Importante represor cubano integra el claustro de universidad privada de Paraguay
Foto: Ismael Francisco/Cubadebate
Fecha de lanzamiento: 13 de noviembre de 2023
Andrés Castro Alegría, quien fuera rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas hasta 2018, ha retomado su vida como profesor en Paraguay, impartiendo clases en la Universidad de San Carlos.
Este centro privado, que aboga por el respeto y sostiene el compromiso de “formar a personas en su integridad intelectual y moral”, ha dado cabida entre sus filas a uno de los más prolíficos represores de cuello blanco que ha conocido la educación superior en Cuba. Hasta hace bastante poco, el Dr. Castro Alegría se vanagloriaba de ser el causante directo de la expulsión de, al menos, 16 alumnos y profesores que resultaron sospechosos a los órganos de la Seguridad del Estado.
En efecto, su amplio historial represivo se remonta a 2013, cuando recién se estrenaba como rector de la UCLV. Para entonces, el Dr. Castro Alegría no solo permitió que la Seguridad del Estado operara de manera solapada al interior de la institución sino que, con su beneplácito, el oficial Yoandy Riverón González, alias “Cristian”, se presentó como parte del claustro docente con el fin de entrevistar al alumno Víctor Manuel Dueñas Otero, estudiante de primer año de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica.
Durante casi un año, el alumno estuvo asistiendo a interrogatorios ilegales, desarrollados en un aula de la universidad dispuesta con ese fin. “En este período, el estudiante había aprobado las pruebas de aptitud de la carrera de Periodismo, primer paso para efectuar el cambio de carrera, el cual solicitó a la dirección de la facultad”, destaca el Observatorio de Libertad Académica (OLA).
Por este motivo, fue citado a una reunión con el decano, sin embargo, al llegar se le informó de la negativa para el cambio de carrera y, además, que debía abandonar la que estaba cursando por “pérdida de requisitos”.
“Me dijo que la decisión no correspondía a la facultad, que ´venía de arriba´ y que ´tú sabrás lo que habrás hecho´ (…) También me dijo que había sido una orientación de la Seguridad del Estado y que tenía que hablar con ellos y con el rector”, contó Dueñas Otero a OLA.
Cuando acudió a la oficina del rector para pedir una explicación, el Dr. Castro Alegría no se encontraba, pero allí supo que este estaba al tanto y había consentido la situación. Su caso era conocido para las autoridades escolares como “el caso de la Seguridad”. En varias ocasiones intentó reunirse con el rector sin éxito alguno.
En los primeros meses del propio año 2013, el profesor Maykel Hernández Aro, perteneciente a la carrera de Ingeniería Agronómica, y que ya era hostigado por los miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC) que no aceptaban su negativa a integrar las filas de esa organización política, padeció la intolerancia del rector Dr. Castro Alegría.
El joven docente solicitó permiso para realizar debates sobre inquietudes de los estudiantes acerca del funcionamiento del país y, con ello, contribuir a fomentar la cultura del diálogo en la universidad. Hernández propuso comenzar con el video del encuentro sostenido, años antes, entre Eliécer Ávila Cicilia, estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), con Ricardo Alarcón de Quesada, entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
La autorización le fue negada. Además, el Dr. Castro Alegría “le ratificó que no se podían llevar a cabo estas discusiones con los estudiantes porque reforzaría la idea de que existían incongruencias e incompatibilidades en la política del Gobierno. Además, le dijo al profesor que las cuestiones políticas eran un asunto ´de ellos´, aludiendo a los docentes que comulgaban con el sistema político”, refiere OLA.
Los desencuentros con la política institucional hicieron que Hernández Aro solicitara su baja del centro, una vez concluidos los compromisos docentes del primer semestre del curso 2015-2016. No recibió respuesta de la solicitud y, un mes más tarde, conoció que lo habían separado de la universidad de manera definitiva, es decir, su salida constó como una expulsión por ausencias al puesto laboral. Además, a sus espaldas, fue expedida un acta que lo calificaba de “desertor”.
El prontuario represivo del exrector y ahora docente en Paraguay continuó en ascenso. En 2015 rescindió de manera arbitraria el contrato de Gustavo Pérez Silverio, profesor adjunto de la Facultad de Filosofía de la UCLV, quien impartía las disciplinas Estudios Raciales y Teoría e Historia Política.
Por el contenido propio de estas asignaturas, con frecuencia el profesor debía emitir su criterio sobre asuntos vinculados con la vida social, económica y política del país. Sus críticas al Gobierno cubano despertaron la preocupación de sus alumnos, quienes temían que fuera expulsado del centro.
En 2014, y estando en Estados Unidos cumpliendo un compromiso profesional, Pérez Silverio fue entrevistado acerca de un artículo, publicado por Associated Press (AP), y que aseguraba que Los Aldeanos y otros raperos de la Isla formaba parte de un plan subversivo originado en Estados Unidos.
Al respecto, el académico declaró que esta investigación no era más que un ataque de AP secundando al régimen totalitario cubano para deslegitimar las voces que disienten en la Isla. A su regreso a la institución docente, supo por boca de una colega de su inminente expulsión, la cual se llevaría a cabo de una manera discreta.
Inicialmente, el profesor fue difamado ante el claustro y los alumnos, alegando que las declaraciones que ofreció fueron pagadas. Finalmente, y aunque tenía docencia programada hasta el año próximo, su contrato fue rescindido sin que mediara siquiera la documentación pertinente. El Dr. Castro Alegría fue el rector que propició este atropello.
Para 2017, las acciones represivas del Dr. Castro Alegría se fueron incrementando. El Observatorio de Libertad Académica recoge tres incidentes circunscritos a ese año. El primero, el de la profesora Dalila Rodríguez González, licenciada en Letras por la Universidad Central ´Marta Abreu´ de Las Villas y miembro del claustro de Humanidades en esa institución. La docente, hija de Leonardo Rodríguez Alonso, coordinador del Instituto Patmos, fue citada por el agente de la Seguridad del Estado asignado al plantel y presionada a colaborar con dicha fuerza represiva con el objetivo de que recabara información sobre las reuniones y conversaciones que escuchara en su casa referentes a esa institución dedicada a defender la libertad religiosa en el país.
Su negativa motivó que se reforzara la vigilancia sobre su labor magisterial, llevándose a cabo encuestas entre los estudiantes a fin de detectar deficiencias en su trabajo. Posteriormente, fue citada verbalmente y, ante su negativa a comparecer, el agente Yoandy Riverón, alias “Cristian”, realizó la citación oficial.
En la entrevista se indagó sobre su relación con el pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, y se le pidió una relación detallada de las personas con las que mantenía comunicación vía correo electrónico. En diciembre de 2016, la profesora sufrió un hackeo de su cuenta de correo institucional, desde la que se enviaron mensajes a los directivos de la universidad en los cuales se cuestionaba la política oficial del país. El mensaje también fue distribuido en la intranet de la UCLV.
Inmediatamente, la docente reportó la situación a los canales correspondientes, lo que motivó una investigación. Sin embargo, pese a reconocer que el correo había sido enviado desde una computadora de otra facultad y que la profesora había actuado en correspondencia con lo estipulado para esos casos, el rector Dr. Castro Alegría listó una serie de “incidentes” que la convertían en una persona “no confiable” para integrar el claustro.
Entre estos estaba su comunicación electrónica con organizaciones “contrarrevolucionarias”, la lectura de “bibliografía contrarrevolucionaria”, el abstenerse de firmar el libro de condolencias por la muerte de Fidel Castro y el haber apoyado a su padre cuando la Seguridad del Estado irrumpía en su domicilio o lo detenía arbitrariamente, entre otras agresiones. Además, el rector la ofendió ante los demás miembros de la reunión, le negó el derecho a réplica y dijo tener listo un expediente “contundente” que avalaría la revocación de su categoría docente cuando él lo dispusiera.
En abril de ese mismo año, fue llamada con artimañas a una reunión con el Dr. Castro Alegría, quien le informó que “mediante la Resolución rectoral 261/2017, quedaba revocada su categoría docente”.
Pese a que las deficiencias en su labor o conducta moral no constaban –cosa que exige la ley- el rector alegó en su disposición que la profesora había sido incapaz de “subsanar un grupo de actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo que exige su categoría docente, y que puede afectar la formación de los educandos”. Posteriormente, el Dr. Castro Alegría, de conjunto con la Seguridad del Estado, organizó campañas difamatorias en su contra al interior de la universidad, mostrando una visión distorsionada de su persona ante el resto de los trabajadores del establecimiento educativo.
Aunque la profesora realizó las apelaciones correspondientes, su expulsión quedó ratificada en junio de ese mismo año por el Ministerio de Educación Superior.
La expulsión de la Msc. Dalila Rodríguez, unida al apoyo casi nulo de sus compañeros de cátedra y demás profesores del centro, despertó la indignación de su hermano, Leonardo Rodríguez González, quien se desempeñaba como profesor en la Facultad de Construcciones, perteneciente al Departamento de Ingeniería Civil.
Desde 2015 el ingeniero comenzó la Maestría en Estructuras, en la propia UCLV, como parte de un plan de doctorado que culminaría en 2021. Con un futuro prometedor dentro de la universidad, la injusticia cometida contra su hermana motivó su salida del sindicato, especificando que su decisión estaba motivada porque esta organización no representaba a sus asociados.
Esto no fue bien visto y comenzaron a distanciársele algunos compañeros e, incluso, le fue propuesta la dirigencia de la organización si deponía su actitud. Su convicción motivó la amenaza directa del rector, Dr. Castro Alegría, quien le comunicó que su actitud truncaría su futuro académico. También le dejó claro que podrían expulsarlo.
En julio de ese mismo año, el decano de la facultad, Dr. Luis Orlando Ibáñez, le notificó el término de su servicio social y, por ende, de su labor como docente en la UCLV. Además, tampoco le fue permitido concluir la maestría en curso, ni el acceso al doctorado.
“Quedó todo como que yo había terminado mi servicio social y ya no me necesitaban, lo cual yo sé que es una mentira. Yo tenía mi plan doctoral, siempre hablaba con mi tutor de las posibles asignaturas que yo dirigiría como profesor principal. El Departamento contaba conmigo como docente en sus planes y estrategias. Todas mis asignaturas eran visitadas por el decano, el vicedecano, el tutor, el jefe de departamento. Tenía notas de excelente, de muy bien. Nunca me habían comentado que había la posibilidad de irme cuando terminara el servicio social. Todo lo contrario. Todo esto sucedió después de que yo pidiera la baja del sindicato”, relató para OLA.
Conociendo la naturaleza política de su expulsión, Leonardo Rodríguez decidió no acometer el largo e infructuoso proceso de apelación por el que transitara su hermana, la profesora Dalila.
Fue en ese año también que resultó expulsada la estudiante de Periodismo Karla María Pérez González. La joven, quien inició sus estudios en el Alma Mater villaclareña en 2016, integraba las filas del movimiento político Somos+, para cuyo blog comenzó a escribir bajo el seudónimo de Oriana. En este, defendía ideas libertarias, haciendo una descripción crítica de la situación del país y, más específicamente, de su natal Cienfuegos.
Para marzo de 2017, se comenzó a gestar una campaña de descrédito al interior de la institución. Esta giraba en torno al movimiento Somos+ y a Karla como miembro activo. Fueron recopilados de su perfil de Facebook sus escritos, así como enlaces compartidos por esta, y se expusieron ante sus compañeros de estudios, a quienes se les advirtió de no notificar a Pérez González.
En el mes de abril de ese mismo año se realizó una reunión de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), donde se puso sobre la mesa la expulsión como medida contra la estudiante, y se amenazó a los presentes con “ser analizados” si se oponían a esta.
El 11 de abril, al llegar a clases, Karla María encontró todo dispuesto para el ataque definitivo, donde participaron sus condiscípulos, cuatro profesores de la carrera y seis miembros de distintas organizaciones políticas. El análisis se extendió hasta el mediodía y fue el jefe de brigada de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), quien propuso su separación definitiva de la UCLV.
“Fueron tres horas de maltrato psicológico, de interrupciones donde, durante las pocas ocasiones en que se me permitió defenderme, se expusieron elementos falsos que iban desde que yo estaba haciendo ´captaciones´ hasta que pertenecía a la directiva de Somos +”, recordó la joven para OLA.
Luego de este incidente, la joven fue separada del resto de los estudiantes, quienes tuvieron un encuentro con el Dr. Castro Alegría. Este volvió sobre los aspectos negativos antes resaltados, añadiendo que la expulsión se haría efectiva en breve y que lo mejor para los alumnos sería no relacionarse con Karla. Ni ella ni su familia tuvieron acceso al rector, aunque lo solicitaron varias veces.
El día 12, Karla tuvo una segunda reunión con la Comisión Disciplinaria donde la increparon sobre su militancia, los sitios para los que escribía e incluso el precio del alquiler donde residía. Al día siguiente, se hizo oficial la expulsión mediante la Resolución Rectoral 262/17. En esta, se justifica la medida como una petición del colectivo estudiantil trasladada a instancias superiores, a raíz de hechos que “constituyen actitudes manifiestas y conscientes de la inculpada contrarias al ideario de la juventud cubana”; por los cuales había merecido el “rechazo” de sus condiscípulos.
De esta manera, la joven no solo fue expulsada de la universidad villaclareña, sino que se le vetó la posibilidad de realizar estudios superiores en cualquier universidad del país. Quede claro que al no existir centros docentes privados, esto cerraba completamente sus alternativas académicas con tan solo 18 años.
La ola de solidaridad que suscitó la arbitraria expulsión de la estudiante generó varios textos institucionales donde fue difamada tachándola de “contrarrevolucionaria” y ratificando que la educación superior en Cuba solo está disponible para quien comulgue con el sistema político establecido.
En mayo de 2017 Karla matriculó la Licenciatura en Periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica, mediante una beca otorgada por el periódico El Mundo de ese país.
Este destacado currículo como censor hace imposible siquiera pensar en Andrés Castro Alegría como profesor de una universidad que defiende la “integridad moral” y la libertad. Acaso más inverosímil su pertenencia al Parlamento Mundial de Educación (PAME), organización fundada con la misión de “mejorar la educación en todo el mundo, creando un espacio de diálogo y cooperación entre los líderes educativos, los profesionales y estudiantes”.
Asimismo, el PAME reconoce trabajar en pro del “acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa”, dando por hecho que el Dr. Castro Alegría, como el resto de sus miembros, se esfuerza “incansablemente para hacer realidad esta misión”. Evidentemente, no se tomaron el tiempo para investigar su historial antes de otorgarle la membresía.
Es por este motivo que el Observatorio de Libertad Académica denuncia la inclusión del Dr. Andrés Castro Alegría, uno de los más importantes violadores de la libertad académica en Cuba hasta 2018, en el claustro docente de la Universidad de San Carlos, de Paraguay, así como tampoco concebimos que haga parte del PAME.
Este hecho compromete la misión de ambas instituciones respecto a la libertad académica, a la vez que valida la cancelación de estudiantes y académicos cubanos al acoger a su verdugo a despecho de las reglas de convivencia en sociedades que funcionan a partir de las reglas del Estado de Derecho.
Sin lugar a dudas, el Dr. Andrés Castro Alegría será uno de los personajes que ha de responder a un proceso, con garantías legales, en circunstancias de justicia transicional. Aunque las violaciones de derechos humanos perpetradas por este sujeto están registradas en la memoria histórica que conformamos en el Observatorio de Libertad Académica, sabemos que, por temor, otras muchas víctimas callan. Respetamos la decisión de guardar silencio de algunos de los afectados, pero reiteramos que solo la exposición de los hechos puede iniciar el camino de la reparación, y apelamos, en este tortuoso recorrido, al respeto por el derecho a la educación por parte de instituciones docentes extranjeras que acogen a los causantes de los abusos contra los universitarios cubanos.