La instrumentación política de escuela e iglesia. Transgresión de la laicidad de la enseñanza pública cubana
Fecha de lanzamiento: 11 de abril de 2024
El pasado viernes, una representación de la Escuela Especial para Niños Discapacitados Físico Motores de Santiago de Cuba acudió a la iglesia de El Cobre, como parte de una visita oficial a la institución religiosa.
Así lo dio a conocer la página de Facebook del Arzobispado santiaguero, que especificó que, entre otras actividades, los menores realizaron una "peregrinación a los pies de la madre, mostrando una bondad y una devoción impresionantes". También se narró que los alumnos recibieron estampas de la virgen, además de participar de cánticos y "oraciones muy espontáneas".
Si bien el intercambio entre el establecimiento religioso y el educacional pudiera parecer fortuito, llama la atención que este acto haya sido iniciativa de las autoridades docentes cubanas, acreedoras de un largo historial de énfasis en el apego al carácter laico de la enseñanza en el país. Según estipula la Constitución cubana en su artículo 15, "El Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes".
Asimismo, el diario oficialista Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), suscribe que "Nuestra educación es gratis, laica y cubre todos los territorios del país", resaltando estas características como uno de los principales "logros de la Revolución".
Desde el año 1959, la relación del Estado cubano con la iglesia ha sido tensa. El 8 de enero de ese mismo año, el entonces ministro de Educación, Armando Hart Dávalos, dio a conocer las nuevas disposiciones de su ministerio, entre las que dictaba "Clausurar toda escuela privada que no esté debidamente incorporada al Ministerio de Educación".
Para ese entonces, Hart Dávalos aseguró que esta medida no resultaría en la prohibición expresa al ejercicio de las instituciones privadas o religiosas, sino que constituía un incentivo para lograr "la cooperación de la escuela privada con el Ministerio de Educación". Además, aseguró que se respetaría el derecho de estas instituciones y solo se revisaría su plan de estudios, a fin de que estos estuvieran en consonancia con los programas docentes de la nación.
Hasta este momento y en teoría, se reconocía "el derecho que tienen los padres a elegir para sus hijos el centro de enseñanza, público o privado, que esté más de acuerdo con su criterio o que mejor se avenga con sus deseos". Sin embargo, en 1961, el Gobierno cubano confiscó las propiedades de decenas de colegios religiosos que ejercían en el país, retirándoles los permisos correspondientes bajo los que operaban y declarando la exclusividad del Estado en el área educativa.
De acuerdo a la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, "se adjudican a favor del Estado cubano, todos los centros de enseñanza que a la promulgación de esta Ley sean operados por personas naturales o jurídicas privadas, así como la totalidad de los bienes, derechos y acciones que integran los patrimonios de los citados centros”.
Por tanto, se le impuso un fin arbitrario a la educación en manos de la iglesia, quedando sujeta, exclusivamente, a la voluntad del Estado. Vale acotar que durante décadas el sistema educativo censuró y excluyó a cientos de educandos y docentes por la no renuncia a su religiosidad, aunque esta fuera sostenida en espacios extra-docentes.
"Las decenas de colegios católicos y protestantes a lo largo del país —la mayoría con buena infraestructura y adecuados recursos educativos—, junto a la preparación de estudiantes de las clases altas y medias, impartían enseñanza a estudiantes pobres de forma gratuita o que pagaban cuotas reducidas. Aplicaban el Programa Oficial del Ministerio de Educación, empleaban los libros de texto aprobados para la Educación Oficial, enseñaban y respetaban la historia nacional y las fechas históricas, lo que permitía la formación de ciudadanos comprometidos con su nación, no con una ideología, un Gobierno o un partido político.", indica el politólogo Dimas Castellanos en su artículo Los colegios religiosos: la necesidad de su recuperación en Cuba, publicado por el medio independiente Diario de Cuba.
En los últimos años, las relaciones entre la iglesia y el Estado han fluctuado entre el diálogo, que garantiza la mediación internacional de la jerarquía católica en cuestiones de interés político, y tensiones derivadas de posturas más apegadas a los reclamos de democratización de la ciudadanía, puesto que algunos sacerdotes y monjas desempeñan un papel activo como impulsores de la necesaria transformación social.
Muestra de lo segundo fue la reciente prohibición de celebrar la peregrinación de Semana Santa a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el Vedado habanero, como una medida punitiva contra su párroco. El sacerdote Lester Rafael Zayas Díaz explicó que los permisos para la procesión de Viernes Santo fueron negados como represalia contra él por las homilías que pronuncia en la parroquia, en las cuales se refiere a las condiciones de miseria en que sobrevive el pueblo y temas tan sensibles como la ola migratoria que asola al país.
A la par, varios líderes religiosos han sido reprimidos, llegando al punto de ser arrestados o agredidos por presunta orden de la Seguridad del Estado. Por ese motivo, llama poderosamente la atención que los alumnos santiagueros acudieran a una iglesia acompañados de sus profesores y como parte de una visita docente.
El hecho de que el acercamiento entre la educación y la religión se dé, precisamente, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, tampoco es casual. Amén del simbolismo que tiene la Patrona de Cuba para el pueblo, hace apenas unas semanas hubo fuertes protestas antigubernamentales en esta localidad, por lo que es deducible que la presencia de los menores en esa sede religiosa implique una intencionalidad política. La insubordinación y descontento popular es ostensible, máxime cuando aún se desconoce con exactitud la cantidad de detenidos resultantes en ese poblado oriental.
Al respecto, Dimas Castellanos, investigador del Observatorio de Libertad Académica, considera que "el punto está en el por qué se permitió, precisamente en el Cobre donde hubo manifestaciones de protesta. Sería una gran noticia si se tratará de un giro en la política del Gobierno; pero eso ocurre a la vez que en Semana Santa prohibieron la procesión por las calles en algunas iglesias".
Adicionalmente, reconoce que el cambio de discurso del Estado puede ser positivo, mas "requiere de una declaración del Gobierno y comenzar por cambiar la Constitución, devolver libertades y espacios a las diversas religiones, y pedir perdón por el daño causado por esas prohibiciones. Sin eso, queda oculta la intención de lo ocurrido en el Cobre, sea o no con niños discapacitados".
El Observatorio de Libertad Académica denuncia la instrumentación religiosa de los estudiantes, por su anticonstitucionalidad al contradecir el carácter laico de la enseñanza pública cubana. Si bien consideramos que los colegios religiosos tendrían una amplia utilidad social, en tanto ayudarían a conformar un ambiente de libertad académica en el país. Enfatizamos que cualquier cambio en la política estatal al respecto amerita una declaración formal por parte de las autoridades educacionales.
Llamamos la atención de la nomenclatura católica en Cuba respecto a la posibilidad de ser involucrada en acciones ilegales de proselitismo religioso, que pudieran ser utilizadas por el aparato represivo estatal para fines inculpatorios. De igual modo, recomendamos al clero el respeto y apego a la vocación de laicidad del Estado cubano, y por ende de sus instituciones, concepto germinal de nuestra república desde su institucionalización a inicios del siglo XX.
Igualmente, exponemos el trasfondo político de esta acción, que contribuye a la sensación de falsa normalidad que el Gobierno cubano intenta propagar de cara a la opinión internacional.
Instamos al Ministerio de Educación (MINED) a pronunciarse respecto al suceso que nos ocupa. Como organización de la sociedad civil cubana defensora de las libertades académicas, calificamos este incidente como parte de una estrategia política que dista mucho de ser realmente muestra de buena voluntad para con la comunidad religiosa cubana, la cual lleva más de medio siglo esperando por la restitución de plenos derechos a los planteles educativos propiedad de la iglesia cubana, muchos de los cuales contribuyeron a la formación de valores patrióticos en una nación tan joven como la nuestra.