NOTA DE PRENSA N° 268

Diplomacia vía secundaria: intercambio universitario entre Cuba y Estados Unidos.

En el ámbito de las relaciones internacionales, la educación superior a menudo trasciende su misión pedagógica para convertirse en una herramienta de paradiplomacia. En el caso de Cuba y Estados Unidos, los intercambios universitarios han operado históricamente como una “vía secundaria” de comunicación, persistiendo incluso cuando los canales oficiales se encontraban clausurados.

La última década (2015-2025) ha sido testigo de la mayor oscilación en la intensidad de estos vínculos: desde un “deshielo” sin precedentes que propició la firma de cientos de convenios, hasta un repliegue burocrático y político señalado por sanciones y legislaciones estatales restrictivas. En un contexto marcado por más de sesenta años de tensiones políticas y zigzags diplomáticos, la cooperación académica entre ambas naciones no es solo un acto de transferencia de conocimiento, sino un campo de batalla ideológico y un espacio de resistencia institucional.

El intercambio académico entre Cuba y Estados Unidos no ha sido un proceso lineal. Tras el triunfo de la Revolución en 1959, las relaciones educativas se fracturaron casi por completo, limitándose a contactos esporádicos y altamente fiscalizados por ambos gobiernos. No fue hasta la administración de Barack Obama, particularmente tras el anuncio del restablecimiento de relaciones el 17 de diciembre de 2014, que se produjo una explosión de convenios institucionales.

Durante este “deshielo”, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), flexibilizó las licencias para actividades educativas. Esto permitió que cientos de universidades de la nación norteña buscaran socios en la Isla.

Estudiantes estadounidenses del programa Semestre en el Mar durante su visita a la Universidad de La Habana. Fuente: Cubadebate (2013).

Según el Instituto de Educación Internacional, el número de estudiantes estadounidenses en Cuba aumentó de unos 2 000 en el curso 2013-2014 a más de 4 300 en 2016-2017. Simultáneamente, el Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES) reportó la firma de más de 80 convenios marcos con instituciones de Estados Unidos en apenas dos años.

Ejemplo de esto es la colaboración entre la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y el Lehman College, cristalizada formalmente en el contexto del Congreso Internacional “Universidad 2016”, un evento que sirvió de catalizador para decenas de Memorandos de Entendimiento (MoU). Asimismo, se pueden mencionar las relaciones de las Universidades Estatal de los Apalaches, del Distrito de Columbia, Rutgers, de la Mancomunidad de Virginia, de Pittsburgh y Harvard con la Universidad de La Habana; la Universidad Estatal de Nueva York con la Universidad de Cienfuegos; y el Illinois College con la Universidad de Pinar del Río.

Delegación del Lehman College en la Universidad de Sancti Spíritus. Fuente: Radio Sancti Spíritus (2026).

El número de estudiantes estadounidenses matriculados en Cuba creció 93% desde el curso 2014-2015 hasta 2016-2017. Sin embargo, esta tendencia se revirtió a partir de mediados de 2017, con una disminución de 47% en 2017-2018 y de 56% entre 2018-2020; para 2020-2021, solo quedaba un estudiante en el país caribeño.

Contrastantemente, la cifra de educandos cubanos en Estados Unidos revela una asimetría en el intercambio. Durante el año académico 2014-2015, 94 estudiantes estaban matriculados en instituciones de la nación norteña y, si bien este número aumentó en los años siguientes, entre 2015 y 2021 la cantidad no alcanzó la cifra de 200; lo cual difiere significativamente con la participación de alumnos estadounidenses en Cuba en el mismo período.

Debe tenerse en cuenta que el cambio de escenario diplomático con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, marcó un retorno a la política de confrontación. Aunque no se prohibieron todos los intercambios académicos, se introdujeron obstáculos que aumentaron el “costo de transacción” de la cooperación. La reinclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2021 tuvo un efecto eminentemente político: para muchas universidades públicas, sobre todo en estados como Florida, se activaron cláusulas legales que generaron un “efecto paralizante” (chilling effect).

Empero, bajo la administración Biden-Harris, se produjo un retorno parcial a la retórica de compromiso, aunque sin la audacia de la era Obama. En 2022, se anunciaron medidas para facilitar los viajes grupales de carácter educativo, lo que permitió una tímida reactivación de los programas de “Study Abroad”.

No obstante, las universidades han aprendido a navegar las limitaciones legales: para 2024-2025, los intercambios se desplazaron parcialmente a la virtualidad (Collaborative Online International Learning-COIL), evadiendo las restricciones de viaje. A pesar de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana, los acuerdos académicos han servido como una “red de seguridad”. Por ejemplo, la relación entre la Universidad de Sancti Spíritus y el Lehman College ha persistido como un estudio de caso en diplomacia de baja intensidad.

Contradictoriamente, mientras el Estado cubano percibe ciertos programas —especialmente aquellos dirigidos al liderazgo juvenil— como intentos de influencia ideológica o soft power destinados a socavar el modelo socialista, emplea los intercambios académicos como una herramienta estratégica de política exterior. Para el gobierno de Cuba, la interacción entre sus universidades y las instituciones estadounidenses son un canal para influir en la percepción pública, mitigar los efectos de las sanciones económicas y consolidar una red de aliados en el sector intelectual y político en Estados Unidos.

Terry McAulife, entonces gobernador de Virginia, durante su visita a la Universidad de La Habana. Fuente: El Nuevo Herald (2016).

Al invitar a profesores y estudiantes estadounidenses a instituciones de educación superior, el gobierno cubano busca proyectar una imagen de normalidad, resiliencia y éxito social. Estos intercambios se centran a menudo en áreas donde Cuba ha construido una narrativa de prestigio internacional: la salud pública, la biotecnología, la alfabetización y la gestión cultural. Para el académico norteño, el contacto con un sistema alternativo y la calidez del pueblo cubano suelen generar una empatía que el Estado cubano capitaliza políticamente.

A diferencia de los intercambios académicos en sociedades democráticas, donde las universidades gozan de una autonomía sustancial para gestionar sus convenios, en Cuba el proceso está estrictamente centralizado. El MES —junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (MINREX)— actúa como un filtro ideológico y de seguridad nacional.

Todo convenio, visita de un profesor estadounidense y, sobre todo, cada viaje de un académico cubano a Estados Unidos, debe pasar por un riguroso proceso de aprobación. Este control tiene un doble propósito. En primer lugar, garantiza que los participantes cubanos en estos programas sean “ideológicamente confiables”: el Estado selecciona a quienes sabe que actuarán como embajadores del sistema político, asegurando que la narrativa oficial no sea cuestionada en foros internacionales. Asimismo, esto permite al Estado monitorear el flujo de información y evitar la “subversión ideológica”, pues el intercambio académico es una puerta abierta que debe ser siempre vigilada para que no se convierta en una vía de influencia democrática hacia el interior de la Isla.

Pedagogos cubanos y estadounidenses en el intercambio académico “Búsquedas investigativas entre educadores cubanos y norteamericanos”, en la Universidad de Camagüey. Fuente: Radio Guáimaro (2024).

Entretanto, un elemento central en el uso político de estos intercambios es la denuncia del embargo económico. El gobierno cubano utiliza los foros académicos para demostrar cómo las sanciones estadounidenses impiden el desarrollo científico y el bienestar de la población.

Así, cuando los académicos estadounidenses visitan en Cuba laboratorios con equipos obsoletos o bibliotecas con dificultades de acceso a bases de datos debido a las restricciones de licencias, el Estado cubano utiliza tales carencias para construir un argumento ético. Al convertir al académico extranjero en testigo de las dificultades, logra que se conviertan en portavoces espontáneos contra el embargo al regresar a sus universidades en Estados Unidos. De esta manera, el intercambio académico se transforma en un mecanismo de cabildeo indirecto (grassroots lobbying) que busca influir en el Congreso de Estados Unidos desde los departamentos de ciencias sociales y políticas de sus propias universidades.

Kathy Torton, astronauta de la NASA, y Nicholas Ianmarino, decano ejecutivo del programa Semestre en el Mar, durante su visita a La Universidad de La Habana. Fuente: Cubadebate (2013).

Tampoco se debe ignorar la dimensión pragmática y financiera. Los programas de “Study Abroad” para estudiantes estadounidenses son una fuente importante de ingresos para las universidades cubanas y, por extensión, para el Estado. Estos programas suelen cobrarse en divisas y contemplan, además de la matrícula, el alojamiento, la alimentación y servicios turísticos gestionados por empresas estatales.

En este sentido, el intercambio académico es también una exportación de servicios. El gobierno cubano ha sabido comercializar su sistema educativo y su “exotismo político” para atraer a universidades estadounidenses que buscan diversificar las experiencias de sus alumnos. Esta dependencia económica refuerza la necesidad del Estado de mantener un entorno controlado: la academia se convierte en un producto turístico-ideológico que debe ser empaquetado y vendido con cuidado.

Estudiantes estadounidenses en Cuba. Fuente: Los Angeles Time (2015).

Otro de los éxitos más notables del uso político de la academia ha ocurrido en el campo de la ciencia y la salud. Cuba ha logrado establecer colaboraciones de alto nivel, como la relación entre el Centro de Inmunología Molecular (CIM) de La Habana y el Roswell Park Comprehensive Cancer Center en Nueva York.

Desde la perspectiva política cubana, estas alianzas son trofeos diplomáticos que sirven para desarticular la imagen de Cuba como un país atrasado o fallido. Semejantes colaboraciones científicas actúan como una “cuña” que permite perforar el muro de las sanciones, argumentando que la cooperación en salud es un imperativo humanitario que debe estar por encima de la política. Así, el Estado cubano utiliza estos éxitos para exigir una flexibilización de las leyes estadounidenses.

Estudiantes de medicina estadounidenses se gradúan de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Fuente: Cubadebate (2025).

Un aspecto crítico y a menudo ignorado por las instituciones estadounidenses es la naturaleza excluyente de estos intercambios en el lado cubano. Mientras que las universidades de Estados Unidos suelen estar abiertas a diversas corrientes de pensamiento, el sistema cubano prohíbe que académicos y estudiantes que han manifestado posturas críticas al Gobierno participen en estos programas.

La purga académica es una realidad en Cuba: profesores y estudiantes son automáticamente borrados de cualquier posibilidad de intercambio internacional por motivos políticos. El gobierno cubano utiliza esta capacidad de veto para castigar la disidencia y premiar la lealtad, convirtiendo el acceso a Estados Unidos en una prebenda política. Por tanto, al aceptar los términos de los convenios con el MES, las universidades estadounidenses terminan validando un sistema de discriminación ideológica.

Bajo el lema “La universidad es para los revolucionarios”, el Estado ejerce un control estricto sobre quién puede representar a las instituciones del país en el extranjero. En la última década, varios académicos cubanos se han visto sometidos a procesos de censura que han afectado sus potenciales relaciones con universidades estadounidenses. Entre otros:

• Ariel Ruiz Urquiola, investigador de alto estándar internacional en el ecosistema de las ciencias biológicas, pero que durante su etapa estudiantil en la Universidad de La Habana (UH) fue vetado de participar en un evento científico al que lo había invitado la Universidad de Alabama al ser considerado “no confiable” por el núcleo del Partido Comunista. Posteriormente quedaría totalmente cancelado en Cuba al ser expulsado por motivos políticos del Centro de Investigaciones Marinas (CIM-UH), institución con larga trayectoria de relacionamiento con entidades públicas y privadas de los Estados Unidos.   
• Anamely Ramos González, profesora durante años en la Universidad de las Artes (ISA), fue separada de su cátedra tras cuestionar las políticas culturales del Estado. El gobierno cubano no solo le retiró sus credenciales como profesora, sino que invalidó su estatus para cualquier intercambio formal, calificándola de “mercenaria”.
• René Fidel González García —aun siendo académico dentro del marco del socialismo—, incomodó a las autoridades de Santiago de Cuba con su visión crítica y jurídica, por lo que fue expulsado en 2019 de su plaza de profesor de Derecho en la Universidad de Oriente. No solo se le retiró su condición de docente; también se le prohibió ejercer la abogacía por escribir en plataformas digitales que el gobierno considera “diversionistas”. Su expulsión bloqueó cualquier posibilidad de que universidades estadounidenses interesadas en el derecho constitucional cubano pudieran invitarlo a conferencias o pasantías bajo el amparo de convenios bilaterales.
• Alina Bárbara López Hernández, historiadora y editora, ha mantenido una postura de protesta pacífica y análisis crítico desde medios digitales y sus redes sociales, por la que ha sido procesada judicialmente. El gobierno cubano la ha declarado “regulada” —una categoría que le prohíbe salir del país—, lo cual ha impedido su participación en conferencias académicas de la asociación LASA (Latin American Studies Association) y otras invitaciones de universidades en Estados Unidos, funcionando como un arresto domiciliario nacional que cercena su proyección internacional.

Es importante señalar que el gobierno cubano fomenta los intercambios con universidades y centros que considera progresistas o neutrales, como el Lehman College, pero mantiene una vigilancia extrema sobre programas que promueven temas como el periodismo independiente, los derechos humanos o la democracia liberal. Cuando detecta que un programa académico estadounidense intenta empoderar a sectores de la sociedad civil al margen del control estatal, su respuesta es inmediata: cancela permisos, deniega visas y lanza una campaña de propaganda denunciando la “injerencia”. Esto demuestra que el uso político de la academia por parte de Cuba es tanto ofensivo como defensivo; es decir, busca proyectar influencia hacia afuera mientras blinda el interior.

Intercambio entre el Lehman College y la Universidad de Matanzas en la sede yumurina. Fuente: Radio26 (2026).

En resumen, la instrumentalización política de los intercambios académicos por parte del gobierno cubano es una realidad sofisticada y multifacética. Ha permitido a la Isla mantener una relevancia internacional que su peso económico no justificaría y creado una red de apoyo en el corazón intelectual de su principal adversario. Sin embargo, esta estrategia tiene costos a largo plazo.

La falta de una verdadera libertad académica en Cuba y la subordinación de la universidad a los intereses del Partido Comunista limitan el potencial real de estas colaboraciones. Para las universidades estadounidenses, el reto consiste en navegar estas aguas sin convertirse en instrumentos de propaganda de un sistema autoritario, mientras intentan mantener los canales de comunicación abiertos con la sociedad cubana.

En última instancia, el uso político de estos intercambios por parte de La Habana es un testimonio de la importancia que el régimen concede a la batalla de ideas. Mientras Cuba no logre una apertura interna que permita la libre circulación de pensamiento sin filtros ministeriales, la academia seguirá siendo un campo de batalla diplomático donde el conocimiento es secundario frente a la lealtad política y la supervivencia del sistema.

Para OLA-Cuba no caben dudas respecto a que la normalización real de los intercambios académicos solo será posible cuando la universidad cubana recupere su autonomía y su diálogo se base en la libertad de los individuos y no en las agendas estratégicas de un Estado centralizado. Entretanto, a inicios de 2026, la diplomacia académica sigue secuestrada por la geopolítica.