Fecha de lanzamiento: 4 de diciembre de 2023

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El pasado 28 de noviembre, la Doctora Alina Bárbara López Hernández compareció a juicio por el supuesto delito de “desobediencia”. Esta, se suponía la etapa final de una serie de atropellos sistemáticos y sostenidos contra la académica, los que se han intensificado en el último año.

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En las horas previas al juicio, esa sombra bastante conocida pero que insisten en el anonimato, llamada Seguridad del Estado, se empeñó en aislar todo vestigio de solidaridad pensante que se manifestara en favor de Alina: varios intelectuales cubanos fueron citados, detenidos, encarcelados en sus respectivos domicilios o víctimas de desaparición forzada.

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El objetivo era que López Hernández compareciera sola -lo que no significa indefensa- o con el menor acompañamiento, evitando así que las arbitrariedades que presumiblemente fueran cometidas no tuvieran otros testigos independientes además de la propia implicada.

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Sobre Alina pesaba una acusación de desobediencia a causa de su negativa a comparecer a una citación entregada el 13 de junio pasado por una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Con la civilidad que la caracteriza, la intelectual atendió a la oficial, indagando por los motivos de la “entrevista”, no esclarecidos en la citación. Al no poder establecerlos, negó su presencia en el lugar.

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Cinco meses fueron suficientes para que la Seguridad del Estado hostigara a Alina, a sus amigos y familiares. Fue golpeada, ultrajada, secuestrada e incomunicada. Aún hoy, se le prohibe la libertad de movimiento siquiera fuera de su ciudad de residencia. Estos hechos no fueron reconocidos ante la Fiscalía pues pertenecen al actuar independiente de la Seguridad del Estado, aunque la PNR contribuya con su “fuerza bruta” como meros peones.

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Al juicio “público” no pudieron acceder familiares y amigos. En compañía de su abogada, la doctora enfrentó a una fuerza paralegal que se sabe superior a todos, pero que actúa como un ente en la sombra.

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Como testigo de su falta, la Fiscalía solo pudo aportar a la oficial que entregó la citación, con un embarazo casi a término, quien finalmente aportó un relato verosímil ante el tribunal.

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“La única testigo presentada por fiscalía fue una de las dos oficiales de la PNR que vino a mi casa el 13 de junio a entregar la citación, de grado teniente y jefa de sector. Ella reconoció haber sido tratada con respeto y también dijo que pregunté por el motivo de la citación, que indagué si existía alguna causa penal, denuncia o investigación en que yo fuera mencionada como testigo o imputada, y que respondió en aquel momento que no tenía conocimiento sobre ello”, relató la intelectual en su artículo ¿SUBDITOS O CIUDADANOS? EL PODER AL DESNUDO EN CUBA, publicado en CubaxCuba Laboratorio de Pensamiento Cívico, y fechado el 30 de noviembre pasado.

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Esta afirmación, se contradice con la expuesta en el momento de la citación, cuando la oficial explicó que eran los compañeros de la Seguridad del Estado quienes tenían cuestiones con ella.

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La joven debió asumir la responsabilidad de este sinsentido ante el tribunal, al que declaró que era ella, en su título de Jefa de Sector, quien tenía un asunto pendiente con la acusada. Sim embargo, su argumento se desmoronó apenas unos minutos más tarde, cuando debió reconocer, a instancias de la abogada defensora que, tanto en el momento inicial como en el presente, no tenía una idea clara de cuál era el tema a tratar con López Hernández.

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Así, se preservaba la integridad de la SE, que pese a atropellar en repetidas ocasiones a la intelectual, no ofreció ni a uno solo de sus agentes como testigo. De acuerdo a las declaraciones de la profesora, esta misma oficial después fue increpada hasta las lágrimas por sus superiores, pues su declaración al parecer no cumplió los estándares esperados: ellos pretendían que mintiera, tal vez diciendo que Alina fue osca en el trato o se negó por la fuerza.

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Al ver silenciada la única carta que obraba en su poder, la parte acusadora se centró en el porqué, aun sin motivo explícito, la acusada debía comparecer, despojándola de su capacidad de decisión y libre albedrío. Alina debía ser un autómata, un humanoide programado para acatar órdenes. De acuerdo a la fiscal, así debía ser.

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“Insistió en la importancia del Acuerdo 5191 del Consejo de Ministros (error suyo, es 9151) que otorga a las autoridades funciones de profilaxis y prevención social sobre la ciudadanía. A pesar de que el nuevo Código Penal eliminó la peligrosidad potencial como causal de delito, la fiscal defendió sin pudor que el Acuerdo 9151 la instaure. En su concepción, la sociedad es presentada como un organismo enfermo y el Estado —en la figura de sus autoridades—, como el gran higienista. Me parecía haber retrocedido en una máquina del tiempo a siglos y polémicas ya superados”, explica Alina.

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Más tarde, cuando asistió como invitada al programa de Ian Padrón Derecho a Réplica, reconoció: “Yo no niego que yo deba asistir a una citación con un motivo determinado, que puede no llevar a un caso, incluso puede que haya una presunción, yo fui mencionada en un caso, hay una duda de las autoridades sobre mi proceder (...) o que ellos presuman que yo estoy violando la ley. Pero no me dicen para qué querían citarme”.

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Evidentemente, la maquinaria represiva de la SE, que tanto esfuerzo ha empleado en ocultar sus pisadas y a sus agentes en este y otros casos, no podía permitirse reconocerlo ante la Fiscalía, pues significaría reconocer el acoso a las hijas de Alina; el maltrato físico hacia esta, su hija y su yerno en las inmediaciones del Gobierno provincial, los cortes de Internet, las desapariciones forzosas, y demás incidentes de violencia, los que que Cuba niega categóricamente en cada escenario internacional.

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“En el fondo, todos sabemos qué querían hablar conmigo, lo que pasa es que lo que ellos querían hablar conmigo no lo pueden decir en un juicio. Lo importante en este caso es -no porque sea yo- que yo logré llevarlos a donde ellos no querían, que era a un juicio. Yo no estaba en el banquillo de los acusados, yo estaba allí sentada. Los acusados eran ellos, porque fíjate, ellos no se atreven a decir públicamente que ellos me mandaron a buscar porque yo soy incómoda; porque yo, políticamente, no respondo a lo que ellos quieren que yo haga, porque yo tengo otros criterios, porque yo he hecho críticas desde al sistema político, a la situación de la justicia social en Cuba, a la situación de la economía militar, a las características del Partido único, a la corrupción, entonces ellos no pueden decir eso”, explicó.

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Aun así, la fiscal insistía en pisotear sus derechos. “¿Por qué ellos no pueden decirme usted está sentada aquí por esto? Porque ellos pusieron esos derechos en la Constitución de la República, y porque ellos dijeron que Cuba es un Estado Socialista de Derecho y de justicia social, entonces ellos no pueden, tienen que buscar subterfugios, fíjate si es así que cuando el 6 de septiembre me ofrecieron el criterio de oportunidad, el teniente coronel de la Seguridad del Estado le dijo a mi abogada "Dígale que si cambia su actitud, le quitamos la regulación”.

El veredicto, dictado apenas unos minutos después de concluidos los alegatos de ambas partes, consistió en una multa de siete mil pesos cubanos, que significaría el fin de la reclusión domiciliaria y el levantamiento de la regulación, mecanismo mediante el cual se le impide salir del país. De esta manera, se pretende hacer un borrón y cuenta nueva a una arbitrariedad que les cuesta prestigio internacional y nacional, amén de recursos logísticos y bastante de la poca credibilidad que les resta.

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Sin embargo, la historiadora ha decidido no dejárselos fácil, pese a la solidaridad de varios compatriotas que se han ofrecido para abonar la suma. Si bien no quiere que se le tilde de ingrata, Alina ha declinado cada ofrecimiento.

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“Yo fui allá culpable de un delito que no existe y que no pudieron probar allí,  por tanto yo no voy a pagar no 7 mil pesos, un centavo. (...) Lo que pasa es que yo no voy a acceder a pagar una multa que me reconozca como culpable de un delito que nadie ha podido probar”, aseveró.

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Trajo a la mesa entonces la pregunta enarbolada por la fiscal en su alegato final. “¿Qué sería de un Estado donde los ciudadanos no obedezcan a las autoridades? Preguntó retóricamente la fiscal para responder de inmediato: ¡un Estado fallido! Según expresó, Cuba es un «Estado socialista de derecho y justicia social» precisamente por el respeto a la ley y a las autoridades”.

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Respecto a esto, Alina sostiene que “El Estado es fallido porque ni siquiera las leyes y los códigos que se da a sí mismo pueden ser respetados por ellos”.

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El Observatorio de Libertad Académica denuncia la arbitrariedad cometida contra la Dra. Alina Bárbara López Hernández, a quien hemos acompañado y acompañaremos en cada acción cívica por el respeto de sus derechos humanos.

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Llamamos la atención sobre el hecho de que, cada respuesta pacífica de la intelectual, estuvo motivada por la violencia física o psicológica ejercida en su contra o la de su familia.

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Exigimos la coherencia de las autoridades, quienes deben actuar por encima de los intereses de la casta política, exculpando a Alina Bárbara y garantizando el respeto y la preservación de sus derechos ciudadanos. Recordemos que la parte acusadora fue incapaz de proveer pruebas y testigos eficaces que sostuvieran su caso. Desde este Observatorio instamos a los profesionales del derecho a que revisen su encargo social y se apeguen a los principios éticos consustanciales al mismo. Episodios como este ilustran las carencias formativas que han trastocado los valores de la otrora escuela cubana de derecho.

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