Intentar la disolución de matrimonios: una expresión de violencia de género ejercida por el régimen cubano (Parte II)
Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2023
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) es una organización de masas fundada en 1960, y que agrupa a más de 4 millones de cubanas. Entre sus tareas, se encuentra la de velar por la plena igualdad de derechos para las féminas y el cumplimiento de los acuerdos que en esta materia ha adquirido el país a nivel internacional.
De acuerdo con los estatutos de la organización, la FMC funciona “como el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer en Cuba, al representar los intereses de la inmensa mayoría de las mujeres del país. En tal sentido establece relaciones horizontales con los Organismos de la Administración Central del Estado, a los efectos de la promover, coordinar, dar seguimiento y evaluación a las políticas y programas sectoriales; así́ como contribuir a la concienciación y movilización que garantice la inserción de las mujeres en los mismos”.
Desde 1997, tiene carácter de Organización No Gubernamental (ONG) con Status Consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A tan alto nivel, la organización ha avalado el actuar del Estado totalitario cubano, pasando por alto las constantes violaciones a los derechos de la mujer que bajo su amparo se cometen.
“La participación de las cubanas en el desarrollo y avances logrados en materia de legislación, educación, salud, empleo y seguridad social, desarrollo cultural, científico y deportivo, constituye, sin lugar a dudas, una inobjetable expresión del impacto del proyecto social cubano en la vida de las mujeres. La voluntad política del Estado y la formulación de políticas y programas encaminados a promover la autonomía y la condición económica, social y política de las mujeres, han creado bases objetivas para que ellas participen cada vez más en igualdad de condiciones y posibilidades que los hombres en la sociedad, por el logro de un desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida”.
Palabras más o menos, esta ha sido la postura de la ONG de cara a los organismos internacionales por más de medio siglo, actuando como cómplices del régimen y manteniendo alejados a observadores independientes.
Para la FMC, los casos de violencia de género se circunscriben al entorno intrafamiliar, evitando reconocer al acoso que perpetra el Estado contra aquellas mujeres que disienten. Así, ha decidido no enterarse de casos como el de Exilda Arjona Palmer, licenciada en Educación Primaria por el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, en la provincia de Holguín.
Educadora y directora de programas radiales para “La voz del azúcar”, emisora local del municipio “Urbano Noris”, su casa fue arbitrariamente requisada en junio de 2006 por agentes de la Seguridad del Estado. Dentro, ocuparon “documentación asociada a la revista independiente de arte y literatura Bifronte, la cual producía junto a su esposo, el escritor y activista cultural Luis Felipe Rojas, así como una impresora de la Diócesis de Holguín que por entonces apoyaba esa iniciativa cultural”, reseña el Observatorio de Libertad Académica.
Iniciando la semana siguiente, Exilda fue expulsada de su puesto en la emisora. Habiendo sido conminada a integrar el claustro de la sede universitaria de su localidad y estando desempleada, decidió aceptar la propuesta. Para su sorpresa, la directora Juana Virgen Noris González le notificó su “falta de idoneidad” para ser profesora en la institución, por estar casada con un “contrarrevolucionario”.
“A partir del escarnio público a que Exilda fue sometida en su comunidad, durante seis años vivió junto a su familia prácticamente en un inxilio sosteniendo el mínimo contacto social posible”, señala OLA.
En su caso, resulta conveniente que una organización “barrial”, como se enorgullece de ser la FMC, no percibiera el aislamiento social al que se forzó a esta pedagoga y madre de familia. Como ha ocurrido con otras mujeres cuyas carreras profesionales han sido pisoteadas por el régimen, la organización calló.
Tampoco se pronunció cuando la estudiante Aimara Peña González fue expulsada simultáneamente del Instituto Superior Pedagógico “Capitán Silverio Blanco Núñez” (ISP), donde estudiaba para convertirse en maestra de educación primaria; y de la escuela Sierra Maestra, en la comunidad espirituana de Las Tozas, donde ejercía la docencia.
El acercamiento de su esposo, y el propio, a activistas y organizaciones de derechos humanos, provocó la pugna de la SE por disolver al matrimonio. Fracasados en esa empresa, arremetieron contra la carrera de Peña González.
“Se aparecían en la escuela, entraban al aula donde daba clases, me sacaban en medio de los turnos, le hablaban mal de mí a mis compañeros de trabajo, me citaban para interrogatorios en el VIVAC de Sancti Spíritus y me realizaron actas de advertencia para que me alejara de la familia de Ana Margarita. A medida que persistía en mi negativa, la represión aumentaba y pude comprobar de primera mano que era cierto todo aquello que había leído y que en ocasiones me costaba trabajo creer”, relató Aimara para Observatorio de Libertad Académica.
Finalmente, se materializó la expulsión de Peña González de su puesto de trabajo. Más tarde, y bajo la presión de su profesor guía, quien le pidió encarecidamente “no buscarle más problemas”, accedió a firmar la “baja voluntaria” de la universidad.
Sin embargo, su defenestración académica no fue suficiente para la fuerza represora, que incluso organizó actos de repudio en su vivienda. Además, se mutiló su expediente estudiantil, haciendo que no constaran sus años de educación superior, y retuvieron su certificación de notas.
Es casi seguro que muchas de las mujeres que profirieron insultos frente a la puerta de Aimara estuvieran afiliadas a la Federación de Mujeres Cubanas, entonces ¿es posible que pueda negar la institución la violencia contra estas féminas? ¿Puede tratársele a la ONG como a algo más que una organización cómplice?
“Como sabemos, las instituciones estatales, son instrumentos, brazos mediante los cuales el Estado ejerce su violencia, una violencia que adquiere diversas maneras, más o menos sutiles, pero al final violencia, porque los daños físicos, psicoemocionales pueden perdurar durante toda la vida”, declara Ileana Álvarez González, directora y fundadora del Observatorio Género Alas Tensas.
Por su parte, Teresa Díaz Canals considera que la subordinación tácita de la ONG al régimen totalitario cubano mantiene a raya el activismo feminista que debería identificarla.
“Lamentablemente la FMC no desempeña el verdadero papel que debería cumplir, la esencia feminista de su institución es muy discutible por su dependencia con el partido dirigente de la nación. El auténtico feminismo no tiene una “líder eterna”, no tiene un logotipo que sea la siempre presidenta vestida de miliciana. El feminismo no está por la guerra, no apoya la militarización de la vida, no discrimina a otras mujeres por tener diferentes visiones políticas, no permite que agredan físicamente a sus ciudadanas bajo ninguna circunstancia”, declaró en exclusiva para este Observatorio.
De esta manera, existe una gran contradicción entre lo que debe ser y lo que realmente es. “La FMC fue declarada organización no gubernamental desde hace unos años, es decir, la tenemos formando parte de la sociedad civil, pero todos sabemos muy bien que está completamente subordinada al Partido Comunista, eso se sabe desde que nació esta organización”, destacó Álvarez González.
Además, su silencio extiende la violencia que sufren estas mujeres al resto de la familia, pues al despojarlas de sus puestos de trabajo y de utilidad social, las desarman monetariamente, precarizando la situación en su entorno. De este modo, el círculo de la violencia se amplía a hijos, ancianos y demás personas dentro de su radio de responsabilidad económica.
Así pasó con Yuneisy Santana González, graduada de licenciatura en Educación en 2009 en el Instituto Superior Pedagógico de Ciego de Ávila “Manuel Ascunce Domenech”. En su provincia natal, se desempeñó como bibliotecaria y profesora de asignaturas como Educación Cívica e Historia con excelentes resultados. Posteriormente, se trasladó a Cárdenas, en la provincia de Matanzas, con su esposo Samuel Pupo Martínez.
Reasentada, continuó trabajando como docente hasta 2017, cuando solicita varias licencias sin sueldo para atender a su madre convaleciente. Luego de un año, y dado que no había progresos en la situación de su familiar, debió pedir la baja de su centro de trabajo definitivamente y solicitar una licencia de cuentapropista en el pequeño emprendimiento dirigido por su esposo.
Durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021, Samuel Pupo estuvo entre los cubanos que exigían libertad en las calles. Por ese motivo, fue condenado a tres años de prisión. Desde entonces, Santana González no ha dejado de denunciar la injusticia cometida contra su cónyuge, exigiendo su liberación inmediata.
Su postura ha provocado la violenta arremetida de la Seguridad del Estado y el consabido rechazo de cualquier instancia estatal.
A sabiendas del déficit de profesores que aqueja a todos los niveles de enseñanza y por contar con una trayectoria destacada en la docencia y la bibliotecología escolar, Yuneisy decidió solicitar reincorporarse al claustro de su antigua escuela. La directora de la Escuela Politécnica “Desembarco del Granma” le espetó: “Yo oí de tu caso, pero en esta escuela no te voy a aceptar porque en Educación se enseñan valores y tú no eres confiable. Tu esposo es un contrarrevolucionario y si tú sigues con él es porque aceptas sus ideas”.
Todos estos atropellos registrados a través de los años hablan de un perfeccionamiento en los mecanismos de coacción, que van desde la amenaza directa pero sutil hasta el enfrentamiento explícito, manifiesto en la capacidad de relegar al ostracismo a las docentes sin que haya grandes repercusiones al respecto. Eliminar lazos familiares, de amistad y, luego de la reciente aprobación del Código de las Familias, paternofiliales, pretenden mantener a las activistas y académicas dentro del redil.
“Este tipo de violencia del Estado contra las mujeres cubanas, desde hace mucho es un patrón recurrente. Y ha sido un mecanismo que han ido afilando con el tiempo para mantener su poder. Y por supuesto es muy peligroso porque la violencia hacia la mujer es una violación a los derechos humanos que afecta a otros derechos humanos, transversaliza a toda la sociedad; no hay que perder de vista que la búsqueda de la democracia y la justicia social pasa inevitablemente por la lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus formas, y por la reparación de las sobrevivientes de esa violencia y sus familiares”, analizó Ileana Álvarez.
En definitivas, “Cuba es una sociedad patriarcal y machista que ejerce su poder y su acoso hasta en lo más íntimo como puede ser inmiscuirse en nuestras relaciones afectivas. Sus agentes no están atentos, ni muestran preocupación ante las denuncias que realizas ante una agresión machista, pero se activan de inmediato si tu esposo es opositor, y comienzan entonces a “preocuparse” por ti. Eso los retrata”, sostiene la presidenta de OGAT.
De esta manera, se hace común que, de cara a la comunidad internacional, se refrenden acuerdos y se enarbole una lucha feminista por parte del Estado cubano que en la práctica no son reales. No se han tomado las medidas para la protección integral a las mujeres, el índice de feminicidios continúa al alza y la delincuencia común tiene a las del género femenino como víctimas predilectas.
“El Estado y sus medios son capaces de criticar la violencia política contra las mujeres que puede ejercer cualquier Estado de la región mientras oculta la que ejerce en su país, de forma similar, contra sus propias mujeres. Es un gobierno hipócrita y maltratador que sólo aspira a perpetuarse en el Poder desoyendo el clamor por un país donde las mujeres y sus hijos vivan seguros y libres”, finalizó Ileana Álvarez.
La persecución documentada de estas seis mujeres ha dejado al descubierto el entramado de violencia machista que sostiene el Estado totalitario cubano. Este, ha sabido pasar desapercibido durante años, con la contribución invaluable de supuestas “organizaciones feministas” como la FMC, que se ha posicionado estratégicamente para lavar su rostro ante la comunidad internacional.
Por tal motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia la violencia ejercida contra estas mujeres, a quienes se ha negado un merecido espacio dentro de la comunidad académica y la sociedad cubana, por el único motivo de no permitir que se vulnere su derecho al libre matrimonio.
En estos casos, la Seguridad del Estado las ha utilizado como un mero instrumento de intimidación para sus maridos, soslayando su valía como seres independientes y arremetiendo contra sus carreras como represalia por no acatar la voluntad del régimen.
Asimismo, denunciamos la postura de la Federación de Mujeres Cubanas, que bajo la fachada de ONG ha validado la actuación del régimen ante la comunidad internacional. Para esto, han debido manipular información, alterar estadísticas y confeccionar informes falsos, presentados como ciertos a nivel mundial, con la consiguiente desacreditación a las activistas de la sociedad civil y su lucha por visibilizar la verdadera situación de la mujer cubana.