NOTA DE PRENSA N° 269

📷 Portada: Fotograma de la telenovela cubana Regreso al corazón (2025).

Violencia y transgresión ética en las escuelas cubanas, lo que UNICEF prefiere ignorar.

Durante décadas, el sistema educativo fue presentado como uno de los pilares inamovibles de la Revolución cubana. Sin embargo, tras la fachada de las estadísticas gubernamentales, se ha gestado un proceso de deterioro ético, moral y físico que ha transformado la escuela cubana en un espacio de conflicto y carencia. Esta crisis no es un fenómeno fortuito, sino el resultado de décadas de extrema politización, la ruptura del vínculo familia-escuela y una depauperación económica que ha convertido al aula en un reflejo de la anomia social que padece el país. Ante este escenario, la respuesta del Ministerio de Educación (MINED) y las autoridades pertinentes ha sido ambivalente, oscilando entre la negación oficial, la externalización de culpas y la implementación de reformas cosméticas que no atacan la raíz del problema.

La transgresión de los límites éticos en la educación cubana comenzó con la sustitución de la pedagogía humanista por el adoctrinamiento ideológico. A partir de 1961, la escuela dejó de ser un espacio neutral para convertirse en un instrumento de formación del “Hombre Nuevo”. La máxima de “la universidad es para los revolucionarios” marcó el inicio de una discriminación institucionalizada que violentaba el derecho universal al conocimiento.

Un hito fundamental en la degradación moral fue el modelo de las escuelas al campo y las escuelas en el campo (ESBEC). Este experimento social, que separó a adolescentes de sus núcleos familiares para integrarlos a labores agrícolas, creó un vacío de supervisión parental. En estos internados, se normalizaron formas de violencia que marcaron a generaciones: el acoso escolar sin control adulto, la precariedad higiénica, la promiscuidad temprana y el uso del castigo físico o la humillación pública como métodos de disciplina ideológica. La ética del cuidado fue reemplazada por la de la vigilancia y el control político.

Escuela Secundaria Básica en el Campo “Batalla del Jigüe”, década de 1970. Fuente: Estudios Revolución.

Hasta entonces, la figura del maestro en Cuba gozaba de un prestigio social heredado de la tradición republicana. No obstante, la precarización salarial y la exigencia de lealtad política por encima de la competencia académica menguaron esta autoridad. Durante el Quinquenio Gris y décadas posteriores, el maestro fue obligado a actuar como censor y delator de la conducta de sus alumnos a través del expediente acumulativo, un documento que aún hoy registra no solo notas, sino la “integración revolucionaria” de la familia.

Este uso de la educación como herramienta de control policial constituye la mayor transgresión ética del sistema. Cuando el educador se convierte en un agente del Estado para evaluar la orientación política del estudiante, se rompe la confianza inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje. El resultado a largo plazo fue una doble moral institucionalizada: alumnos y maestros aprendieron a simular para sobrevivir al sistema.

En los últimos cinco años, la educación en Cuba ha entrado en una fase crítica. La combinación de la crisis económica pospandemia, el fracaso de la Tarea Ordenamiento y el éxodo migratorio masivo han generado un escenario de violencia y deterioro ético sin precedentes.

Miles de maestros titulados han abandonado las aulas para dedicarse al sector informal o emigrar. El MINED ha intentado cubrir estas vacantes con “maestros emergentes” o estudiantes universitarios sin formación pedagógica ni vocación. Se han reportado casos frecuentes de relaciones impropias entre maestros “emergentes” y alumnas, así como el uso de las aulas para el consumo de música vulgar y la promoción de comportamientos ajenos al entorno académico. La falta de un cuerpo docente maduro y dotado de principios éticos básicos ha dejado a los estudiantes en un vacío de referentes morales donde todo está permitido.

El problema de las conductas sexuales en los centros educativos cubanos se ha ido agravando, e incluso normalizando por parte del alumnado, con el tiempo. Desde el acoso entre pares hasta la explotación y el abuso por parte de figuras de autoridad, pasando por comportamientos impropios del personal docente, se vulneran tanto los derechos de la infancia y la adolescencia como el reglamento ético de profesores y escuelas.

El caso de los maestros emergentes y los profesores generales integrales (PGI) es una de las evidencias más notables de esta situación. El hecho de que a jóvenes de 17 o 18 años, con apenas meses de preparación, se les otorgara la responsabilidad de educar a adolescentes de 14 o 15 años, destruyó la barrera de respeto y autoridad necesaria en la relación docente-alumno debido a la poca diferencia de edad.

Los resultados fueron devastadores para la ética escolar. Se volvió común ver a profesores involucrados afectivamente con sus alumnas. A pesar de la asimetría de poder y una violación de la deontología profesional, la institución a menudo ignoraba estas conductas al ser casi coetáneos. Esto, sin contar que muchos de ellos, carentes de vocación y formación ética, trasladaron al aula comportamientos propios de entornos marginales, incluyendo el lenguaje vulgar y el cortejo explícito hacia las estudiantes.

Aquí no se puede ignorar el contexto cultural que rodea a la escuela cubana actual. La hipersexualización de la infancia, promovida por ciertos patrones de consumo cultural (letras de canciones vulgares, bailes inapropiados en actos escolares como el perreo), ha borrado la distinción entre el espacio lúdico de la calle y el educativo en las escuelas. Es común ver, incluso en niveles de primaria, bailes de contenido sexual explícito permitidos y alentados por los propios maestros y padres. Esta normalización de la sexualidad adulta en cuerpos infantiles desdibuja los límites éticos y facilita que las conductas de acoso se vean como “juego” o “cosas de muchachos”.

Otra de las formas más extendidas de violencia, acoso y degradación moral en el sistema educativo cubano es el “intercambio sexual” por beneficios académicos. Se han reportado casos de docentes que solicitan favores sexuales a cambio de notas, aprobados, promoción de grado o entrega de exámenes. En un sistema donde el promedio académico determina el futuro del estudiante, esta forma de extorsión resulta un arma poderosa. Además de los profesores, se ha visto implicado también al personal de mantenimiento, guardias de seguridad y administradores de comedores escolares, quienes a menudo utilizan su puesto de poder para coaccionar a estudiantes vulnerables.

Por ejemplo, en 2023, circuló en las redes sociales el video de un profesor de Educación Física de una secundaria básica en La Habana en el que mantenía conversaciones de alto contenido sexual con alumnas de noveno grado en el área deportiva. La respuesta inicial de la dirección del plantel fue silenciar el asunto y, solo tras la presión en redes sociales, decidió trasladarlo.

Por otra parte, la llegada de internet y el permiso del uso de celulares en las escuelas han introducido nuevas formas de conductas sexuales inapropiadas que el MINED no ha sabido gestionar. Se ha vuelto frecuente el uso de grupos de WhatsApp entre alumnos para difundir fotos o videos de contenido sexual, sin consentimiento, (pornovenganza) de compañeras o incluso de profesoras. Además, ante la falta de supervisión y el desinterés de los maestros por impartir clases reales, los estudiantes utilizan sus dispositivos para consumir pornografía en grupo dentro del aula, normalizando conductas sexistas y violentas hacia las mujeres.

Aun cuando las conductas sexuales inapropiadas no son ejercidas directamente con los estudiantes, la falta de ética del personal docente que las ejecuta sigue siendo una violación del reglamento escolar. Esta problemática es observable tanto en escuelas primarias como en centros universitarios.

En diciembre de 2025, una abuela reportó un episodio de acoso sexual en el seminternado 26 de Julio, donde estudia su nieta, en Santiago de Cuba. De acuerdo con la denuncia, la pareja de una trabajadora de seguridad del centro la sostuvo con brusquedad y la obligó a recibir muestras de afecto sin que ella pudiera retirarse. El incidente ocurrió ante otras empleadas de seguridad, padres y parte del alumnado.

Conducta sexual inapropiada frente a padres y alumnos en el seminternado 26 de Julio, en Santiago de Cuba. Fuente: Diario de Cuba (2025).

Más recientemente, a finales de enero de 2026, dos docentes de la Universidad de Pinar del Río violaron uno de los seis principios obligatorios para la educación superior en el siglo XXI reflejados por la UNESCO: la integridad y ética, al filmar un video de sus relaciones sexuales en el plantel, que circuló por WhatsApp. El caso se agrava por ser uno de los implicados el entonces decano de la Facultad de Humanidades, expulsado tras el escándalo. Es importante recordar que la figura de un decano universitario no solo se encarga de las cuestiones burocráticas, también representa la máxima autoridad moral ante los alumnos y profesores de su facultad.

Salvo en contadas ocasiones —como en el caso de la Universidad de Pinar de Río—, la respuesta de las autoridades escolares cubanas ante denuncias de conductas sexuales inapropiadas es la negación o minimización. Existe un pánico institucional a que estos casos “manchen” el expediente del centro escolar o la imagen del Municipio. Así, en lugar de enfrentar procesos penales, los maestros señalados por abuso o procederes impropios suelen ser trasladados a otras escuelas o puestos administrativos dentro del mismo sector. Esto permite que el perpetrador continúe su conducta en un nuevo entorno donde no se conocen sus antecedentes.

A diferencia de otros sistemas educativos, el cubano carece de una ruta crítica transparente y segura para que el menor denuncie. El estudiante suele ser interrogado en presencia de sus propios maestros, lo que genera miedo a represalias académicas. Asimismo, organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), con un rol imbricado con los Ministerios de Educación, actúan como correas de transmisión ideológica más que como redes de protección real. En casos de abuso, su prioridad suele ser “evitar el escándalo político” antes que buscar justicia para la víctima.

La crisis no es solo de infraestructura o de recursos materiales; es, fundamentalmente, una crisis de valores.

Dentro de esta crisis de valores, la corrupción se ha institucionalizado en el corazón de las escuelas cubanas; cuya raíz principal es la indigencia económica del profesional de la educación. En el último quinquenio, el salario de un maestro cubano —que oscila entre los 5 000-7 000 CUP— ha perdido totalmente su poder adquisitivo frente a una inflación que ha elevado el precio de productos básicos a miles de pesos. Cuando un cartón de huevos o un kilogramo de carne cuesta casi la mitad del salario mensual de un docente, la ética profesional entra en conflicto directo con la supervivencia biológica.

Una de las consecuencias más graves y recurrentes es la venta de pruebas finales o parciales. Profesores con acceso a las preguntas comercializan los exámenes por precios que varían según la complejidad de la asignatura. En 2023, en varias facultades y preuniversitarios de La Habana y Santiago de Cuba se reportaron denuncias sobre la filtración de exámenes de ingreso a la Educación Superior. El costo de un examen de Matemáticas o Historia puede oscilar entre los 50 y 100 dólares.

Una forma común de extorsión pedagógica velada es la figura del “repasador”. Por varios motivos, el contenido de las asignaturas no siempre es completado de la mejor manera en el horario oficial de clases. Por tanto, los alumnos llegan a necesitar clases particulares, cuyo precio no pueden pagar todas las familias. El problema ético radica en que, a menudo, el maestro que cobra por el repaso es el mismo que diseña y califica los exámenes. Este conflicto de intereses asegura que el estudiante que paga obtenga la nota máxima, no por su conocimiento, sino por su capacidad de pago.

Además, la carencia de todo tipo de insumos en las escuelas ha “normalizado” que los padres donen recursos al aula, muchas veces con la intención de obtener un trato preferencial para sus hijos. Profesores que aceptan recargas telefónicas, bolsas con comida (aceite, pollo, café) o artículos de aseo a cambio de subir una nota o justificar una ausencia, son ejemplos cotidianos del deterioro moral. La educación ha dejado de ser un derecho igualitario para convertirse en un servicio estratificado por el nivel de “generosidad” de los padres, lo cual genera segregación hacia los niños con padres sin recursos por parte de los maestros, acoso escolar por los estudiantes “favorecidos” y sentimientos de baja autoestima de las víctimas de este tipo de violencia.

La respuesta institucional a esta situación se limita a la “labor preventiva”, un eufemismo burocrático que consiste en reuniones a puertas cerradas donde se les pide a los maestros “discreción” sobre los incidentes para no afectar el prestigio de la Revolución. Cuando los casos de fraude escolar o venta de exámenes han sido demasiado evidentes, el MINED aplica sanciones administrativas severas pero individuales, evitando siempre un análisis estructural. La culpa es desplazada al “maestro sin vocación” o a la “familia disfuncional”, exonerando al sistema de cualquier responsabilidad.

Asimismo, la violencia en las escuelas cubanas contemporáneas ha escalado de lo simbólico a lo físico. En el período 2023-2024 se reportaron, a través de redes sociales y medios independientes —ante el silencio de la prensa oficial—, incidentes de reyertas con armas blancas en las cercanías de institutos preuniversitarios en La Habana y Holguín. La proliferación de bandas juveniles que operan dentro y fuera de las instituciones docentes indica que la escuela ha perdido su condición de “zona segura”.

Testigo de esto es el preuniversitario Arístides Viera, del municipio Playa, en La Habana, cuando dos jóvenes ajenos, disfrazados con uniforme, entraron al centro y agredieron a parte del personal docente al ser descubiertos. Presuntamente, ingresaron al establecimiento por motivos relacionados con las drogas. Varios testimonios afirman que el problema de la droga en esta institución no era nuevo. A raíz de este incidente, un oficial jubilado del Ministerio del Interior (Minint), declaró al periodista Carlos Cabrera Pérez que el fenómeno de la droga está demasiado extendido, alcanzando incluso a las escuelas de los mejores barrios.

Jóvenes disfrazados con uniforme escolar agreden a profesores del centro educativo (captura). Fuente: Cuballama (2025).

A la par, el acoso escolar ha adquirido dimensiones alarmantes. Sin psicólogos escolares capacitados y con maestros desbordados, las víctimas carecen de protección. En 2025, el caso de una adolescente en Camagüey que intentó suicidarse tras sufrir humillaciones constantes, grabadas por sus compañeros y difundidas en redes sociales, puso de manifiesto la incapacidad del sistema para gestionar la ética en el entorno digital y físico.

Por mucho tiempo, la respuesta oficial frente a estas conductas se caracterizó por el ocultamiento. Bajo la premisa de que la violencia escolar era un mal propio de las sociedades capitalistas, las autoridades cubanas evitaron reconocer la existencia del acoso o de bandas juveniles en los centros de enseñanza.

A inicios de este año, por ejemplo, un grupo de estudiantes varones de noveno grado de la secundaria básica República Popular de Angola, en la capital, atacó a una estudiante de otro grupo. Según denuncias de alumnos y familiares, semejantes enfrentamientos se han vuelto frecuentes, mientras el claustro y las autoridades municipales de Educación siguen sin tomar medidas efectivas para prevenir las agresiones o garantizar la seguridad del entorno.

Grupo de estudiantes de secundaria básica agreden a compañera dentro del centro escolar. Fuente: muro de Facebook de La Tijera (2025).

En tanto, el estado ruinoso de cientos de escuelas en el país (baños clausurados, falta de agua potable, techos con riesgo de derrumbe) constituye una forma de violencia institucional contra la infancia. Estudiar en condiciones de insalubridad no solo afecta el aprendizaje; también refuerza la idea de que la educación no es una prioridad real para el Estado.

En 2024, el derrumbe de un fragmento de techo en una escuela primaria de la Habana Vieja, que hirió levemente a dos niños, desató una ola de indignación que reveló la brecha entre el discurso oficial de “todo para los niños” y la realidad de abandono estructural.

La crisis de asistencia en los últimos dos años, provocada por los apagones y la falta de alimentos, ha planteado una contingencia para las autoridades. La respuesta del MINED ha radicado en “flexibilizar el horario”, lo que en la práctica significa menos tiempo de supervisión y más horas con los alumnos en la calle o en ambientes escolares sin luz ni agua.

Esta desatención física de las escuelas ha exacerbado la violencia. Pese a ello, la reacción institucional frente al aumento de riñas y abusos en los centros internos, por ejemplo, ha consistido en su cierre, no por una estrategia pedagógica, sino por la incapacidad del Estado de afrontar la situación con soluciones reales. Al devolver a cientos de jóvenes sin haber completado su formación ética, las autoridades trasladan el problema de la escuela a la calle, lavándose las manos sobre la formación integral del ciudadano.

Según los sociólogos, el sistema educativo cubano actual padece de “anomia”: una ruptura de las normas sociales. La discrepancia entre lo que se enseña en los libros (la supuesta justicia del sistema) y lo que el estudiante ve en su casa (hambre, carencia de libertades, desigualdad frente a la élite política) genera un cinismo profundo que se traduce en indisciplina social.

El alumno observa que el mérito académico no garantiza una vida digna. Cuando un profesional universitario vive en la miseria mientras que un revendedor informal o alguien con familia en el extranjero prospera, el incentivo para estudiar desaparece, siendo reemplazado por la cultura del “invento” y el fraude.

El irrespeto al maestro es hoy la norma en muchas escuelas secundarias. La violencia verbal, el uso de vocabulario soez y el desprecio por los símbolos de instrucción son formas de rebelión contra un sistema que los jóvenes perciben como hipócrita. La educación ya no se ve como un vehículo de movilidad social, lo que destruye el incentivo moral para el estudio.

A pesar de la crisis, el Estado cubano se niega a despolitizar la educación. La reciente implementación de nuevos programas de formación cívica y “educación ideológica” en 2025, en medio de una escasez crítica de libros de matemáticas y español, demuestra que la prioridad sigue siendo el control del pensamiento. Obligar a un niño con hambre a repetir consignas políticas constituye un modo de maltrato infantil y una violación de los estándares educativos vigentes a nivel internacional.

El traspaso de límites alcanza su punto máximo cuando se utiliza a los estudiantes para actos de repudio o para vigilar a compañeros “problemáticos”. Esta instrumentalización de la infancia para fines represivos es la herencia más tóxica del modelo iniciado en 1959.

La falencia ética también reside en el propio MINED, bajo la presión sistémica del “promocionismo”, que exige a los directores de escuelas un 100% de promoción para cumplir con las metas políticas del Estado. Por tanto, los maestros a menudo se ven conminados a aprobar a los alumnos de cualquier modo; en caso de negarse, reciben señalamientos negativos en su evaluación, lo cual conlleva una afectación salarial. En 2024, por ejemplo, aparecieron en las listas de asistencia y aprobados estudiantes que habían emigrado del país.

Sin embargo, a nivel institucional, el MINED no es el único responsable de minimizar u ocultar esta situación. No solo reportes e informes, sino incluso ayudas a proyectos y programas, de organizaciones internacionales con foco en la infancia, como UNICEF, terminan por validar el discurso oficial y contribuir a una imagen exterior favorable a la opinión pública mundial; lo cual ha sido objeto de crítica por académicos y defensores de derechos humanos.

El tratamiento que la organización da a la violencia escolar padece de tres sesgos fundamentales:

En primer lugar, la dependencia de fuentes oficiales. UNICEF Cuba redacta sus informes anuales y sus estrategias de país utilizando solo datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y el MINED. De tal modo, si los Ministerios de Educación no reportan incidentes de acoso escolar, UNICEF lo considera mínimo o inexistente. Lo mismo sucede cuando repite las cifras asociadas al promocionismo y a la ocultación de datos negativos, obviando que forman parte de las políticas de Estado.

En segundo término, UNICEF tiende a utilizar un lenguaje aséptico y a omitir el contexto. Mientras que en otros países de la región denuncia abiertamente el impacto de la crisis económica en la nutrición y la violencia escolar, en el caso cubano emplea palabras extremadamente cautelosas. Por ejemplo, habla de “desafíos en la calidad educativa”, pero evita mencionar la degradación ética del personal docente o la violencia intraescolar.

Por último, está la validación de la politización. UNICEF aplaude a menudo el sistema educativo cubano como un modelo de “equidad”; pero ignora su ruptura por estar condicionado el acceso a niveles superiores de enseñanza a la “integración revolucionaria” o al pago por notas o respuestas de los exámenes.

En el plano económico, UNICEF ha apoyado en Cuba diversos proyectos como Escuelas Amigas de la Infancia, programas como Educación para la Paz, capacitaciones como “Crianza Positiva” y eventos como Adolescer. A pesar de la inversión de recursos, estos proyectos han fracasado en transformar la cultura de la violencia en las aulas por varias razones. A saber:

• La desconexión con la realidad socioeconómica, pues estos programas proponen métodos de resolución pacífica de conflictos y entornos de aprendizaje amigables en escuelas que, en la práctica, carecen de agua, electricidad y una alimentación mínima. Es imposible implementar una “escuela amiga” cuando los niños asisten a clases con hambre o cuando el maestro está más preocupado por su supervivencia económica que por la mediación pedagógica.
• La falta de monitoreo independiente, ya que carece de permiso para realizar auditorías en las escuelas cubanas. Los proyectos se implementan a través de las estructuras del MINED. Esto significa que los recursos a menudo son desviados o utilizados para reforzar el control estatal, en lugar de empoderar a los estudiantes frente a la violencia. Los talleres de sensibilización se convierten en actos de reafirmación política, en los que se simula el éxito del programa para cumplir con las cuotas de las agencias internacionales.
• La verticalidad y autoritarismo del sistema educativo cubano, que generan una contradicción insalvable entre el manual de UNICEF sobre la participación del niño y la estructura de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) como brazo político del Estado. Al intentar trabajar dentro de este sistema sin cuestionarlo, termina financiando la infraestructura del control social en lugar de la protección del menor.

Uno de los mayores fracasos de los programas apoyados por UNICEF en la última década es la desatención a la salud mental. El aumento de los índices de suicidio adolescente en Cuba —uno de los más altos de la región, aunque poco difundido— y la depresión infantil no han sido abordados con la urgencia necesaria por los proyectos internacionales.

Los programas de UNICEF se centran en la “formación de capacidades” de los docentes, pero ignoran que el maestro cubano actual, a menudo sin formación sólida, carece de herramientas éticas y psicológicas para detectar el acoso escolar. La respuesta institucional a la violencia suele ser punitiva o el silencio, frente a lo cual UNICEF no ha logrado establecer protocolos de denuncia independientes que protejan a la víctima del represor estatal o del acosador escolar.

En los últimos cinco años, el contraste entre el discurso de UNICEF y la realidad se ha vuelto insostenible. La crisis energética, el desabastecimiento total y el éxodo masivo de más de 250 000 cubanos al año han dejado a las escuelas en un estado de abandono.

Esto ha provocado una carencia crítica de docentes, por lo que las aulas han quedado bajo la supervisión de personal no calificado o sin supervisión; lo cual ha disparado los niveles de violencia física. Mientras UNICEF publica fotos de niños sonrientes en escuelas pintadas, los videos ciudadanos muestran la realidad de baños destruidos, peleas con machetes en las escuelas y una desesperanza generalizada.

Asimismo, al no denunciar la degradación de la seguridad alimentaria en las escuelas, se convierte en cómplice por omisión. Los proyectos de huertos escolares y “merienda segura”, apoyados por organismos internacionales, han sido devorados por la inflación y la corrupción interna, si bien los informes de cumplimiento siguen reflejando un éxito burocrático.

De manera general, podría decirse que el fracaso de los programas de las ONG internacionales en Cuba se resume en el modelo de “cooperación técnica”, que prioriza la supervivencia de la agencia en el país por encima de su misión de protección. Para que UNICEF pueda operar en Cuba, debe aceptar las condiciones del Gobierno: no realizar evaluaciones externas, no entrevistar a beneficiarios sin presencia de funcionarios del Estado y no cuestionar la legislación nacional —como la que permite la formación militar en adolescentes o el trabajo agrícola obligatorio en el pasado.

Esto redunda en que cualquier programa de cooperación internacional en Cuba contra la violencia escolar resulte cosmético. No se puede eliminar el acoso escolar en un aula donde se enseña a ver como un “traidor” a quien piense de manera diferente. La violencia verbal inoculada por el sistema es la base sobre la cual se construye la violencia física entre iguales, y UNICEF, al no poder tocar el núcleo del adoctrinamiento, actúa solo sobre la superficie de los síntomas.

Por tanto, la respuesta de UNICEF ha sido insuficiente y, en ocasiones, contraproducente. Es imperativo que las organizaciones internacionales abandonen la complacencia diplomática. Se requiere un monitoreo independiente, basado en la observación directa y no en estadísticas oficiales, y una defensa firme de una educación libre de violencia política. Mientras UNICEF siga tratando la educación cubana como un modelo exitoso y no como una institución en crisis terminal, sus proyectos seguirán siendo irrelevantes para el niño cubano, que hoy sufre acoso, hambre y miedo en el lugar donde debería sentirse más seguro: su escuela.

Por su parte, la respuesta de los ministerios de educación y las autoridades cubanas ante la degradación ética y la violencia ha sido un ejercicio de supervivencia institucional, no de reforma educativa. Se ha priorizado la imagen política sobre el bienestar psicológico de los alumnos y la dignidad profesional de los maestros. El sistema ha caído en una trampa de su propia creación: al exigir estadísticas de promocionismo, ha incentivado el fraude; al pagar salarios de miseria, ha legitimado el soborno; y al politizar cada espacio del aula, ha vaciado de contenido la enseñanza de la ética.

Así, la escuela cubana ha dejado de ser el orgullo del país para convertirse en un microcosmos de su colapso. Los alumnos navegan desorientados en un entorno violento, donde los límites morales han sido borrados por la urgencia de la supervivencia y el peso de un dogma en el que ya nadie cree, pero que todos se ven obligados a simular. Para reconstruir el sistema educativo cubano, es necesaria una refundación ética total que devuelva al maestro su dignidad, a la familia su derecho a elegir la educación de sus hijos y al aula su carácter de templo de la verdad y respeto humano.