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NOTA DE PRENSA N° 277

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📷 Portada: Campaña “Mi firma por la Patria” (2026). Fuente: Universidad de Matanzas, Facebook.

Patrón coercitivo en los espacios académicos de Cuba: la recogida de firmas.

En los sistemas de partido único o de control estatal centralizado, tanto la práctica de la democracia como la libertad de pensamiento se encuentran en una tensión constante. A diferencia de los sistemas pluralistas, donde la coacción es una anomalía, la participación en actos de movilización y recolección de firmas constituye una extensión del deber cívico impuesto por el Estado. Este fenómeno representa una extralimitación de las facultades de los actores políticos y constituye una violación directa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. No se trata de una participación voluntaria, sino de una imposición política institucional.

En el caso específico de Cuba, la estructura institucional considera la educación superior no solo como un foco de formación técnica y científica, sino como un pilar de la formación ideológica del ciudadano en consonancia con el proyecto estatal. Por ello, se ha vuelto una práctica institucionalizada el que las organizaciones políticas condicionen la permanencia, evaluación y estabilidad laboral de alumnos y del personal docente a cambio de su participación en actividades de propaganda, vulnerándose la democracia participativa y la libertad de expresión, entre otros aspectos, en una flagrante distorsión del espacio académico.

El ejemplo más reciente de este patrón coercitivo es el llamado a la recogida de rúbricas en apoyo al Gobierno que anunciara Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), durante la clausura del V Coloquio Internacional Patria, y que inauguró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Bajo el título “Mi firma por la Patria”, la campaña se lleva a cabo en centros laborales, docentes, instituciones estatales y barrios, bajo la supervisión del PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), entre otras organizaciones de masas.

El hecho de que el propio Díaz-Canel haya sido el primero en dar su firma no es casual, ya que no cuenta con la aceptación popular y en no pocos círculos se comenta que su remoción es una de las peticiones de Estados Unidos en sus conversaciones con la Isla. Tan así que, en una entrevista con NBC News, la periodista Kristen Welker le preguntó si estaría dispuesto a sacrificar su cargo por el bien del país. La respuesta del mandatario cubano fue negativa, afirmando que seguiría mientras el pueblo de Cuba así lo quisiera. A raíz de eso, en las redes sociales circularon varias encuestas informales que reflejaron el deseo de miles de cubanos de un cambio gubernamental.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez inaugura la campaña gubernamental “Mi firma por la Patria”. Imagen: Martí Noticias (2026).

En este contexto, el Ministerio de Educación Superior (MES) y las universidades a todo lo largo del país hicieron eco de la campaña. Contradictoriamente, en su llamamiento, el MES afirma que esta es una iniciativa de la sociedad civil cubana, aun cuando fue gestada en el seno del PCC e inaugurada en un acto político.

Captura de pantalla del post del MES promoviendo la campaña política “Mi firma por la Patria”. Imagen: página oficial de Facebook del Mes (2026).

La Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, por ejemplo, convocó el domingo 19 de abril a “participar en un acto de repudio al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y en favor de la paz”. E indicó a sus estudiantes y profesores que, al concluir la actividad cada participante debería “plasmar su firma en una planilla”. Igualmente, afirmó que esa casa de altos estudios nunca fallaba ante semejantes convocatorias.

Invitación de la Universidad de Pinar del Río a la campaña. Imagen: página oficial de Facebook de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca (2026).

Luego de realizado el evento, posteó en sus redes sociales que había protagonizado:

“[…] un acto de firme condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, en una jornada que reafirmó el compromiso de la UPR con la defensa de la paz y la soberanía nacional.

Estudiantes, profesores, trabajadores y directivos se congregaron en el Parque de los Mártires para alzar su voz contra lo que calificaron como un ‘engendro de la política hostil’ que afecta el desarrollo del país y limita el acceso a recursos esenciales para la educación, la ciencia y la salud.

Tras las intervenciones centrales, los presentes estamparon sus firmas para sumarse a la campaña nacional e internacional que exige el fin de una política que, tras más de seis décadas, sigue considerándose el principal obstáculo para el bienestar de las familias cubanas”.

Este hecho se repitió en el resto de los centros de estudios superiores en el país.

En La Habana, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona colgó en su página oficial de Facebook un post donde asevera que “el Varona firma […] En el 65 Aniversario de la victoria de Girón, ¡firmamos! En el año del centenario de Fidel, ¡firmamos! […]”.

Docentes del Pedagógico Varona ceden su firma. Imagen: página oficial de Facebook de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (2026).  

El Centro Municipal Universitario de Bauta, por su parte, manifestó que sus trabajadores dejaron constancia de su fidelidad a la patria. En tanto las rúbricas no solo acompañan un proceso, sino que demuestran que las universidades son “trincheras de ideas, defensa y dignidad nacional”, porque “defender la Patria también es enseñar, servir y firmar cuando toca”.

Trabajadores del Centro Municipal Universitario de Bauta participan en la campaña “Mi firma por la Patria”. Imagen: página oficial de Facebook del MES (2026).

De igual manera, la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez reprodujo en su convocatoria las frases utilizadas por el MES: “movimiento popular” y “unidad”, a las cuales añadió “defensa” y “nación”. Mientras, en la región oriental, la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya fue otra de las que también se sumó a la campaña, asegurando que sus alumnos y cuerpo docente participaron en apoyo al Gobierno Revolucionario.

Profesoras de la Universidad de Holguín participan en la campaña política “Mi firma por la Patria”. Imagen: página oficial de Facebook del MES (2026).

Esta campaña coincide no solo con visible impopularidad de Díaz-Canel Bermúdez, sino también con un momento de gran descontento social con el sistema y con sus políticas gubernamentales debido a la crisis sistémica que atraviesa el país. La falta de combustible ha afectado sectores clave como el transporte, la generación eléctrica, el abasto de agua, entre otros. Un panorama agudizado en el último trimestre, cuando se tomaron medidas extremas que condujeron al país a una paralización casi total.

Entre esas disposiciones, estuvo el cierre de las clases presenciales en las universidades. Situación por la cual protestaron los estudiantes de la Universidad de La Habana, ya que los apagones diarios de más de 20 horas continuas, sumados a los cortes de internet, la falta de bibliografía física y de plataformas virtuales eficientes para intercambiar con los profesores, les imposibilitan cumplir a cabalidad con los requerimientos del programa docente.

José Antonio Baujín Pérez, vicerrector de la Universidad de La Habana, conversa con los estudiantes que realizaron una sentada como protesta pacífica contra las medidas docentes a causa de la crisis en el país. Imagen: Diario de Cuba (2026).

Pero, para entender por qué las universidades participan obligatoriamente en las recogidas de firmas, es importante recordar que su autonomía fue abolida en 1962, con la Ley de Reforma de la Enseñanza Superior, a pesar de ser un principio reconocido a nivel internacional que permite a las instituciones de educación superior fungir como espacios de pensamiento crítico, libres de ingerencias ideológicas externas o internas. En la teoría académica internacional, la autonomía universitaria se define como la capacidad de las entidades de autogobernarse, gestionar sus recursos y definir sus currículos sin interferencias externas. No obstante, en Cuba, la Constitución establece que la enseñanza debe estar orientada a la formación del “hombre nuevo” y a la defensa de los intereses de la sociedad socialista.

Esta vinculación constitucional genera una paradoja. Mientras que la academia mundial busca la separación entre la política partidista y el aula, el modelo cubano persigue la integración. En este escenario, la “autonomía” no se entiende como independencia del Estado, sino como una facultad administrativa subordinada a los fines gubernamentales. Por tanto, la recogida de firmas no se percibe en el sistema como una campaña política, sino como una labor de “movilización social” que se considera parte de la responsabilidad de la comunidad universitaria.

No obstante, según la UNESCO y diversos tratados internacionales, la autonomía es indispensable para garantizar que la enseñanza y la investigación se realicen sin presiones políticas. Sin embargo, en Cuba, la introducción de actividades de campaña política mediante la obligatoriedad de firmas rompe este principio y las convierte en una continuidad del sistema político y gubernamental del país.

Uno de los escenarios más críticos ocurre cuando el profesorado, en el papel de intermediario de fuerzas políticas, utiliza su figura de autoridad para exigir firmas a los estudiantes. El alumno, en una posición de vulnerabilidad debido no solo a la dinámica lógica del sistema de calificaciones, sino también al aval político positivo que necesita para mantenerse en la carrera y graduarse, se ve forzado a participar para evitar su expulsión del centro u otro tipo de represalias. De tal modo, se crea un entorno de obediencia política, antítesis total del pensamiento crítico como eje conceptual que vertebra a la academia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la presión proviene de las altas esferas administrativas. Así, para aquellos profesores, sobre todo con cargos institucionales, ligados al PCC, la recogida de firmas opera también como una herramienta de control interno sobre ellos. El personal docente, temeroso de perder su plaza o bajar de categoría, se convierte en un agente de apoyo político, transformando la labor educativa en activismo forzado.

O sea, para comprender la obligatoriedad de la firma, es necesario entender el concepto jurídico de consentimiento viciado. En un entorno de libertad plena, este es un acto de voluntad libre; empero, en contextos donde el Estado controla el empleo, la vivienda, la educación, y todos los ámbitos de la sociedad, se convierte en una herramienta de supervivencia.

En Cuba, la relación entre el individuo y el Estado es de dependencia estructural. Por tanto, cuando se solicita a un profesor o a un estudiante la firma para un proceso de legitimación política, la “voluntad” expresada está condicionada por el temor a la exclusión del sistema. No hace falta una amenaza física directa; la estructura misma del sistema actúa como el agente coercitivo que obliga a la rúbrica. En resumen, esta dinámica convierte la firma en un impuesto de lealtad necesario para transitar el sistema educativo sin represalias.

Aunque tanto los alumnos como los profesores están conscientes de que la obligatoriedad de sus firmas responde a cuestiones de presión política y censura, la politización forzada erosiona la confianza en las instituciones educativas. Toda vez que el aula deja de ser un espacio de debate de ideas para convertirse en uno de recolección de apoyos, el rigor académico disminuye. Se genera un clima de miedo, donde la neutralidad es vista como traición y castigado el pensamiento independiente.

Entre los propósitos de la educación universitaria, están la búsqueda de la verdad y el desarrollo del juicio crítico. Pero, cuando se obliga a un académico o a un estudiante a participar en un acto de legitimación política mediante su firma, se produce una disonancia cognitiva. El individuo se ve forzado a actuar en contra de sus convicciones o de su neutralidad para proteger su bienestar material. Éticamente hablando, esta práctica genera una cultura de la apariencia o doble moral, donde el sujeto aprende a separar sus convicciones privadas de su comportamiento público; y, desde un punto de vista jurídico y normativo, la exigencia de firmas para fines políticos en un entorno de subordinación puede tipificarse como un abuso de autoridad y una violación de los derechos civiles.

Las universidades tienen la responsabilidad legal de proteger a sus miembros. Por consiguiente, la falta de mecanismos de protección efectiva frente a estas prácticas convierte a la institución en cómplice de la vulneración de derechos. Pero, ¿qué se puede esperar si el mismo gobierno cubano obliga a los cargos administrativos a no distinguir entre el derecho de participación política ciudadana y el abuso de la exigencia de apoyo político? Los alumnos son definidos como herramienta de validación estadística para el Estado, siendo privados de la oportunidad de comprender el proceso de movilización política como un derecho al imponérsele como un deber coercitivo.

En ese sentido, la sociología política distingue entre la movilización espontánea y la movilización dirigida. En el ámbito académico cubano, la recogida de firmas suele formar parte de las actividades de las organizaciones de masas, que operan como mecanismos de transmisión de directrices desde el centro hacia la base. Este acto, entonces, no se presenta como una opción de campaña, sino como una tarea de “cumplimiento de metas”. Aun cuando los directivos de las universidades entienden esta distinción, el discurso oficial de participación ciudadana que reproducen busca simular un consenso unánime, ocultando la disidencia o la neutralidad bajo una capa de colaboración institucional tácitamente asimilada.

La recogida de firmas se manifiesta como un mecanismo de validación de la continuidad del proyecto estatal y la legitimación de figuras o procesos institucionales, a través de canales específicos que transforman la actividad política en una tarea administrativa y disciplinaria. Teniendo esto en cuenta, se puede establecer un patrón sistemático de:

  • expectativa de participación, pues, aunque no siempre se formalice por escrito como una obligación, la institución universitaria debe reportar un determinado porcentaje mínimo de asistencia;
  • indicador de lealtad, ya que no firmar o mostrarse indiferente es interpretado como un acto de disidencia o falta de compromiso con los fines de la institución y del país mismo; y
  • control, que suele ocurrir en espacios cerrados o bajo supervisión, sin derecho a deliberación o cuestionamiento.

Más allá de que la recogida de firmas en el ámbito académico es una práctica que degrada la dignidad humana y la integridad de las instituciones educativas, el Gobierno suele acudir a ellas en momentos de máxima tensión política. Las cifras, muchas veces incluso manipuladas para acrecentarlas, son utilizadas como una cortina de humo para desviar la atención internacional de los problemas reales del país y emitir una falsa imagen de respaldo popular.

Asimismo, este acto solo es permisible, según el Gobierno, cuando emana como parte de sus iniciativas y no cuando verdaderamente nace de la sociedad civil cubana. Uno de los ejemplos más evidentes de este doble rasero fue la recogida de firmas como contrapropuesta al Proyecto Varela, en 2002, el cual pedía, entre otras demandas, la realización de elecciones libres en el país. Partiendo de la base legal sostenida en la Constitución de 1976, se recogieron más de 11 000 rúbricas verificadas de las 10 000 requeridas para presentar pedidos legislativos. En ese momento, el entonces presidente Fidel Castro desestimó el Proyecto Varela, aludiendo que las firmas no habían sido reconocidas ante un notario, e impulsó el contraataque en centros de trabajo, escuelas y barrios, bajo una fuerte presión institucional.

Casi dos décadas después, en 2021, la plataforma Archipiélago, fundada por el dramaturgo Yunior García Aguilera junto con otros actores de la sociedad civil cubana, hicieron una recogida de firmas en apoyo a la petición de permiso a las autoridades pertinentes para realizar una marcha cívica pacífica, tras la represión ejercida en las manifestaciones de julio de ese mismo año, conocidas como 11J. No solo fue denegado el permiso, sino que los miembros de Archipiélago fueron acosados y perseguidos por la Seguridad del Estado, llegando a interrogar e incluso a encarcelar a quienes se atrevieron a firmar esta iniciativa. En esta ocasión, bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Semejante nivel de simulación del gobierno cubano, que no duda en utilizar la vulnerabilidad de estudiantes y profesores para fines extradocentes, representa un escandaloso retroceso democrático. Por ello, no puede seguir demorando el restablecimiento de la autonomía universitaria y el respeto irrestricto a la libertad de conciencia como pilares para erradicar estas prácticas y asegurar que la universidad en Cuba asuma los estándares ético conceptuales básicos de la comunidad académica global.

Fuentes consultadas

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