NOTA DE PRENSA N° 270

📷 Portada: Fotograma de la telenovela cubana Regreso al corazón (2025).

Suspensión de clases en la universidad cubana, otro golpe al derecho a la educación.

En la primera semana de febrero de 2026, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció en una comparecencia televisiva que Cuba entraba en un estado de contingencia energética, por lo que sería necesario tomar medidas urgentes que afectarían los servicios y a la población. Al día siguiente, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, explicó grosso modo las disposiciones que adoptarían las universidades como sector no esencial para el consumo de energía.

Según detalló en el programa Mesa Redonda, una de las reformas principales es la adaptación de sus procesos formativos a una modalidad semipresencial, cuyas características se dispondrán de acuerdo a cada carrera y universidad, teniendo en cuenta las condiciones de los territorios de manera individual. Este diseño, recordó, ya fue implementado en situaciones como fenómenos naturales, escasez de combustible (Coyuntura) y la pandemia de covid-19.

Asimismo, informó sobre el proceso de traslado de los estudiantes becados en otros municipios o provincias a sus casas. Aunque indicó que esta medida se complica un poco más con los alumnos de las carreras de alcance nacional debido a las distancias, las instrucciones llegarían a través de los perfiles y medios digitales de cada institución. El proceso docente para los retornados pasará a ser atendido desde instituciones locales como entidades de salud pública, centros de educación, producción y servicios, Centros Universitarios Municipales (CUM) y filiales universitarias. En teoría, esta movilización debe fortalecer el claustro en los municipios, con profesores que trasladarían su centro laboral desde las sedes centrales.

El ministro cubano de Educación Superior, Walter Baluja García, en el programa televisivo Mesa Redonda. Fuente: muro de Facebook del MES (2026).

Un aspecto importante que aclaró fue el uso del trabajo a distancia en primer lugar, antes que la plataforma de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Según reconoció, la situación energética imposibilita trabajar con las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC), como se hizo durante el período de la pandemia. No obstante, seguirá siendo un método complementario para quienes tengan condiciones de teletrabajo.

El Ministro destacó la necesidad de mantener articuladas las estructuras docentes y metodológicas, así como las organizaciones juveniles, territoriales para desarrollar el trabajo educativo, político-ideológico y la participación en tareas económicas y sociales, coordinadas con las autoridades locales. En adición, profesores y estudiantes podrán incorporarse a iniciativas como la tarea “Educando por Amor”, en apoyo a la educación general.

En relación con los alumnos próximos a culminar sus carreras, con exámenes finales o defensas de tesis, se adaptarán las condiciones existentes para que puedan terminar estos procesos.

Captura de pantalla de la Nota Informativa del MES. Fuente: muro de Facebook del MES (2026).

Esta situación no solo responde a una estrategia de emergencia para mitigar la crisis energética. Es sustentada por un discurso político oficial de resiliencia nacional y sacrificio colectivo en aras de garantizar la estabilidad y el bienestar general, que esconde, por ejemplo, la violación del derecho a la educación y la continuidad pedagógica.

Reconocido en el marco jurídico internacional, el derecho a la educación es contemplado por varias organizaciones internacionales, aun en situaciones de emergencia. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) le dedica sus artículos 13 y 14, que establecen, entre otros, los siguientes principios:

• La educación debe estar encaminada al pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, así como a fortalecer el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
• La educación superior debe ser accesible en igualdad de condiciones, en función de la capacidad de cada persona.
• El derecho a la educación implica que el individuo pueda acceder a la formación en función de sus talentos y capacidades.
• Los Estados deben adoptar medidas, dentro de sus recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de este derecho, tratando de eliminar obstáculos y desigualdades.

En cuanto a las interrupciones del calendario académico, la UNESCO y la UNICEF insisten en que afecta el derecho a la educación al limitar el acceso regular a los aprendizajes esenciales. La educación superior demanda no solo la adquisición de conocimientos, sino la formación de competencias críticas, investigación y desarrollo profesional, procesos especialmente vulnerables a la discontinuidad. Cuba, comprometida con el acceso universal a la educación superior, enfrenta un riesgo significativo de incumplir esta garantía cuando se interrumpen las clases.

Este tipo de paralización presencial puede traducirse en un atraso considerable en los programas de formación, poniendo en riesgo la finalización exitosa de los estudios y dificultando la acreditación oportuna de los grados y posgrados; de hecho, el ministro aseguró que los proyectos investigativos que se priorizarían serían los muy demandados por sectores estratégicos o necesarios para el desarrollo territorial. Además, varios estudiantes pueden perder el interés o la motivación, lo que aumenta el riesgo de abandono escolar, con posibles efectos permanentes en la vida profesional y personal de los jóvenes.

Las ONG que promueven el derecho a una educación de calidad subrayan la importancia de la estabilidad en los procesos pedagógicos. La suspensión temporal afecta la calidad educativa en varios aspectos que pasan por la limitación de recursos presenciales cruciales para la formación universitaria como laboratorios, bibliotecas o la interacción directa con profesores y actividades prácticas.

Sin embargo, aunque muchas de estas organizaciones internacionales reconocen la modalidad no presencial como una alternativa, insisten en que se lleve a cabo bajo ciertas garantías. A saber:

• CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación): No solo advierte sobre los riesgos que las suspensiones prolongadas y la educación virtual sin condiciones mínimas puedan ocasionar, como la exclusión y la desigualdad; también defiende que las modalidades semipresenciales y virtuales deben estar acompañadas de políticas públicas que garanticen el acceso universal y la calidad educativa.
• Education Cannot Wait (ECW): Enfoca su acción en asegurar educación inclusiva en crisis, recomendando el uso de tecnologías accesibles y flexibles para mantener el aprendizaje ante interrupciones. Pero subraya la importancia de priorizar a grupos en situación de vulnerabilidad y garantizar que las modalidades a distancia sean adaptadas a contextos con limitaciones tecnológicas.
• NORRAG (Network for International Policies and Cooperation in Education and Training): Si bien destaca la importancia de políticas educativas resilientes que incorporen modalidades flexibles y diversificadas de enseñanza para afrontar interrupciones, adaptadas a los contextos locales, subraya la necesidad de cooperación internacional para apoyar a países con limitaciones tecnológicas, como Cuba, en la implementación efectiva de la educación a distancia.
• OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes): Promueve la defensa de la educación como un derecho; el desarrollo de plataformas y recursos inclusivos y accesibles; y que las decisiones sobre la suspensión de clases y cambio a modalidades virtuales consideren la voz y necesidades de los estudiantes, especialmente en países con dificultades de conectividad.
• UNESCO: Considera que la educación semipresencial puede ser una alternativa válida siempre que la continuidad educativa vaya acompañada de la calidad, accesibilidad y acompañamiento pedagógico necesarios, y que las políticas de educación superior consideren la equidad digital y el fortalecimiento de las capacidades docentes para la enseñanza virtual.
• UNICEF: Promueve la continuidad educativa en situaciones de emergencia, recomendando modalidades flexibles como la educación a distancia, virtual y semipresencial, siempre que se asegure un acceso inclusivo y equitativo. Enfatiza el derecho de todos los estudiantes a la educación, instando a los gobiernos a implementar estrategias que mitiguen las barreras tecnológicas y socioeconómicas.

Como se observa, la mayoría de ellas coinciden en que es imprescindible una equidad y accesibilidad digital tanto para los alumnos como para los profesores. Sin embargo, el propio Ministro reconoció que, de manera general, todo el país enfrenta retos tecnológicos considerables para implementar alternativas virtuales de calidad. Por tanto, la insuficiente infraestructura de conectividad y acceso a dispositivos disminuye la efectividad de la educación a distancia, mientras genera brechas educativas significativas y afecta el nivel homogéneo del conocimiento adquirido.

Por ello, el llamado de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) a utilizar la plataforma EVA puede resultar polémico. A las ventajas que tiene este sistema, en Cuba enfrenta mayores desventajas:

• Persisten severos problemas de conectividad a Internet y acceso limitado a dispositivos electrónicos, lo que restringe el uso efectivo de EVA a muchos estudiantes, especialmente en zonas rurales o con recursos escasos.
• Algunos profesores y estudiantes pueden confrontar dificultades para adaptarse a la modalidad virtual debido a la falta de experiencia y formación previa en el uso de plataformas educativas.
• El acceso y navegación en EVA dependen en gran medida de una conexión estable —aun cuando utilice datos nacionales—; lo cual no siempre es posible en el contexto cubano de apagones, pudiendo generar frustración y afectación en la continuidad del aprendizaje.
• Si bien EVA facilita la comunicación digital, no sustituye la interacción humana directa y el ambiente social presente en las aulas, lo que puede afectar la motivación y participación activa.
• Debido a las variantes en acceso a tecnología, existe un riesgo de aumentar las brechas educativas entre estudiantes con mejor infraestructura tecnológica y quienes carecen de ella.

Infografía de la UCI para el uso de EVA. Fuente: muro de Facebook de la UCI (2026).

Por otra parte, la universidad no es solo un espacio de aprendizaje académico, sino también un entorno social clave para el desarrollo integral de los jóvenes. Las ONG especializadas en infancia y juventud destacan que tanto la escuela como la universidad son lugares donde se construyen redes sociales, identidad personal y habilidades emocionales.

Así, la suspensión temporal de las clases o la implementación de educación a distancia o semipresencial reduce la interacción directa con compañeros y profesores, creando aislamiento, ansiedad y estrés en muchos estudiantes. De igual manera, la incertidumbre generada y la precariedad de alternativas formativas adecuadas propician un ambiente de frustración que puede derivar en problemas de conducta, desinterés y abandono definitivo del aula.

De igual modo, un retraso en la graduación masiva de profesionales limita la renovación del capital humano, afectando sectores estratégicos como salud, educación, tecnología e industria; lo que puede traducirse en menores niveles de productividad y competitividad internacional. Entretanto, el aumento del desempleo juvenil y la exclusión social derivadas del abandono educativo pueden provocar mayores tensiones sociales y dificultar la cohesión social, aspectos que representan un riesgo para la estabilidad nacional.

Dentro de la educación superior, las universidades más afectadas por estas nuevas medidas han sido aquellas con carreras que requieren obligatoriamente prácticas y ejercicios presenciales. Tal es el caso de la actual Universidad de las Artes (ISA). La suspensión de las clases presenciales perjudica en especial a estudiantes de las facultades de Teatro, Danza, Música y Artes Visuales, quienes dependen del contacto directo, el trabajo corporal, los ensayos colectivos y el acceso a espacios especializados. Por esta razón, los alumnos protestaron ante su inconformidad con esta medida, acerca de la cual no fueron consultados.

La protesta tomó la forma de una pared blanca, escrita con frases, con un pulóver con el logo del ISA colgando en medio. Entre los escritos, pueden leerse: “soy libre”, “¿y esto para ustedes es revolución???”, “aquí me engañaron”, “últimas notas desde el insilio” y “que regresen a un país mejor”.

Según el mensaje de un estudiante del ISA enviado a la redacción del medio independiente CiberCuba, bajo condición de anonimato: “muchos estudiantes provienen de todos los rincones del país, viven en residencias universitarias y hoy no saben si podrán graduarse. ‘No sabemos si vamos a volver’, afirmó, mientras denunció que sus sueños ‘se van por la borda por culpa de un sistema y de unos directivos que no representan’ a su generación”.

Detalle de la obra-protesta por alumnos del ISA ante el cierre temporal de las clases. Fuente: CiberCuba (2026).

Esta situación, además, no solo repercute en el proceso docente propiamente dicho. La educación superior en Cuba desempeña un papel fundamental en la generación de conocimiento e innovación tecnológica, aspectos esenciales para el desarrollo sostenible del país. Por ello, profesores e investigadores están viendo sus proyectos y publicaciones interrumpidas, lo que puede limitar la formación de recursos humanos altamente calificados, generando un efecto dominó que afecta la competitividad y el progreso nacional.

En resumen, tanto la suspensión temporal como el cambio de modalidad de las clases en la educación superior cubana durante 2026 representan un desafío complejo que impacta negativamente el derecho a la educación, la calidad formativa, la equidad social, la salud mental de los estudiantes y el desarrollo científico y económico del país. El sacrificio al derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad no puede formar parte de ningún plan de medidas de contingencias ante la sostenida crisis estructural que atraviesa el país. Es responsabilidad del Estado y del Gobierno cubanos solucionar los problemas económicos sin violar los derechos humanos básicos de su pueblo, incluido el sector docente-educativo.