Cuba: el coste académico de los tribunales vacíos
Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2024
Las autoridades docentes de la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” plantearon la posibilidad de reajustar su plan de estudio para los alumnos de último año de Derecho, con el fin de que los egresados se incorporen cuanto antes a las fiscalías provinciales y así suplir la escasez de profesionales de ese ramo en el territorio.
Así lo dejó saber la Doctora en Ciencias Celín Pérez Nájera, profesora titular de la carrera de Derecho en la institución, quien reconoció que, desde tercer año, algunos alumnos del centro se han vinculado al trabajo en fiscalía, pero esta no es una alternativa sustentable pues la cifra de estudiantes no sería suficiente para cubrir el cupo de plazas necesarias.
De acuerdo al diario provincial Invasor, la Asamblea de Balance de la Fiscalía Provincial dejó al descubierto la necesidad de un importante número de fiscales en Ciego de Ávila.
El abandono del ejercicio por 28 fiscales en los dos últimos años, solo en esa provincia, habla de la crisis profesional que se está viviendo en Cuba, donde cada vez más personal cualificado migra hacia otras áreas mejor remuneradas de la economía.
La estampida de especialistas en la rama del Derecho es alarmante en todo el país. Hace muy poco, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una sesión de trabajo con rectores y docentes de todo el país.
La reunión evidenció la necesidad de atraer no solo a los estudiantes de la modalidad diurna, sino también a aquellos de enseñanza a distancia y por encuentros, a fin de lograr la vinculación a instituciones legales y, por ende, la posible permanencia una vez egresados.
El Observatorio de Libertad Académica denuncia la posible contracción del período lectivo para los estudiantes de Derecho. Recordamos que la política de graduación masiva ha sido empleada por las autoridades del sector educacional en ocasiones anteriores, sin que haya traído buenos resultados en ninguna de ellas.
Insistimos en que la masividad atenta contra la calidad, dado que la contracción del ciclo lectivo conllevará la mutilación del programa docente y, además, la sobrecarga lectiva al grupo -cada vez más menguante- de jóvenes que deciden cursar estudios superiores. En el caso de la carrera de Derecho recomendamos a las instituciones a cargo que realicen estudios de opinión, garantizando la seguridad de los estudiantes y recién graduados, para medir los niveles de satisfacción respecto al rol social que se les impone a estos profesionales en medio de un contexto adverso a la transparencia legal, donde poco o nada puede incidir un abogado o fiscal ante la omnipresencia de las fuerzas parapoliciales.