Maestros y estudiantes presos en Cuba: la anulación académica como estrategia
Fecha de lanzamiento: 29 de noviembre de 2024
A tres años de las históricas protestas del 11 de Julio de 2021; y en medio de la precariedad del sistema educativo cubano, el gobierno insiste en mantener tras las rejas a profesores y estudiantes de distintos niveles de enseñanza.
Sobre ellos, como pasa con los cientos de presos políticos que continúan encarcelados en los centros penitenciarios cubanos, se cierne la campaña de descrédito estatal. En cada una de las ocasiones en que un representante gubernamental se refiere a una manifestación de descontento ciudadano, tilda a los implicados de "delincuentes" o "revolucionarios confundidos", soslayando su formación profesional y tergiversando el origen humilde de los manifestantes con sesgos de marginalidad.
De acuerdo con las declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aquellos que salieron a las calles a demandar mejoras a la situación socioeconómica en el país, así como la libertad de Cuba, estuvieron motivados por "un nivel de provocaciones sistemático, escalado, que ha estado promoviendo la contrarrevolución en estos días".
En su comparecencia en televisión nacional en aquel momento, aseguró que las protestas no estaban siendo pacíficas. A la par, los medios de prensa oficialistas presentaron amplios historiales delictivos -en buena medida falsos- para descalificar a los prisioneros, a fin de justificar la persecución y eliminar las implicaciones políticas de las detenciones. Adicionalmente, varios de los detenidos fueron filmados mientras se inculpaban como parte de interrogatorios arbitrarios que no observaron garantían procesales.
En tal caso se encuentra el maestro avileño Yesniel de la Osa Miranda, sentenciado a ocho años de prisión. En un video precariamente editado, el profesor aceptó estar dispuesto a "cometer actos vandálicos orquestados desde el exterior", además de su participación en grupos de redes sociales expresamente antigubernamentales y de mencionar su implicación para organizar acciones contestatarias que nunca se llevaron a cabo.
El "reconocimiento de su culpabilidad" no es más que una estratagema parapolicial ampliamente usada para asfixiar brotes de disenso, con la cual pretendieron minimizar el impacto de las declaraciones de Díaz-Canel, quien en medio de la protesta llamó al enfrentamiento entre cubanos, dispensando un gran número de efectivos militares y de civil para reprimir a los manifestantes.
Aunque la televisión nacional lo presentó como un vulgar delincuente, Yesniel de la Osa Miranda estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y se desempeñaba como profesor de informática en la Secundaria Básica Onelio Hernandez Taño de Ciego de Ávila al momento de su detención. (Foto tomada del perfil de Facebook de Yesniel Miranda)
La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios (...) Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan en las calles en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, firmeza y valentía”, dijo.
La ola represiva que se desató después no tuvo precedentes. El profesor Pedro Albert Sánchez, quien durante años se desempeñó en la formación de varias generaciones de adolescentes, fue uno de los detenidos, a quien se le impuso una condena de cinco años de privación de libertad.
De acuerdo con la sentencia presentada por el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, organismo encargado del juicio sumario contra el maestro jubilado, Pedro Albert Sánchez es un ciudadano desocupado con apenas noveno grado de escolaridad sobre el cual pesaban cargos de Desorden público y Desacato.
Como elementos descriptivos de su conducta, el documento destaca que "no goza de prestigio social y se reúne con personas de desajustada conducta social". Con semejantes antecedentes, llama la atención que el tribunal no haya podido aportar pruebas de altercados que haya protagonizado el docente, quien nunca había sido sancionado.
En su descripción de Sánchez, el órgano judicial evitó referirse a las décadas de servicio del educador, cuyo currículum alberga varias decadas de enseñanza de las asignaturas Matemática y Física en varias instituciones preuniversitarias, entre ellas el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin. En 2018, se vio obligado a abandonar el magisterio de manera definitiva, debido a una enfermedad oncológica.
Si bien su historial profesional quedó reducido a un "noveno grado de escolaridad", las autoridades punitivas no niegan sus capacidades de liderazgo, atribuyéndole la responsabilidad por las consignas y el ímpetu de los manifestantes en la zona de Gunabacoa.
Durante años, el profesor Pedro Albert Sánchez impartió clases de Matemática y Física en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin. No obstante, su formación profesional fue reducida por las autoridades cubanas a un simple noveno grado de escolaridad, como parte de la estrategia de descalificación orquestada en su contra. (Foto tomada del perfil de Facebook del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin)
Tristemente, el profesor Pedro Albert Sánchez es solo un ejemplo de la descalificación académica de los profesionales que salieron el 11 de julio a reclamar libertad por las calles cubanas. Este patrón con base en la cancelación intelectual de los ciudadanos incómodos intenta marginalizar a los miles de ciudadanos que exigieron cambios en el país, a fin de negar ante la comunidad internacional las altas cifras de presos políticos y su composición heterogénea, representativa de una sociedad civil pujante.
La intención de desmoralizar como recurso de vulneración psicológica contra estos profesionales alcanzó al abogado y pedagogo Félix Navarro Rodríguez, con más de veintiún años de trayectoria en la docencia. Desde su juventud, el profesor impartió clases en las enseñanzas primaria y secundaria, especializándose en las asignaturas de Astronomía y Física. Su destacada labor en el claustro lo llevó a dirigir la Escuela Secundaria Básica “Crucero Aurora”.
No obstante, al momento de juzgar su participación en los hechos del 11J, su persona fue vilipendiada, reduciendo su accionar social al de un delincuente de asiduo atentar contra la estabilidad nacional. Solo se le reconoció grado de escolaridad de duodécimo grado, desconociendo formación y significativa hoja de servicios a la comunidad.
Para deliberar sobre este punto, se le describió como alguien con buenas relaciones vecinales, pero que "no participa en las actividades convocadas por las organizaciones de masas", y se reseñaron sus condenas por los delitos de Propaganda Enemiga (Causa 21/93) y por Actos contra la Integridad y Estabilidad de la Nación (Causa 8/03), ambos de carácter político.
Por su parte, a César Adriám Delgado Correa, graduado universitario de carrera profesoral y docente en activo al momento del suceso, no lo atacaron en su desempeño laboral, probablemente por la disponibilidad de colegas a aportar criterios positivos sobre su labor docente. Sin embargo, se arguyeron elementos como etiquetas usadas en sus redes sociales que, según el tribunal, "llamaban a la subversión en torno a campañas mediáticas orquestadas desde el exterior".
Ya en el penal de Agüica, donde cumple una sanción de cinco años de privación de libertad, se ha criminalizado su conducta. El pasado año, le fue negado el tránsito a un régimen penitenciario de menor severidad. Aunque inicialmente el Tribunal Provincial Popular de Matanzas no pudo aportar pruebas sobre su comportamiento antisocial, en febrero de este año el organismo alegó que, dentro de prisión, Delgado Correa era un infractor primario en régimen severo y que no estaba incorporado al trabajo socialmente útil por falta de contratación; esto, habiendo aprendido varios oficios en la propia cárcel.
El mismo Tribunal decidió negar el beneficio de excarcelación anticipada por considerarlo de "alta peligrosidad", concordando con lo dispuesto por la Dirección Provincial de Establecimientos Penitenciarios de Matanzas y los órganos operativos encargados de la rehabilitación -en este caso, innecesaria- del reo.
El factor común entre estos casos es que en ninguno de ellos se hace mención a la labor magisterial de los sancionados. Muy por el contrario, se anula si estos han cambiado de ocupación, motivados por la difícil situación económica del país.
En tal caso se encuentran los profesores Ángel Jesús Veliz Marcano, Nadir Martín Perdomo y Jorge Martín Perdomo. Al primero, solo se le reconoce una formación profesional hasta duodécimo grado, mientras que a los otros se les avalan estudios superiores pero su aporte social fue restringido a TCP (Trabajador por Cuenta Propia). No se valoraron las pruebas de la aportación al desarrollo profesional de sus comunidades, pese a las evidencias presentadas por los familiares; las cuales ni siquiera se hicieron constar en los autos previos o en los documentos de sentencia manejados por los Tribunales Municipales Populares de Camagüey y San José de las Lajas, respectivamente.
Para los estudiantes Emiyoslán Román Rodríguez y Rowland Jesús Castillo Castro, estar en pleno proceso de formación académica no fue atenuante ante la justicia cubana, tampoco su menoría de edad. Muy por el contrario, sus años de estudio fueron desconocidos al no haber concluido las enseñanzas a las que asistían.
En la misma línea desacreditativa resalta la documentación legal de José Ángel García Cuba, quien al momento de su detención y posterior enjuiciamiento era estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Paradójicamente, solo consta en los documentos judiciales su duodécimo grado de escolaridad.
Al momento de su detención, José Ángel García Cuba cursaba el segundo año de una tecnología de la salud en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. No obstante, se le describió como un individuo de pésima conducta social, capaz de projocar fuertes altercados hayándose en estado de embriaguez. Esta afirmación difiere de sus méritos académicos. (Foto de referencia tomada del medio local Radio 26)
Sin embargo, su figura fue fuertemente criminalizada en el tribunal, atribuyéndole relaciones asiduas con "personas de desajustada conducta moral y social", con actitudes desafectas al "proceso revolucionario".
Por demás, se le describió como alguien que "deambula a altas horas de la noche; gusta de la ingestión de bebidas alcohólicas y en estado de embriaguez altera el orden". Esta representación peyorativa es francamente inconsistente con la vida diaria de un estudiante de ciencias médicas del que no se pudieron aportar antecedentes penales.
Tampoco pesaron las consecuencias del procesamiento penal para estudiantes como Marco Antonio Pintueles, encarcelado en medio del período de exámenes finales de Técnico Medio en Economía, en la ciudad de Holguín; o de José Alejandro Rodríguez Gelin, alumno del segundo año de la especialidad de Español-Literatura de la Licenciatura en Pedagogía del Instituto Superior Pedagógico de Matanzas a quien solo le acreditan un noveno grado aprobado, siendo un estudiante de sobresaliente trayectoria académica a su paso por la enseñanza general. Ambos continúan encarcelados y a expensas de represalias por sostener su derecho al ejercicio de la libertad de expresión.
Lo antes descrito, nos permite establecer un patrón represivo específico hacia los presos políticos con créditos profesionales o estudiantiles. Se trata de una metodología basada en la marginalización de los manifestantes a fin de fortalecer el discurso oficial que requiere demeritar las expresiones ciudadanas del disenso, restándole peso político-ideológico al diferendo pueblo vs. gobierno.
El Observatorio de Libertad Académica denuncia la criminalización sistemática de los presos políticos por parte del Gobierno cubano. El soslayo intencional del aporte social de muchos de los ciudadanos encarcelados por motivos políticos redunda en el propósito de aislarlos del colectivo, en un afán de “legitimar” la insostenibilidad ética y jurídica de su cautiverio.
Por último, consideramos que el actual déficit de maestros en las aulas cubanas, cifra que sobrepasa con creces los 17 mil profesores necesarios, además de la crisis de abandono escolar en todos los niveles de enseñanza, coloca al sector educativo en una situación de vulnerabilidad extrema, francamente incompatible con el abuso de poder extremo que mantiene a educadores y estudiantes inocentes tras las rejas.