Fecha de lanzamiento: 27 de mayo de 2024

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El pasado 22 de mayo, la profesora Alina Bárbara López Hernández cumplió tres meses del secuestro arbitrario de sus comunicaciones. En febrero de este año, cuando se disponía a participar en un panel de VocesxCuba "Constitución de 2019: ¿letra muerta o inviable?", la académica notó una falla en su acceso a la red telefónica, que se hacía extensible al uso de internet por datos móviles y al control de sus cuentas bancarias mediante la aplicación Transfermóvil.

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La frecuencia de estos cortes de internet, orquestados por la Seguridad del Estado contra figuras claves de la sociedad civil en fechas señaladas es bastante común, por lo que la profesora centró su atención en lograr su participación en el foro académico, tal vez convencida de que, como mismo había desaparecido, su acceso a la red volvería.

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A propósito del tema, se pronunció en sus redes sociales. "Esta empresa estafa de ese modo a los clientes que hacen recargas desde el exterior a sus familiares y amigos en Cuba. Ello muestra muy poca seriedad en el tratamiento a los clientes, tanto dentro como fuera de Cuba", dijo refiriéndose a ETECSA, empresa que tiene licencia exclusiva de telefonía en el país.

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Además, López Hernández manifestó su voluntad de acudir a las dependencias de la única empresa de telecomunicaciones del país para exigir una explicación razonable respecto a esta nueva violación de sus derechos.

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Luego de personarse en una de las oficinas de ETECSA en la ciudad de Matanzas, pudo constatar que, al menos teóricamente, su servicio permanece activo. "Ya yo fui, y ETECSA dice que yo no tengo ningún problema, que soy una usuaria que no tiene limitaciones, pero las tengo", explicó.

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Al ver esto, la profesora intentó explicarle su situación a la funcionaria, responsabilizando directamente al Ministerio del Interior y a la Seguridad del Estado por la ausencia de servicio. Por respuesta solo escuchó: "Ahí no llegamos nosotros".

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Meses han pasaron sin un cambio en su condición. Durante estos, la intelectual no ha dejado de lado su labor en redes sociales, valiéndose de la solidaridad de personas de su entera confianza, quienes le comparten internet creando una especie de "zona Wifi" que la ha mantenido activa en redes sociales.

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Sin embargo, el pasado 18 de mayo, "casualmente, me empezaron a entrar llamadas al móvil, sms que tampoco me entraban; pero internet sí está cortado. Tres meses ya", dijo en exclusiva para el Observatorio de Libertad Académica.

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Recordemos que, como cada día 18 de mes, Alina Bárbara protagonizó su ya tradicional protesta cívica en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas. Mientras esto pasaba, un fuerte operativo policial se desplegaba en torno a varios activistas de la sociedad civil, quienes además reportaron cortes en la telefonía celular.

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Una de ellas fue la también investigadora Jenny Pantoja Torres, quien logró evadir la fuerte vigilancia de la que es objeto y salir de la capital para acompañar a Alina en su acción cívica. Ambas homenajearon al apóstol José Martí a escasas horas de que se cumplieran 129 años de su caída en combate.

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Durante unas horas a Alina le fue restituido el acceso a las llamadas y mensajes. Casi seguramente los agentes de la SE esperaban una comunicación entre ambas para dar caza a Jenny y llevarla, arbitrariamente, de vuelta a La Habana.

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En su crónica del día, López Hernández describió su encuentro con Jenny como "una agradable sorpresa", dando cuenta de que no medió comunicación previa entre ellas. Casi inmediatamente, el servicio telefónico volvió a ser retirado. 

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El 17 de agosto de 2021, se hizo público mediante la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto-Ley No. 35 "DE LAS TELECOMUNICACIONES, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO".

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Este, en su artículo 14 inciso a, establece que "El usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones/TIC tiene derecho a Acceder en condiciones de igualdad y asequibilidad a todos los servicios públicos de telecomunicaciones/TIC que se presten en el país, y a recibirlos con calidad y un trato eficiente, equitativo y no discriminatorio al solicitar o hacer uso de estos, de acuerdo con las condiciones y limitaciones propias de la naturaleza de cada servicio en cuestión;".

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En el apartado B, se refiere al derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones y a la privacidad de los datos personales. Este elemento, en el caso específico de Alina Bárbara López Hernández, también ha sido vulnerado puesto que recientemente y por presunta orden de la Seguridad del Estado le fue sustraído un monto importante de su cuenta de ahorros en Moneda Libremente Convertible.

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Tal y como supo más tarde mediante un link que recibiría de un usuario en Facebook con una clara afiliación a la SE, este monto fue hurtado por orden de la Fiscalía (sin previa notificación oficial) en su afán de resarcir la suma de 7 mil pesos correspondientes a la multa impuesta como resultado del juicio arbitrario en su contra, y respecto a la cual la académica se había declarado "en desacato".

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Paradójicamente, la contrariedad se explicita en la misma ley, al establecer esta en su artículo 69 que "Los operadores y proveedores, en coordinación con las autoridades competentes, implementan medidas técnicas de operación y supervisión para minimizar los riesgos asociados al empleo de sus redes y servicios o interrumpir estos cuando sean utilizados para afectar a los de otros operadores o países, o transmitan información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público; o como medio para cometer actos ilícitos, con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho".

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De esta manera, y como ha venido sucediendo con otras leyes de reciente promulgación, el Estado cubano deja una puerta abierta a la represión, dotando, eso sí, de herramientas legales a las fuerzas parapoliciales para que actúen a discreción en el atropello sistemático de los derechos individuales de la ciudadanía.

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No obstante, y aunque "amparados" en esta disposición, sería ilegal el recorte de las libertades de Alina ya que este se hace de manera solapada, sin que la afectada reciba ninguna notificación al respecto y con ETECSA como cómplice complaciente, dispuesto a enarbolar un "ahí no llegamos nosotros" que podría costarle su licencia de operación y no pocos millones en el mundo libre; pero que en Cuba no tendrá mayores consecuencias.

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De resultas, es ignorado el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria, y que establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

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Por tal motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia el corte permanente de la telefonía a la historiadora Alina Bárbara López Hernández, en adición de la vulneración de un conjunto de derechos debidamente establecidos en la legislación internacional. Amén de las complicaciones que este trae para su normal desenvolvimiento diario, la condición de ostracismo a la que la somete la Seguridad del Estado -con ETECSA como ejecutor- la compelen a buscar alternativas para su comunicación, con el consiguiente compromiso para sus datos personales.

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Si bien la profesora es incomunicada forzosamente, su imagen ha sido ilegalmente comprometida por los propios agentes del orden. El 18 de abril pasado, y mientras era sometida al método de tortura de la “patrulla-horno” luego de varias horas de desaparición forzada, circuló en redes sociales un video inédito de la académica. En la grabación difundida por el perfil de Facebook Atenea Matancera -de clara afiliación a la SE- se le veía exigiendo ser devuelta a Matanzas mientras golpeaba la puerta de la patrulla en un claro llamado a la celeridad de sus captores. La filmación, realizada por oficiales de la policía -cuyo reflejo quedó registrado gracias al cristal de la patrulla- fue distribuido en un intento por dañar moralmente la imagen de Alina Bárbara, con la consiguiente violación del propio Decreto-Ley 35.

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Los cortes selectivos o masivos de internet son una medida coercitiva aplicada contra activistas y miembros de la sociedad civil, a fin de impedir que estos denuncien a la comunidad internacional los atropellos de los que son víctimas. Esta táctica también fue empleada durante las históricas protestas del 11J, cuando el acceso a internet fue interrumpido a lo largo y ancho del país, en un secuestro sin precedentes de la sociedad cubana y posibilitando la durísima represión contra los manifestantes.

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Con la incomunicación forzada, Alina ve violado su derecho a la libertad de expresión al ser víctima de censura de internet, interferencia ilegal de sus comunicaciones, restricción ilegal de la cultura, la educación y el acceso a la información a través de internet, así como de robo a través de una plataforma de pago; este último, en franco contubernio con el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), entidad encargada de liberar la transacción sin que esta fuera solicitada por la titular de la cuenta.

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Desde esta institución de la sociedad civil independiente instamos al pedido de cuentas al Estado cubano por parte de organizaciones y organismos afines a la defensa de los DDHH a causa de la sostenida cancelación del acceso a internet y los servicios telefónicos como herramienta de control político.

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