Fecha de lanzamiento: 2 de noviembre de 2024

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El pasado 18 de octubre, el Estado cubano presentó su IX Informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). La nación caribeña, rindió cuentas sobre sus progresos en la materia, en el marco de la 89 Sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, efectuado en Ginebra, Suiza.

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De acuerdo con la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, “La nación caribeña se presentará a este ejercicio con innegables avances en la protección y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas, en particular de las mujeres y niñas, y contando además con las herramientas necesarias para abordar los retos identificados en la materia”.

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En el año 2013, dicho Comité evaluó la existencia de una legislación nacional capaz de proteger a las féminas. Al respecto, elaboró una serie de recomendaciones entre la que se cuentan la promulgación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, así como la institucionalización de mecanismos eficaces para prevenir y enfrentar este tipo de violencia.

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Además, refirió que el país debía crear campañas de sensibilización a la población, capacitar a especialistas que trabajasen con las víctimas, crear refugios para estas, recopilar datos fiables sobre el tema, y establecer mecanismos para la denuncia eficaz de este flagelo.

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Según lo estipulado por el organismo internacional, Cuba debió rendir cuentas sobre sus avances en el año 2017. Sin embargo, el Gobierno cubano suscribió el informe en 2022 soslayando dar cuentas sobre los principales acápites recomendados.

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En esta ocasión, la Misión Permanente que representa a Cuba ante las Naciones Unidas en Ginebra y otros organismos globales con sede en Suiza, intenta convencer a la CEDAW de que el Gobierno cubano trabaja en pro de la eliminación de la violencia de género, cuando la realidad es bastante diferente.

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Para ello, el informe enumera una serie de disposiciones y acuerdos legales implementados en Cuba y que dan supuesta cuenta del trabajo gubernamental procurando el adelanto de las mujeres. Entre estos pueden contarse la Carta Magna de 2019, los documentos de Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, el acuerdo 9231/2021 del Consejo de Ministros “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”, el Código de las Familias y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).

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Ninguna de las herramientas mencionadas cumple con el primer y principal requisito recomendado por el CEDAW: una Ley Integral contra la Violencia de Género.

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Por demás, el informe estatal se enorgullece de estar “capacitando” a sus juristas en cuestiones de género, haber incluido la asignatura Género y Derecho como parte de las materias optativas de la formación de pregrado en Derecho, y la celebración de congresos nacionales e internacionales sobre la protección a las mujeres.

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Asimismo, respalda el apartado de la “sensibilización de la población” con los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género. Refieren que esta se realizó con una muestra representativa de la población cubana en 2016, y arrojó que “88,7 % de la población cubana de 15 a 74 años consideró que en Cuba se aplican leyes que protegen a las mujeres y que existen políticas y acciones específicas a favor de las mismas. El 85,5 % afirmó también que existen lugares o servicios que dan atención a las mujeres víctimas de violencia; y el 83,7 % que existen organizaciones donde las mujeres pueden plantear sus necesidades y preocupaciones”.

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A su vez, el Gobierno reseña la puesta en práctica de programas de apoyo al adelanto de las mujeres en todas las esferas de la sociedad cubana, de conjunto con la Organización de Naciones Unidas, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y, por supuesto, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), como organismo aglutinante de las féminas en Cuba.

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Vale apuntar que en el compilado oficial se obvia totalmente la labor de iniciativas independientes y observatorios de la sociedad civil, que asumen sistemática y realistamente la lucha contra la violencia de género, ya sea desde la denuncia de la agresión, acompañamiento sicológico a las víctimas y sobrevivientes, así como la creación de un registro de incidentes -que se realiza de manera clandestina debido a las limitantes que impone el Estado cubano-.

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Finalmente, el reporte gubernamental ensalza el nuevo Código Penal como una herramienta para la protección de las mujeres. Según el informe, esta figura legal “Visualiza el enfrentamiento a estos fenómenos en 36 figuras delictivas, a las que se incorporan modalidades con sanciones específicas que hacen referencia a la violencia de género y familiar o a motivos discriminatorios, agravando las sanciones en una amplia mayoría de estos”.

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Por demás, se ufana de la incorporación a este objeto legal de “la posibilidad de imponer la nueva sanción accesoria de prohibición de acercamiento a la víctima o perjudicado, sus familiares y personas allegadas”; así como de incluir las figuras delictivas “agresión sexual” y “abusos lascivos”.

Todo esto, para evitar referirse a que el país continúa sin incluir el “feminicidio” como figura delictiva dentro del código penal. Esta negligencia ha dejado un saldo de 247 víctimas confirmadas en los últimos cinco años.

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Paralelamente, la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, se reunió con Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su encuentro, la funcionaria cubana aprovechó para achacar al embargo norteamericano la nefasta situación socioeconómica prevaleciente en el país, responsabilizándolo por las negativas circunstancias que enfrentan mujeres y niñas.

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Con vistas a la exposición del informe gubernamental cubano, el pasado 14 de octubre se celebró un encuentro informal entre varias ONGs cubanas y el CEDAW. En esa ocasión, el comité internacional pudo ponerse al tanto sobre la situación de las féminas con respecto a la migración interna, la violencia de género, los feminicidios, la discriminación por motivos raciales o de preferencia sexual, así como la ola represiva desatada contra artistas, periodistas e intelectuales en Cuba.

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Como parte de la contribución de la sociedad civil cubana a la plataforma de CEDAW, el Observatorio de Libertad Académica, en alianza con el Observatorio de Derechos Culturales (ODC), la Fundación 4Métrica, Civil Rights Defenders, el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (Instar) y el medio independiente El Estornudo, presentó su propio informe sobre la situación de los derechos de mujeres y niñas en el sistema educacional cubano, el cual fue enviado al CEDAW para su análisis.

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En este, se enumeraron las disposiciones gubernamentales adoptadas por el Gobierno cubano para erradicar la violencia de género. A la par, se hace hincapié en la insuficiencia de estas frente al deterioro incontenible del escenario sometido a escrutinio en esa instancia internacional.

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"La permisividad estatal hace que dependencias como el Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Cultura (Mincult), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) respalden y mantengan en sus filas a depredadores y abusivos por razones como la necesidad de profesores, la relevancia artística y el compromiso político, o que se desentiendan de las violaciones a los derechos de las mujeres que las involucran como centros hospederos de los incidentes de abuso de género", especifica el documento.

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Mediante ejemplos específicos, el equipo de investigadores logró mostrar la normalización de la violencia hacia las mujeres en Cuba, y cómo una buena parte de los casos en los que estas han sido víctimas, se vieron reducidos a denuncias en las redes sociales, sin que mediara el accionar punitivo de las autoridades competentes.

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"En ausencia de una Ley Integral contra la Violencia de Género, los espacios donde se desarrolla la vida cultural del país, así como los artistas exponentes de los valores culturales de la nación se constituyen en una especie de zona de tolerancia para la vulneración de los derechos de las mujeres y, con ello, para la marginación de su disfrute de los derechos culturales".

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Para una cobertura global del fenómeno, el informe se refiere al deterioro del sistema docente del país, rama de la vida social que no escapa a la violencia. Los episodios de acoso y violencia sexual forman parte activa de la vida cotidiana en Cuba, incluyendo el espacio educativo.

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Mientras la sociedad civil denuncia públicamente los incidentes, el tratamiento gubernamental es más bien cómplice, tratando "con pinzas" los casos y, en su mayoría, tendiendo un velo de secretismo al respecto, con la intención de no ver comprometido el prestigio de su sistema educativo de cara a la comunidad internacional. De esta manera, a los comisores de delitos de esta índole comunmente se les imponen sanciones leves y, eventualmente, son reintegrados al espacio educativo, prevaleciendo "la necesidad de ocupar las plazas docentes por encima del riesgo potencial que implicaba la reubicación laboral".

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Luego de mencionar varios sucesos concretos donde las víctimas han estado en contacto directo con depredadores como parte de su régimen de instrucción cotidiano, el informe adujo que "los entornos educativos cubanos destinados a cualquier tipología y nivel de enseñanza, son en extremo inseguros respecto a incidentes de acoso y violencia contra las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres estudiantes y profesoras".

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Evidentemente, es imposible deslindar la responsabilidad de los Ministerios de Educación y Educación Superior.

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La evaluación estadística permitió constatar la magnitud del deterioro de los derechos educacionales en mujeres y niñas. Las cifras publicadas muestran una tendencia decreciente en cuanto al número de matrículas en el caso de las féminas, que se hace alarmante a medida que avanza la enseñanza. Asimismo, se muestran volúmenes preocupantes de deserción escolar en las enseñanzas media y superior.

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A partir del estudio de la Encuesta de Indicadores Múltiples Conglomerados (MICs) de 2019, el informe pudo constatar que el 10 % de las estudiantes abandonan los estudios una vez finalizada la educación secundaria. La cifra crece hasta un 39 % en el caso de las adolescentes que terminan la enseñanza media y técnica profesional. A esto debe sumarse que, según los datos del Anuario Estadístico de 2021, casi el 30 % de las jóvenes que abandonan sus estudios o deciden no continuarlos viven en el medio rural, lo que evidencia la brecha social con el entorno urbano.

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En este sentido, se ha demostrado que "requerimientos adicionales como disponibilidad de medios de transporte y alimentación para centros escolares distantes o semi-internos e internos, y el elevado déficit de maestros en todos los niveles del sistema educativo" están relacionados con el abandono escolar. Esta depauperada situación social está estrechamente relacionada con la crisis sistémica persistente, ante la cual el Gobierno cubano ha demostrado carecer de herramientas de solución efectivas.

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El exhaustivo estudio de las escasas cifras oficiales, permitieron a los especialistas del Observatorio de Libertad Académica identificar irregularidades en los datos oficiales. Aun así, la condición educativa de las mujeres y las niñas sigue siendo motivo de alarma.

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Respondiendo a los puntos requeridos por el CEDAW, se declara la abstención de las autoridades educativas cubanas para proveer una estadística actualizada sobre la incorporación de afrodescendientes a los distintos niveles de enseñanza, lo que dificulta la creación de un mapa real sobre la igualdad de oportunidades para todas las féminas.

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Con respecto a la educación con enfoque de género, aprobada mediante la Resolución No. 16/2021 del Ministerio de Educación, - y que Cuba enarboló como ejemplo de su compromiso con el avance de la mujer en su informe ante CEDAW- vemos que en ese mismo año su aplicación se declaró aplazada indefinidamente.

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Esta declaración contrasta con la aplicación del Tercer Perfeccionamiento de la Enseñanza, que implicó la utilización de cuantiosos recursos económicos y capital humano en el rediseño de los libros de texto de la enseñanza general, los cuales incluyen una mayor carga doctrinal para los educandos.

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Atendiendo a ese particular, la única arista que quedó sin cubrir en la adecuación de los planes académicos es, precisamente, la inclusión del enfoque de género. Detrás de esta medida, se esconde el temor a los sectores más conservadores de la sociedad cubana, quienes no ven con buenos ojos que los estudiantes sean instruidos en estas materias.

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"Se puede afirmar que no existe la voluntad política para aplicarla ya que, de hacerlo, el Estado cubano enfrentaría una tenaz resistencia de los sectores conservadores y religiosos en medio de la volatilidad social permanente en que Cuba sobrevive. Es de destacar el silencio oficial al respecto después de comunicar, en septiembre de 2021, el aplazamiento de su implementación", describe el informe.

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Como resultado de los informes presentados por la sociedad civil, el CEDAW publicó las consideraciones finales sobre el reporte presentado por Cuba. Además de incluir en su página web los informes no gubernamentales, el organismo fue crítico con el Gobierno cubano. Este comportamiento se contrapone a su habitual permisividad respecto a la narrativa oficial.

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Entre las recomendaciones del Comité destaca la inclusión de la educación en derechos humanos de las mujeres en todos los niveles de enseñanza, así como la creación y fortalecimiento de campañas para desterrar estereotipos machistas sobre los roles de la mujer en la familia y la sociedad.

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Se puede leer que el Estado deberá "Intensificar los esfuerzos para garantizar la retención y reinserción de las niñas embarazadas y las madres jóvenes en el sistema educativo, incluso proporcionando servicios de guardería asequibles y apoyo educativo y parental fuera de la escuela para las madres jóvenes".

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Adicionalmente, deberá garantizar el acceso educativo de mujeres y niñas con discapacidad, las cuales deberán tener facilidades a fin de garantizar su permanencia en el sistema educativo, amén de las dificultades físicas, económicas o sociales que puedan presentar.

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Por último, urgieron a las autoridades educativas a "Priorizar la implementación de la Resolución 16/2021 que establece el Programa Integral de Educación Sexual en el sistema educativo nacional e integrar en los planes de estudios escolares educación sobre género y sexualidad apropiada para la edad, incluida la educación sobre conductas sexuales responsables, para prevenir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual".

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El Observatorio de Libertad Académica se congratula de su papel en el cambio que han podido gestar las iniciativas de la sociedad civil cubana ante los organismos internacionales, a fin de mostrar una visión objetiva de la realidad de nuestro país.

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La recepción y reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de una verdad diferente al discurso triunfalista enarbolado hasta el cansancio por el Gobierno cubano, ratifica nuestra encomienda social de denuncia de la violencia académica ejercida por el Estado, así como la voluntad de acompañamiento a las víctimas expresada por nuestro colectivo de investigadores.

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