Código de la Niñez en Cuba, la escuela pasa gato por liebre
Fecha de lanzamiento: 21 de marzo de 2025
En las últimas semanas, las escuelas cubanas han acogido el proceso de consulta del anteproyecto de Ley “CÓDIGO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES”. La legislación, viene a dar cuerpo legal a la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, aprobada en julio de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Bajo la excusa de una reunión de padres ordinaria, los tutores han comparecido a lo largo y ancho del país para discutir precariamente el documento, guiados por los escasos conocimientos legales que ha adquirido el claustro de los centros docentes de las enseñanzas primarias, media y media superior.
El creador de contenido Edmundo Dantés Junior, hizo público el suceso en redes sociales, del cual conoció a través de las denuncias de varios seguidores. "Los mismos profesores leen algunos fragmentos. El proyecto ley tiene 80 páginas. Prácticamente nadie se lo ha leído, ni los profesores saben de la jerga jurídica (no tienen que saber). Tampoco llevan ningún asesor jurídico a todas las aulas...", aseguró.
A la par, se refirió a la manera superficial en la que se trata tan importante texto, alertando sobre posibles zonas oscuras en el contenido, que pueden pasar inadvertidas ante los numerosos efectos de la crisis que a diario sufren los cubanos.
El creador de contenido, aprovechó su popularidad en redes sociales para alertar a los padres de posibles zonas oscuras en el texto legal, así como para pedirles que lo estudien a fondo para hacer un debate consciente del mismo (Captura de pantalla del perfil de Edmundo Dantés Junior).
"Muchos de los padres ostinados por los apagones, sin entender bien, y sin haberse leído eso dirán que sí que está bien. Pero en esas 80 páginas puede decir cualquier cosa que después puedan usar en su contra (...) Nadie sabe si camuflajeado con "buenas intenciones", diga cosas con las que muchos no estarán de acuerdo después, porque como es sabido (aunque digan otra cosa), primero que los niños está La Revolución... Y eso que ellos llaman "patria", que simplemente es el estado", finalizó, no sin antes enfatizar la necesidad de leer y entender completamente el texto.
Igualmente, la internauta Zae Giselle relató su experiencia en la discusión del proyecto, cuando fue convocada a una de estas reuniones de padres. "Según la profesora leía los acápites señalados, intenté explicar en el lenguaje más coloquial y aterrizado posible, la importancia de leerse el documento y sobre todo, intentar comprenderlo. Lo compartimos en el grupo de whatsapp para que todas tuvieran acceso y luego puedan plantear las dudas al respecto. Confío en que la mayoría va a preocuparse y ocuparse de leerlo y ventilar las dudas pero, sin lugar a dudas, estoy muy segura de que una gran mayoría no va a hallar incongruencias o señales de alarma en ese texto", expresó.
Asimismo, la usuaria detalló que el motivo de su alarma ante la inminente aprobación de la ley es que "en Cuba no existe un Estado de Derecho. Cualquier Ley expresada, creada y puesta en funcionamiento, hay que tener muy claro que, puede ser usada en contra de todo lo que atente a los intereses del Estado. Se están `blindando´ y quien no quiera verlo, más que de inocencia, peca de ceguera selectiva".
La alarma generada en torno al documento tiene todo el sentido. En febrero pasado, se llevó a cabo un encuentro para discutir el anteproyecto de ley en Las Tunas. De acuerdo con el diario local, fue la doctora en ciencias Beatriz Roque Morales, directora a nivel nacional de Educación Especial, quien estuvo a cargo de explicar a los presentes las especificidades del texto.
Entre los presentes, se encontraban Nilser Piñeda Cruz, director general de Educación; Juana Yamilka Viñals Suárez, vicegobernadora; y Marbelis Mir Corrales, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Una nota muy parecida, publicada por el medio local Vanguardia, reseñó una reunión acaecida en Villa Clara. En esta ocasión, el encuentro fue presidido por la doctora en Ciencias Gema Díaz Díaz, directora general de Formación y Actividad Científica del Ministerio de Educación, quien disertó frente a "subdirectores del sector educacional, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia, la Fiscalía, entre otras instituciones y representantes de organizaciones políticas y de masas".
Algo similar marca las reuniones, y es que, en ambos casos, se ha buscado una figura con titulación académica para explicar los detalles del documento. Sin embargo, las autoridades se han cuidado mucho de hacer que un experto en temas legales asesore estas disertaciones.
Como debió pasar en los encuentros con los padres, se ha evitado invitar a un perito en derecho que pueda mostrar a profesores y padres los beneficios y riesgos asociados a la inminente aprobación de la normativa. Esta omisión, que pudiera parecer accidental, se repite en cada encuentro, lo que admite dudas sobre su intencionalidad.
Los encuentros para adiestrar a personal docente respecto al anteproyecto tienen lugar desde enero pasado. Sin embargo, al no realizarse bajo la supervisión de expertos en derecho, estos han contribuido a la desinformación legal respecto al documento. (Foto tomada del perfil de Facebook de la DGE Cienfuegos)
Una revisión superficial del anteproyecto de ley, encontraría la primera incongruencia apenas en el artículo 2, en el cual se declara la legislación como un fruto de los acuerdos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Empero, la ley explicita que los derechos y deberes reconocidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes pasan por el filtro estricto de la Constitución de la República, documento legal que, per se, amordaza las libertades del pueblo cubano. Para menores y jóvenes, la libertad personal, de pensamiento, conciencia, expresión o religión quedan sujetas a las voluntades estatales.
También el Estado se reserva el derecho de separar a los menores de su entorno, siempre que sea en pro del "bien superior del menor", aunque no se especifique a qué se refiere concretamente este sintagma nominal con harta presencia en el código de marras.
Como de costumbre, la estrategia comunicacional del Estado se centra en resaltar superficialmente aspectos positivos, mientras silencia acápites controvertidos de la legislación. (Foto tomada de Facebook)
Es también responsabilidad estatal el asegurar condiciones de vida dignas para el menor. De acuerdo con el artículo 182 del documento, “El Subsistema de protección social garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a un nivel de vida que les permita su mayor realización física, mental, espiritual, moral, social y cultural posible; tiene como objetivo la prevención de situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y proporcionarles las mismas oportunidades, a través de políticas, programas, planes e intervenciones”.
En la práctica, múltiples son las muestras de la incompetencia estatal para garantizar entornos adecuados a las infancias. El incumplimiento de estrategias como el Programa Nacional Demográfico para Madres con tres o más hijos menores de 17 años, condena a la precariedad habitacional a miles de infantes a lo largo del país.
En 2022, unas 6700 familias se vieron beneficiadas por este plan; el pasado año, poco más de 400 viviendas fueron entregadas, dando cuenta de la poca atención a una problemática que se agrava sin remedio.
Podemos referirnos, además, a las alarmantes condiciones en que se desarrolla la docencia en Cuba, marcada desde 2023 por el déficit de casi 18 mil profesionales, sin que se hallen soluciones efectivas. Básicamente, la estrategia gubernamental se basa en trasladar la situación de una provincia a la otra.
Otro aspecto capaz de atraer poderosamente la atención es el acápite 191, referente al subsistema de justicia penal adolescente. En este, se especifica que las medidas privativas de libertad no constituyen prioridad en el caso de los menores, de manera tal que se evitará ponerlos en práctica salvo en caso de necesidad extrema.
“Para la implementación del sistema de justicia penal adolescente se pueden adoptar medidas extrajudiciales que son de aplicación preferente e implican derivar el asunto fuera proceso penal, aun cuando el adolescente haya alcanzado la edad de responsabilidad penal, que evitan la estigmatización y los antecedentes penales, e incluyen el trabajo comunitario, la supervisión y orientación a cargo de funcionarios designados, las conversaciones familiares, la reparación a las víctimas y otras opciones de justicia restaurativa”.
Esta determinación contrasta con lo dispuesto en 2021, cuando al menos 64 menores de edad fueron condenados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J.
En diciembre de 2022, el Gobierno cubano no tuvo otra alternativa que admitir ante el Comité de los Derechos del Niño, en Ginebra, el haber encarcelado a 39 menores de edad.
Para justificar su decisión, alegó “un profundo desconocimiento de la realidad del país y la amplia protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba” por parte del Comité, a la par que esgrimió transparencia de los procesos judiciales.
“Se han sancionado 488 personas, incluyendo 39 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos", reconoció casi al final del informe.
Convenientemente, se evita mencionar que, buena parte de los adolescentes sancionados, recibieron penas por el delito de sedición, una de las figuras legales más severas en el país, y que puede ser castigada hasta con 20 años de prisión, o la muerte.
Este observatorio ha constatado la nula voluntad del Estado cubano respecto a implementar reinserción social cuando se trata de ser ejemplarizantes. Casos como el Rowland Castillo Castro, Emiyoslán Román o Marco Antonio Pintueles, son ejemplos de la separación de estudiantes de sus centros de estudio, a fin de que sirvieran de escarmiento ante futuros estallidos sociales.
En otro orden de cosas, el apartado sobre los derechos y deberes de las personas jóvenes establece que “Las personas jóvenes tienen derecho a la educación integral, inclusiva, fundada en valores, continua, pertinente, gratuita y de calidad”. Si decidiéramos detallar las decenas de ocasiones en que esta prerrogativa ha sido violada desde el año 1959, abarcaríamos un volumen entero.
Acaso el artículo más polémico resulta el 219 inciso b, donde se estipula como deber de los menores “la defensa de la Patria socialista”. Este precepto, amén de perpetuar el adoctrinamiento de las nuevas generaciones, podría ser supervisado en la práctica por el Subsistema de protección social, facultado para identificar qué accionar se ejecuta en el “mejor interés del menor”.
De esta manera, los menores se convierten legalmente en moneda de cambio efectiva para el control de los padres. No es la primera vez que activistas y ciudadanos que disienten son amenazados con la separación definitiva de sus hijos menores, de no cesar sus actividades cívicas.
Es decir, la aprobación del código haría legítima la arbitrariedad que se comete contra Nathalie Álvarez, hija de la ex-presa política Gloria María López, y hermana del ex-preso político Christian González.
La adolescente, que ha permanecido separada de su familia por casi cuatro años, y que fue enviada a una Casa Hogar del Estado donde fue hostigada por los cuidadores dada la condición de presos políticos de sus familiares inmediatos, se mantiene en régimen de reclusión en una de las Escuelas de Formación Integral (EFI). Estos centros no son otra cosa que las antes denominadas “escuelas de conducta”, instituciones bajo la tutela del Ministerio del Interior donde se congregan niños y adolescentes con alteraciones conductuales que inciden en su comportamiento social. Actualmente, y pese a la excarcelación de sus familiares, las autoridades continúan perpetuando el abuso al impedir que la pequeña se reintegre a su núcleo familiar. En febrero pasado, fue impulsada la campaña #SOSNathalie, que buscaba visibilizar la escandalosa violación.
El perfil de X Presos Políticos Cuba, denunció además la incomunicación forzada entre Nathalie y sus familiares. “Como consecuencia de esta situación, la niña sufre de mucha depresión, una condición que requiere atención y tratamiento especializado. Además de ser paciente psiquiátrica y necesitar medicación de forma regular, Nathalie necesita desesperadamente estar al lado de su madre, quien además de ser su progenitora, es enfermera de profesión. La presencia y el cuidado de su madre son cruciales para su bienestar emocional y físico”, alega la declaración.
Este caso es una muestra fehaciente de que el Estado no vela por el “interés superior del menor”, puesto que el restablecimiento de la niña a su entorno familiar podría significar el primer paso para su larga recuperación psicológica. Pese a ello, la larga lista de instituciones y especialistas que deberían certificarlo no lo harán jamás, en defensa del interés superior de la cúpula gobernante.
Respecto a la inminente aprobación de esta normativa, el Doctor en Ciencias Jurídicas y ex profesor de Derecho de la Universidad de Oriente, René Fidel González García, se refirió a la manera en que el Estado cubano “viene implementando a un ritmo acelerado, la conversión de lo que debieron ser las instituciones, normas de desarrollo y de garantía jurídica del Estado de Derecho que proclamó la Constitución de 2019, a las propias de un prototipo de Estado Despótico de Derecho y de su cultura institucional”, comenzó diciendo.
El Doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González García explicó como, de materializarse, el Código de la Niñez se articularía con disposiciones recientemente adoptadas. Esto, completaría el panorama de represión estatal que impera en la Isla. (Captura de pantalla del comentario de René Fidel González García en la publicación de Zea Giselle)
Según explicó, como toda norma jurídica, el Código de la niñez..., tributa a la represión y control social, en la medida en que viene a contribuir al panorama de terrorismo estatal suscitado en la Isla, institucionalizando el actuar arbitrario de las fuerzas represivas.
“El hecho de que ellas estén cada vez más descentralizadas es una cuestión terrible y muy novedosa. Cualquier funcionario con niveles de supervisión y aprobación muy formales toma decisiones especialmente importantes para la vida de cualquier ciudadano y su familia”, continuó.
“(...) los operadores de la represión actúan de acuerdo a la creencia de legalidad y legitimidad que favorecen estas normas y acciones de formación de valores, y de superación al interior de las instituciones, mientras por otro lado son condicionadas por la irrupción y validación en ellas del pensamiento del neoconservadurismo cubano. Está ocurriendo”, sentenció.
La preocupación de la sociedad civil en torno al tema, contrasta con el entusiasmo gubernamental y, sobre todo, con la bruma que se cierne sobre buena parte de los padres cubanos, ignorantes de las potestades que otorgan al Estado de aprobarse este texto legal.
Por este motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia la discusión arbitraria del Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes. Utilizando intencionalmente a profesionales docentes desprovistos de conocimientos en materia legal, los decisores de la Isla pretenden garantizar el respaldo popular, aparejado a un clima de desconocimiento y apatía entre padres y tutores legales.
Consideramos que, en el caso de un instrumento legal de tanto calado en el futuro de la sociedad cubana, deben ser especialistas en materia de derecho quienes guíen el proceso de consulta popular, a fin de que la aprobación u oposición del plebiscito pueda realizarse desde la instrucción certera.
Insistimos en que el anteproyecto de ley deja muchas zonas oscuras en su redacción, dotando al Estado de otra herramienta legal para el control de la ciudadanía ya que, en la práctica, blindará acciones cuestionables en tanto estas quedan “a discreción” de las autoridades.
La institucionalización del adoctrinamiento ideológico atenta enormemente contra los derechos humanos fundamentales recogidos dentro de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, texto supremo que garantiza el correcto desarrollo del menor basado en principios inalienables como la educación inclusiva, la libertad de pensamiento y de expresión.
Reducir estas prerrogativas al marco constitucional cubano y, por ende, al fracasado proyecto político del socialismo que el Gobierno declara como irrevocable, dista mucho de la concreción de “entornos de aprendizajes seguros y propicios” que la ONU proyecta en su plan de Desarrollo Sostenible 2030.
Instamos a la sociedad cubana a instruirse respecto a las implicaciones legales de dicho documento. Igualmente, pedimos a la comunidad internacional y organizaciones de derechos infantiles a estar atentas ante este nuevo atropello que pondrá en jaque las libertades individuales de infantes y padres en Cuba.