Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2024

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Como parte del informe Convocatoria de contribuciones: libertad académica y libertad de expresión en las instituciones educativas, esta Relatoría Especial de la ONU incluyó el reporte del Observatorio de Libertad Académica (OLA) en el que se explicita la violencia ejercida por el Estado cubano en el ámbito académico.

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Según el documento, "Destaca el conjunto de Principios para la aplicación del derecho a la libertad académica, redactados por un grupo de trabajo de expertos de las Naciones Unidas, académicos y actores de la sociedad civil, que se basan en el derecho y la práctica internacionales y reflejan su situación. La aprobación y aplicación de estos Principios permitiría una mejor situación de la libertad académica en todo el mundo".

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Con vistas a la redacción de este se estudiaron las comunicaciones enviadas por los distintos países. Continuando con su línea distorsionante, el Gobierno cubano aportó una descripción benévola de la situación de las libertades académicas y de expresión en el ámbito educacional. De esta manera, pretende sostener el falseo sistemático de la realidad cubana, el mismo que ha venido implantando en plataformas internacionales por los últimos 65 años.

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Así, la comunicación redactada por el Estado cubano ensalza los altísimos niveles de preparación de la población; reconoce el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y educación, haciendo hincapié en las supuestas libertades de las instituciones académicas para decidir las cuestiones referentes a su profesorado y metas investigativas; a la par que culpa una vez más al “bloqueo” de las limitaciones que pudieran existir respecto al desarrollo educativo.

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Para demostrar esto último, hacen referencia al veto de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas, quienes "no pueden acceder a más de 300 sitios en internet de interés para los informáticos, en tanto están bloqueados para las direcciones IP cubanas, lo que impide la descarga de recursos para instalar o actualizar las tecnologías, y dificulta el desarrollo académico, investigativo y productivo de la Universidad".

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Sin embargo, y como era de esperar, la parte cubana evitó reseñar las implicaciones que tiene el totalitarismo en el correcto desempeño de las libertades académicas dentro del país. Su escueto texto es más bien un muro de las lamentaciones que termina insistiendo en la necesidad de eliminar el "bloqueo" proveniente de los Estados Unidos.

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"El bloqueo limita los intercambios académicos entre estudiantes y científicos, así como el acceso de profesores y estudiantes a la información científica y herramientas informáticas", sostiene el informe.

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De esta manera, se silencia la violencia que se viene ejecutando contra estudiantes, profesores e investigadores que disienten, y que se ha agudizado en los últimos años. Se evita mencionar las expulsiones de alumnos y docentes en planteles de los distintos niveles de enseñanza, las detenciones arbitrarias de las que muchos han sido objeto y, cómo no, la violencia física y psicológica a la que se han visto expuestos, siendo el caso más reciente el de las historiadoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.

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En contraste con el glosario de falsedades que sin pudor expuso el oficialismo cubano, el Observatorio de Libertad Académica respondió a las principales interrogantes planteadas por la Relatoría de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, enfocándose en el recorte de las libertades académicas en Cuba.

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Inicialmente, demostró como, solo en papel, existe una cierta libertad que en la práctica no puede ser ejercida, quedando a merced del entramado totalitario gubernamental las disposiciones pertinentes en materia de derechos educativos.

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"El sistema educacional está, en todos sus niveles, supeditado a la política y gestión del Estado y del PCC. El Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio de Educación Superior (MES) son los organismos centrales del Estado que proponen, dirigen y controlan las políticas educativas, las cuales están diseñadas para promover los intereses políticos e ideológicos del Partido Comunista de Cuba y su denominado ‘Gobierno Revolucionario’”, sostiene esta organización de la sociedad civil.

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Además, OLA explica cómo el Estado cubano ha conseguido crear una relación de dependencia casi impermeable entre política y educación, limitando así la libertad de cátedra. De esta manera, estudiantes y profesores encuentran la defensa de la ideología socialista como un requisito insoslayable en los reglamentos de todos los niveles de enseñanza, y el hecho de mostrar una conducta contraria a las ideas pautadas por el Partido Comunista de Cuba puede redundar en la separación definitiva de sus centros de estudio o trabajo. Por ende, la "firmeza político-ideológica" es uno de los requerimientos indispensables para ser profesor ya que este principio debe ser trasmitido a los estudiantes.

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El equipo de investigadores del Observatorio considera como principal reto para la libertad académica el hecho de que las "normas están diseñadas para impedir su ejercicio. Tanto a profesores como a estudiantes, en todos los niveles del sistema educacional, se les condiciona su permanencia y desarrollo a la observancia de las cláusulas ideológicas establecidas mediante las normativas reguladoras del proceso docente (Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Como reto derivado de las circunstancias descritas, contemplamos la reestructuración del entramado legal vigente por otro que garantice, en primer lugar, el derecho a la educación sin cargas discriminatorias de ninguna índole".

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Por consiguiente, OLA niega la existencia de la libertad académica y de expresión al interior de los centros educacionales cubanos, así como de códigos de respaldo del que pudiesen valerse los profesionales/alumnos para garantizar el correcto funcionamiento de estas premisas.

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La organización también hizo alusión al esquema de financiación de los centros docentes en Cuba, sujeto casi en su totalidad a los presupuestos estatales. Asimismo, se refirió al escrutinio exhaustivo de cualquier ingreso económico percibido por un centro específico derivado del convenio de intercambio investigativo entre este y su homólogo de cualquier país; llamando la atención sobre el monitoreo que las fuerzas represivas cubanas hacen de la investigación y sus resultados; también del poder que tienen para rescindirlo cuando estos últimos puedan perjudicar sus intereses.

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"No existen garantías para la libertad académica, aun tratándose de convenios internacionales. Estos pueden ser bloqueados y suspendidos según disposiciones de la Seguridad del Estado, incluso si el PCC no está de acuerdo. Los investigadores pueden ser expulsados y sometidos a procesos judiciales sin garantías legales, controlados también por la Seguridad del Estado. Los convenios se violan, aunque esté involucrada una institución extranjera, la cual deberá acatar lo dispuesto por las autoridades académicas cubanas controladas por la Seguridad del Estado o la situación pudiera escalar a un conflicto diplomático que la parte extranjera, usualmente, prefiere evitar", sostiene el informe.

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Por añadidura, OLA abordó la explotación del personal docente por concepto de "asistencia técnica exportada", mediante el cual se han enviado miles de profesionales al exterior, expuestos a pésimas condiciones de trabajo y salariales.

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"Las ‘misiones educativas’ forman parte de la militarización de la sociedad cubana al ser gestionadas por el conglomerado comercial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Grupo de Administración Empresarial, S.A, GAESA, a través de empresas como la Corporación Antillana Exportadora, Antex, S.A, contando con el MINED y el MES para la selección del personal docente, preferiblemente de probada fidelidad política o militancia comunista. Las ganancias obtenidas por la exportación de esos recursos académicos son información no publicada, en la práctica se maneja como confidencial, sin que se tenga evidencia de su reinversión en el sistema educativo cubano, aunque a los cooperantes se les comunica verbalmente que parte de su salario estará destinado a ello".

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Igualmente, se hace referencia a la vigilancia de las fuerzas represivas al interior de los centros docentes, materializada con la presencia de efectivos de la Seguridad del Estado en las instituciones. Estos, están facultados para intervenir cualquier violación al respeto de la doctrina marxista-leninista impuesta en todos los niveles de enseñanza. Lo anterior, les da el poder para determinar la expulsión de estudiantes y profesores, o llegar a extremos tan alarmantes como extraer a una niña de siete años de la dependencia educacional sin el permiso de sus padres para exponerla a un interrogatorio.

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El cerco represivo es tan amplio, que incluso los libros de las bibliotecas son fuertemente escudriñados y, una simple alusión a un escritor considerado "polémico", pudiera convertirse en un incidente ideológico con graves implicaciones para quien lo cometa. La exclusión de importantes autores cubanos de la bibliografía de una disciplina constituye un hecho de violencia académica per se, también registrado y descrito por el Observatorio.

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De acuerdo al sitio oficial de Naciones Unidas, la figura del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación es un observador independiente, se encarga de velar por el cumplimiento del acceso equitativo a la instrucción, recomendando a los gobiernos políticas que ayuden a perfeccionar el funcionamiento en las áreas docentes de manera inclusiva y óptima.

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"El Relator Especial se ocupa de cuestiones relativas a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación, desde el nivel preescolar hasta el terciario, incluso en los sistemas o mecanismos de enseñanza no académica".

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Desde 2022, esta tarea recae en la Sra. Farida Shaheed, importante miembro de la sociedad civil de Pakistán y luchadora por los derechos de la mujer en ese país. "También es experta/consultora independiente para numerosas agencias de desarrollo internacionales y bilaterales de la ONU, el gobierno de Pakistán, así como para iniciativas de la sociedad civil, y forma parte de múltiples comités consultivos internacionales y nacionales", añade la página web.

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Si bien la relatoría solo tiene la facultad de hacer "recomendaciones" a los gobiernos, el hecho de que se haya incluido el informe de OLA, -una organización de la sociedad civil cuyo fin es relatar los recortes a la libertad académica en Cuba desde 1959-, es motivo de júbilo.

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A partir de 2020, el Observatorio de Libertad Académica inició la conformación de una memoria histórica de las violaciones perpetradas contra los derechos de estudiantes, profesores e investigadores en Cuba. A través de los ya publicados 40 informes, ha reunido valiosos testimonios de las víctimas, a partir de los cuales elabora estadísticas fidedignas sobre la evolución y estado de las libertades docentes en el país, a la par que monitorea y denuncia los nuevos incidentes de vulneración de derechos contra esa comunidad.

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El grupo de investigadores del OLA se siente complacido con este resultado, fundamentalmente porque implica el reconocimiento de la alternativa al discurso oficial, el mismo que ha acallado el dolor y la impotencia de las víctimas de la violencia de Estado perpetrada contra los discriminados por las estructuras académicas cubanas. Este paso afianza nuestra voluntad de acompañamiento y respaldo a estudiantes, profesores e investigadores que se han visto privados de su realización profesional plena y de la oportunidad de tributar al desarrollo de Cuba. Sostenemos que el rescate de la verdad es garantía de no repetición.

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