanismos de cooperación regional para prevenirla, detectarla y combatirla, tanto en entornos físicos como digitales. Como estrategia, los países participantes decidieron crear un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud. No solo concluyeron que se deben regular los patrones de uso intensivo, sino que también se debe garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información veraz.
Participantes de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. Fuente: EFE/Mariam A. Montesinos (2026).
Asimismo, otros asuntos abordados en la Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia fueron el compromiso de asegurar un entorno más seguro, inclusivo y propicio para niños y adolescentes, en condiciones de dignidad, igualdad y bienestar. Crucial resulta el papel del Estado para desarrollar e implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de niños y adolescentes, así como su protección integral y el disfrute de sus derechos, junto con la participación de las familias y de la sociedad civil. Según se discutió, es indispensable una inversión social pública equitativa, eficaz y eficiente, que cubra los servicios sociales básicos relacionados con la nutrición, la salud, la educación y la vivienda digna.
Además, se analizó el fortalecimiento de la participación juvenil como derecho fundamental en las políticas públicas. Así, se reconoció el desarrollo de las generaciones futuras como un elemento imprescindible para la sostenibilidad democrática y social de los países participantes; y se llegó al compromiso de promover iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes.
Por último, la declaración firmada por todos los asistentes reconoce la emancipación como uno de los principales desafíos estructurales de la sociedad. Por tanto, resulta imperativo fortalecer políticas públicas que faciliten el acceso de los jóvenes a una vivienda digna, adecuada y asequible, así como a un empleo estable y de calidad.
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de España, en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. Fuente: ABC (2026).
Tanto en este evento como en el resto de los foros en los que Cuba participa, el Estado cubano ratifica, por lo general, compromisos internacionales sobre la protección integral de los menores. En las reuniones iberoamericanas, la Isla se posiciona como un modelo de políticas sociales y las delegaciones cubanas promueven la primacía del interés superior del niño, la erradicación de la desigualdad en el acceso a servicios y la creación de marcos legales. Son espacios que el Estado cubano utiliza para validar su sistema de bienestar social a través de una narrativa centrada en el acceso formal —el derecho legal a la educación o salud— más que en la calidad material.
Naima Trujillo Barreto, ministra cubana de Educación, en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. Detrás, Miguel Vélez, consejero de Asuntos Políticos de Cuba en España. Fuente: página oficial de Facebook del Ministerio de Educación de Cuba (2026).
Contradictoriamente, mientras el discurso oficial enfatiza la universalidad de los derechos y la gratuidad de los servicios, existe una brecha creciente entre la retórica de los tratados y la experiencia cotidiana de la infancia y la adolescencia cubanas, que indudablemente muestra la precariedad de los servicios básicos (nutrición, salud, educación y vivienda).
Primeramente, el compromiso iberoamericano exige garantizar la seguridad alimentaria. Mientras los foros internacionales promueven la erradicación de la desnutrición, Cuba enfrenta una crisis de inseguridad alimentaria aguda que resulta en una alimentación infantil escasa en proteínas, vitaminas y minerales esenciales que afecta el desarrollo neurocognitivo y físico. Para las numerosas familias que dependen de la llegada de los productos básicos a las bodegas, la irregularidad en su venta les impide una planificación nutricional adecuada para los menores.
De hecho, la nutrición infantil que debería garantizar el Estado cubano depende casi en su totalidad de las ayudas y donaciones de terceros países y organismos internacionales. Desde el ámbito familiar, hay una dependencia cada vez mayor de las ayudas económicas enviadas por la diáspora cubana o de un mercado con precios prohibitivos para los estratos sociales más vulnerables, exacerbando la desigualdad en el crecimiento infantil. Es observable, por tanto, un aumento de la vulnerabilidad que contradice los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que Cuba suscribe en foros internacionales.
Es importante recalcar que el acceso a los alimentos ha dejado de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un privilegio condicionado por la capacidad adquisitiva. El aumento de precios de los productos de la canasta básica ha superado con creces el incremento de los salarios estatales. Sobre todo para las familias con niños, la inflación acumulada ha pulverizado su poder de compra, las cuales, en su mayoría, no logran acceder a carnes, huevos y lácteos, obligando a sustituir nutrientes críticos por carbohidratos como arroz, pastas y pan. Clínicamente, la sustitución de alimentos frescos por ultraprocesados de baja calidad altera la dieta infantil, lo que eleva el riesgo de malnutrición debido al exceso de calorías vacías y deficiencia de nutrientes esenciales.
Niños cubanos en edad escolar en situación de calle. Fuente: ADN Cuba (2025).
Varias encuestas han arrojado que una parte significativa de la población cubana sufre de inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto implica la reducción de porciones o la omisión de comidas para garantizar la supervivencia de otros miembros del hogar, que por lo general son los niños y ancianos. O sea, la retórica de “soberanía alimentaria” reafirmada en foros internacionales colisiona con una realidad de vulnerabilidad nutricional sistémica, donde el acceso a una dieta balanceada es una lucha diaria para la infancia cubana.
Por otra parte, aunque muchos países siguen destacando a Cuba por su sistema de medicina preventiva, la realidad revela un grave desabastecimiento de insumos que incluyen medicamentos básicos (antibióticos, analgésicos, suplementos), precarizando en demasía el derecho a la salud. A esto se suma el deterioro de las infraestructuras, no solo desde un punto de vista constructivo, sino la carencia de servicios básicos (agua, electricidad) en muchísimos hospitales pediátricos. Para rematar, el éxodo de pediatras y especialistas hacia otros sectores laborales o países ha debilitado la atención primaria de niños y adolescentes, y de los otros sectores etarios en el país.
Estado constructivo del Pedro Borrás Astorga, primer hospital pediátrico de La Habana, antes de ser demolido. Fuente: OnCuba (2015).
El propio hecho de la falta de agua y electricidad en los hospitales conlleva situaciones que ponen en riesgo la vida de los niños y adolescentes. Por ejemplo, los apagones pueden comprometer el funcionamiento de ventiladores mecánicos y monitores de signos vitales, cuyo respaldo se basa en generadores de combustible, muchas veces sin reservas en el país.
A esto se suma la ruptura de la cadena de frío en los medicamentos. Los cortes eléctricos recurrentes comprometen la integridad de las vacunas y biológicos esenciales, anulando la eficacia de la inmunización. Asimismo, la falta de refrigeración constante afecta la estabilidad de insulina, antibióticos y sueros necesarios para el tratamiento de enfermedades infecciosas y metabólicas.
Adicionalmente, se interrumpen los ciclos de esterilización en autoclaves, elevando el riesgo de infecciones nosocomiales en pacientes pediátricos ya inmunocomprometidos. De igual modo, la inestabilidad en el funcionamiento de los equipos de análisis clínico impide diagnósticos rápidos, retrasando tratamientos críticos para sepsis o desequilibrios electrolíticos.
Por último, no solo la fatiga del personal médico ante estas dificultades puede llevar a errores en el diagnóstico y tratamiento de los niños y adolescentes, sino que los problemas derivados de la crisis en el país pueden generar también un estado de estrés en los padres que afecte la adherencia a los protocolos de cuidados poshospitalarios.
En el plano diplomático, Cuba presume tasas de alfabetización cercanas al 100%. Pero, si bien el acceso es universal y gratuito, la crisis incide en la calidad educativa, lo que se evidencia en algo tan básico como la escasez de libros de texto, tecnología y materiales didácticos. Además, en los últimos años, la disponibilidad limitada a internet, computadoras o teléfonos inteligentes, por demás no accesible para todos los niños, adolescentes o sus familias, profundiza la desigualdad educativa respecto a los estándares iberoamericanos.
Naima Trujillo Barreto, ministra cubana de Educación, en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia. Fuente: página oficial de Facebook del Ministerio de Educación de Cuba (2026).
En Cuba, la politización de la educación desfasa, obligatoriamente, el contenido académico de la realidad socioeconómica inmediata del alumno, convirtiendo la escolarización en un acto teórico vacío. Si bien el índice de alfabetización, e incluso de titulación, es alto, el grado de innovación y resolución de problemas complejos de los graduados muchas veces es bajo.
Estos factores, junto con un entorno socioeconómico desfavorable, empujan a los adolescentes hacia la informalidad laboral o la migración temprana.
La vivienda en Cuba, por su parte, tampoco se salva de una crisis, que llega a ser severa. La propia estructura económica de Cuba impide la independencia habitacional de la juventud debido a una combinación de salarios de subsistencia, un mercado inmobiliario hiperinflado y un sistema de propiedad estatal que bloquea la movilidad social.
El principal obstáculo es la desconexión entre el salario estatal y el costo de vida. Los salarios promedio no cubren la canasta básica, mucho menos el ahorro para una vivienda, por lo que esta se convierte en un bien de lujo inaccesible para quien depende del sector estatal.
Es extremadamente común ver familias extendidas en espacios reducidos, lo que afecta la privacidad y la salud mental de los menores. El hacinamiento interfiere, además, con su concentración y rendimiento escolar, perpetuando el ciclo de pobreza. Como escape a la falta de espacio físico en el hogar, la calle se vuelve un mejor lugar, con lo cual se incrementa la exposición a entornos delictivos y consumo de sustancias.
La mayoría de las construcciones, además, presentan complicaciones: humedad, falta de saneamiento e incluso peligro de derrumbes, entre otras. Sin embargo, el sistema bancario cubano no ofrece créditos a largo plazo con tasas que un trabajador promedio pueda pagar. Tampoco el Estado construye viviendas que actualicen ni incrementen el fondo habitacional existente.
O sea, la vivienda en Cuba ha dejado de ser un derecho social para convertirse en un privilegio de clase. Para el adolescente y el joven cubano, la independencia es una ilusión matemática: sus ingresos son nominales, mientras que el costo de la propiedad es global. Esto condena a las nuevas generaciones a una dependencia intergeneracional forzosa, donde la emancipación física es económicamente inviable.
Niños cubanos junto a su madre embarazada, delante de su vivienda. Fuente: CiberCuba (2023).
Como consecuencia de todo lo anterior, se puede notar con facilidad la brecha crítica entre la ratificación de tratados internacionales y la aplicación efectiva de la protección de la infancia en Cuba.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 27, referente al nivel de vida, exige que el Estado garantice un estándar adecuado para el desarrollo físico, mental y social. Con respecto a la educación, en el apartado 28, obliga a asegurar la enseñanza primaria gratuita y accesible, enfocada en el desarrollo de la personalidad. Mientras que, para la recreación, reconoce en el artículo 31 el derecho al descanso, al esparcimiento y al juego.
El marco legal cubano, en los artículos 45 y 55 de la Constitución, establece la responsabilidad del Estado en la protección de la familia y el derecho a la educación y salud.
Empero, la crisis de suministros y la inflación vulneran el derecho a una nutrición adecuada, violando el artículo 27, ya que la malnutrición y el crecimiento deficiente son riesgos reales frente al estándar de desarrollo físico de la CDN. Asimismo, la falta de materiales escolares, laboratorios y acceso igualitario a una tecnología para el aprendizaje impide el desarrollo pleno de la personalidad reflejado en el artículo 28. Mientras la CDN promueve la participación activa del niño en decisiones que le afectan, el sistema cubano prioriza la formación ideológica y la obediencia, limitando la libertad de pensamiento y expresión. Igualmente, el deterioro de infraestructuras recreativas, parques y la falta de recursos para actividades extracurriculares limitan el derecho al esparcimiento efectivo reflejado en el artículo 31 de la CDN.
En cuanto a la protección digital de niños y adolescentes abordada en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, Cuba enfrenta una paradoja: mientras el Estado legisla sobre la ciberseguridad, la prensa oficial incurre en prácticas que vulneran el derecho a la privacidad y la protección de datos de menores, exponiéndolos sin consentimiento parental efectivo.
Jurídicamente hablando, Cuba carece de una Ley de Protección de Datos Personales específica para entornos digitales. Si bien el Código de las Familias (2022) establece la protección integral, su aplicación en la red es ambigua. Sobre todo, no existen mecanismos claros para que los tutores exijan la eliminación de contenido en plataformas estatales.
Sin embargo, el mayor riesgo de identidad digital en Cuba proviene de la propia narrativa estatal. Medios de comunicación oficiales (Granma, Juventud Rebelde, televisión estatal) utilizan la imagen de menores para fines políticos, ya sea con objetivos propagandísticos o de escarmiento público. Todo el tiempo, dentro del periodismo oficial cubano, se observan patrones de vulneración.
Los casos más leves suelen darse en los reportajes sobre temas escolares y culturales infantiles. En esas ocasiones, a menudo, el consentimiento es una formalidad administrativa de las escuelas o de la institución estatal, no una decisión libre y consciente de los padres, y mucho menos de los niños y adolescentes. Lo peor es cuando son tomados para ejemplificar la participación en actividades de organizaciones de masa como la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), o en celebraciones de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) o la Federación de Mujeres en Cuba (FMC), sin que exista un protocolo de “derecho al olvido”. Una vez que la foto llega a internet, el rastro digital pierde todo tipo de control.
Niños y adolescentes de diferentes niveles educativos siguen al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Fuente: Presidencia y Gobierno de Cuba (2024).
De forma similar, los medios televisivos suelen utilizar la imagen de niños y adolescentes cuando pretenden resaltar las “conquistas del socialismo”. Esto sucede sobre todo en reportajes sobre problemas sociales o familiares, en los que la narrativa y el contexto permiten la identificación inmediata, pudiendo resultar en un estigma social. Sin contar que, muchas veces, apelan al factor emocional al entrevistar a los mismos menores de edad.
Exactamente igual ocurre con la difusión de imágenes de menores en situaciones de vulnerabilidad médica para solicitar ayuda o mostrar logros de la medicina nacional. Esto no solo transgrede la privacidad del niño o adolescente, sino incluso su dignidad.
Por tanto, por más que en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia se haya pactado crear un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, y hecho hincapié en la capacitación digital a los padres, en Cuba esto no tiene ninguna incidencia real. Para que tenga un impacto, primero deberían crearse leyes que regulen el tratamiento de datos de menores por parte de organismos públicos; además de prohibir estrictamente la difusión de rostros de menores, incluso con permiso institucional, priorizando el interés superior del niño o adolescente.
De igual modo, caen en saco vacío los acuerdos sobre la importancia de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información veraz para niños y adolescentes y la concordancia en que el fortalecimiento de la participación juvenil como derecho fundamental es vital en las políticas públicas y un elemento indispensable para la sostenibilidad democrática.
Primeramente, el Estado cubano ejerce un control vertical sobre el flujo de información que alcanza el ámbito educacional. El diseño del sistema educativo en Cuba no fomenta el pensamiento crítico, sino la adhesión al modelo oficial, siendo sustituido el debate de ideas por la repetición de consignas. Tampoco existen foros, clubes o centros de debate donde la disidencia sea legal. La expresión que no se alinea con el Partido, aunque provenga de menores, es calificada de contrarrevolucionaria, pudiendo llegar a ser penalizada de varias maneras, contemplando las Escuelas de Formación Integral (EFI) o “escuelas de conducta”, como se les conoce popularmente; instituciones internas administradas por el Ministerio del Interior que han sido utilizadas para recluir a estudiantes que disienten del modelo político o son hijos de opositores.
En segundo lugar, todo el aparato estatal está concebido para ejercer la represión y la censura a través del miedo como herramienta política efectiva para inhibir la participación. El uso de delitos ambiguos como el desacato o la desobediencia permite criminalizar la opinión política. Un joven sabe que una publicación en redes sociales puede derivar en prisión, pues los órganos de la Seguridad utilizan el control de la conectividad y la vigilancia digital para perseguir no solo a quienes consideran activistas digitales. En este sentido, el papel de un órgano de masa como los CDR tiene un valor incalculable para el Gobierno al actuar como una red de vigilancia local que monitorea a los jóvenes y adolescentes en su entorno vecinal. Así, ante el riesgo de perder la carrera universitaria, otros estudios o el acceso al empleo, los menores optan por el silencio la mayoría de las veces, sacrificando su libertad de expresión por su seguridad personal.
La participación política en Cuba está diseñada para ser un ritual de confirmación, no un ejercicio de elección. Desde la OPJM, la FEEM, la FEU hasta la UJC, son todas estructuras de control social que funcionan como filtros de lealtad. Por tanto, participar en política a través de ellas significa participar solo en la política del Estado. Al no estar permitidos partidos o movimientos independientes, los jóvenes y adolescentes apenas pueden elegir entre la obediencia o la marginalidad política.
El resultado de este accionar es una juventud fragmentada. Al no poder influir en su realidad, muchos jóvenes caen en el nihilismo o la indiferencia. Consideran que la única vía para la verdadera libertad de expresión que les queda es la emigración, lo cual genera una fuga de cerebros que debilita el tejido social del país.
Rowland Castillo Castro, encarcelado con 17 años de edad, por participar en las protestas cívicas de julio de 2021 en Cuba, cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Deporte Manuel Fajardo. Fuente: Martí Noticias (2023).
En resumen, la participación democrática de la juventud en Cuba es imposible bajo el actual diseño institucional porque el sistema interpreta la libertad de expresión como una amenaza a su supervivencia. Mientras la política sea sinónimo de adhesión y el disenso de delito, los jóvenes cubanos permanecerán en un estado de ciudadanía tutelada, incapaz de construir un futuro soberano sobre la base de sus propias ideas.
Sin dudas, la participación de Cuba en las Reuniones Ministeriales Iberoamericanas cumple una función de legitimación política, pero la realidad es que no se corresponde en absoluto con la cotidianidad de sus ciudadanos más jóvenes. Para que el compromiso diplomático sea éticamente válido, el Estado debe transitar de una garantía legal a una garantía factual. La protección de la infancia no se mide por los tratados firmados en mesas internacionales, sino por la calidad de los servicios básicos que reciben los niños en sus hogares, así como por la garantía de libertad de expresión y participación democrática en el desarrollo de su nación.
Fuentes consultadas
- https://segib.org/es/iberoamerica-creara-un-observatorio-para-cooperar-frente-a-los-riesgos-y-oportunidades-del-entorno-digital-durante-la-infancia-y-l%E2%80%A6.
- https://segib.org/es/los-paises-iberoamericanos-se-comprometen-a-fortalecer-politicas-publicas-que-faciliten-el-acceso-a-la-vivienda-de-las-personas-jovenes/.
- https://www.abc.es/espana/castilla-leon/paises-iberoamericanos-crearan-observatorio-sobre-bienestar-infancia-20260429163220-nt.html.
- https://www.fpdgi.org/es/actualidad/noticias/la-fundacion-princesa-de-girona-participa-en-la-xiii-reunion-ministerial-iberoamericana-de-infancia-y-adole%E2%80%A6.
- https://www.instagram.com/reels/DUR-PGFD44s/.
- https://www.juventudeinfancia.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/xiii-reunion-ministerial-iberoamericana-infancia-adolescencia-abordara.
- https://www.plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/convencion-derechos-del-nino/?gad_source=1&gad_campaignid=1555276770&gbraid=0AAAAADhizOCrJsBjkEhQRn3azSz_rnskJ&gclid=CjwKCAjw5NvPBhAoEiwA_2egfpu2rxnspkKJxvHID6cQs_MFapEb4RhtcUxsEApDMGop0bWK5O6dbhoCCYIQAvD_BwE.
- https://www.prensa-latina.cu/2026/04/30/iberoamerica-pondera-acciones-por-infancia-adolescencia/.
- https://www.segib.org/wp-content/uploads/2025/09/Carta_iberoamericana_derechos_digitales_ESP_web.pdf.
