Fecha de lanzamiento: 22 de septiembre de 2023

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En su informe número 33, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó el caso de Berta del Carmen Mexidor Vázquez, licenciada en Economía por la Universidad de Oriente (UO) en 1985.

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Incorporada al claustro del Centro Universitario de Las Tunas, la profesora comenzó a sufrir el acoso de las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado (SE) durante la década del 90, a raíz del ejercicio de disenso de su esposo, el psicólogo Ramón Humberto Colás Castillo.

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“El acoso de la Seguridad del Estado contra el esposo de la profesora universitaria fue escalando en la medida en que este ganara en protagonismo y se vinculara más con los antagonistas del sistema”, relata el informe de OLA. Esto, llevó a la pareja a idear estrategias conjuntas para proteger a la fémina, entre ellas negar su vínculo sentimental, alegando que vivían juntos “por no disponer de otra alternativa”.

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Finalmente, una delación desmanteló esta idea, para dejarla en total indefensión ante la maquinaria de la SE que no tardó en reducir a cenizas su importante recorrido académico.

Durante febrero y marzo de 1997, Mexidor Vázquez fue forzada a asistir a reuniones dentro de la universidad. En presencia de autoridades y demás profesores del centro, fue coaccionada para divorciarse y alejarse de los vínculos con la sociedad civil independiente, so pena de ser expulsada de su puesto como docente.

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Su constante negativa hizo que, en abril de ese mismo año, el entonces rector José Musa Simón, le notificara que había perdido la “idoneidad política” para educar y, por ende, quedaba expulsada del centro. La violación de las garantías procesales le dieron la certeza de que no había apelación posible.

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Como si esto no fuese suficiente, su labor como intelectual disidente la hizo sufrir todo tipo de arbitrariedades, entre las cuales se cuentan detenciones, golpizas e, incluso, el desalojo de su residencia en compañía de sus hijos menores. El constante hostigamiento que sufrió la hizo exiliarse en 2001.

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Tristemente, el caso de Berta del Carmen constituye el sexto documentado por el Observatorio en cuanto a esta metodología coercitiva implementada por la policía política para aislar socialmente a los opositores apuntando contra su estabilidad familiar. Ello nos permite referirnos a un patrón represivo que opera de manera solapada el régimen totalitario cubano en sus intentos por segregar al pensamiento libre en la Isla. Con su impulso destructivo, viola leyes universales refrendadas vox populi ante la comunidad internacional.

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Cuba estuvo entre los primeros países en firmar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Además, desde el pasado año y hasta 2025, la cubana Yamila González Ferrer, Doctora en Ciencias Jurídicas y Vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), ejerce como miembro del Comité de supervisión del Instrumento.

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De acuerdo con ONU Mujeres, los gobiernos que suscriben el acuerdo “tienen la obligación jurídica de proteger a las mujeres ante la violencia, promover los derechos humanos de todas las mujeres y garantizar su empoderamiento económico, legal, social y político. Esto requiere actuar para prevenir todas las formas de violencia, reformar leyes y políticas discriminatorias y asegurar que las sobrevivientes de la violencia tienen acceso a la justicia.”

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Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing “confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas. La Plataforma de Acción apoya la consecución de la igualdad de género en el marco de derechos humanos y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los Estados de cumplir los compromisos asumidos”.

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Entre los derechos humanos de la mujer que Cuba refrendó, se encuentra el de la libre elección del matrimonio, que excluye matrimonios forzados o prematuros. Además el derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, basado en el principio de “autonomía reproductiva, reconociendo el derecho básico de todas las parejas e individuos y personas a decidir el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los medios para ello, su derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia”, estableció la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, capital de Egipto, en 1994.

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Ser una de las naciones que suscriben estos acuerdos no ha sido un freno para que, tras bambalinas, se violen constantemente los derechos refrendados. A cuatro días de exponer su ejercicio de culminación de estudios, en 2002, Yamisleydis Gómez Yanes pudo constatarlo.

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La estudiante de Geografía de la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”, que había firmado el proyecto Varela, no solo vio retenido su título universitario, si no que se encontró de repente expuesta frente a un grupo de profesores y condiscípulos que, lejos de juzgar su trayectoria estudiantil, opinaban a la tronera sobre su vida privada.

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En medio de la reunión presidida por la más alta representación del Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en la institución, se instó a los presentes a votar a favor de la resolución para expulsarla debido a su negativa de separarse de su esposo, el también pedagogo y opositor político Osmel Rodríguez Díaz.

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Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, y que Cuba no reconoce, ambas féminas han sido víctimas de violencia de género.

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En el artículo 2 de esta disposición, incisos b y c, se entiende por violencia de género “la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así́ como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.

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Para Ileana de la Concepción Álvarez González, fundadora y directora del proyecto feminista Alas Tensas, el cual comprende el Observatorio de Género homónimo (OGAT), “Cuando impiden a una estudiante graduarse, la expulsan de la universidad, o del centro de trabajo, le impiden trabajar en cualquier ámbito, incluso el privado, no sólo están violando tu derecho a tener un trabajo digno, están ejerciendo una violencia económica que es un tipo también de violencia de género porque con un objetivo político se impide la autonomía y el acceso a recursos de las mujeres, las privas de recursos económicos, humanos o materiales que son necesarios, vitales para su bienestar, incluso su vida. Y a la vez ejercen una violencia del tipo psicológica, porque las mujeres que se han enfrentado a esos procesos de “purgas”, en las entidades educativas solo por el hecho de ser disidentes o familiares de disidentes quedan muy dañadas emocionalmente, y su salud mental se deteriora. Incluso, pueden ocurrir procesos de autoinculpación por haber puesto en riesgo la seguridad de la familia. Las huellas de la violencia de género perduran durante mucho tiempo.”

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La académica y ensayista cubana Teresa Díaz Canals se remonta en este caso a la supervisión desmedida del Estado cubano desde sus inicios. Recuerda cómo en las primeras etapas de la Revolución, se vigilaba a las esposas de los militantes en “misiones internacionalistas”.

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“Si las mujeres los engañaban –vigiladas por el Partido- ellos tenían que separarse al regreso de esas esposas. Era algo inaudito. No pasaba nada si eran los hombres los que engañaban (...) Ante esta situación lo que existe es mucho desamparo e injusticia. Respecto a la parte del aparato gubernamental que tuviera que ver con la vida de las mujeres, no existe ninguna entidad que se destaque por representar sus verdaderos intereses”.

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La práctica de someter a escrutinio público la vida privada de estudiantes y docentes es una violación flagrante del derecho a la intimidad. En el Estado totalitario cubano, cuya ciudadanía vive permeada por el brazo -a veces invisible, otras no tanto, pero siempre presente y fiero- de la Seguridad del Estado, las personas se han acostumbrado a que “nada es del todo privado”.

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Sin embargo, es inadmisible que instituciones educacionales se sirvan del espionaje y la vigilancia ilegal a los ciudadanos por parte de la SE para llevar a cabo sus “juicios de Salem”.

En ese caso, se encontró la académica Miriam Luisa Leiva Viamonte, quien, pese a un impresionante currículum profesional en el área diplomática, se vio relegada al ostracismo por insistir en mantener su relación conyugal.

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Luego de completar sus estudios pedagógicos en Saint Augustine School, Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos, Leiva Viamonte regresó a Cuba y matriculó en la carrera de lenguas extranjeras, que posteriormente la llevaría a obtener una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI).

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Miriam se desempeñaba como directiva en “áreas de trabajo que abarcaron las relaciones de Cuba con estados de Europa oriental, África y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), también había fungido como agregada cultural de la Embajada de Cuba en Yugoslavia y recibido entrenamiento postgraduado en el Instituto de Servicio Exterior de la Unión Soviética en 1989.

Todo ello la avalaba para sostener relaciones de colaboración con el ISRI, donde dictaba conferencias como especialista en el MNOAL y tutoraba trabajos de diploma de alumnos cubanos y extranjeros”, destaca OLA.

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Mientras su hoja de servicio crecía, las autoridades no veían con agrado la persona en que se había convertido su esposo, el economista y exdiplomático Óscar Manuel Espinosa Chepe, figura clave en el ámbito de la intelectualidad disidente cubana. Finalmente, la unión de ambos fue sometida a los filtros del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

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Para 1992, Miriam fue citada en varias ocaciones para exigirle el cese de la relación sentimental y la disolución del matrimonio. Su negativa, fue acogida como un síntoma de “pérdida de confiabilidad política”; una demostración de que la Revolución y el Partido no estaban por encima de todo en su vida. Como es natural en estos casos, su firmeza no sería perdonada.

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Forzada a mantenerse fuera del ámbito diplomático y recurriendo a sus destrezas intelectuales para lograr el sustento, la profesional decidió presentarse frente a un grupo de expertos del Instituto Pedagógico “Enrique José Varona”, a fin de conseguir el aval de estos para incorporarse al claustro docente. Pese a que su intervención tuvo una acogida favorable por parte del colectivo de académicos que allí se reunieron, el trabajo anhelado nunca se materializó.

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Las semanas de espera hicieron que Miriam indagara respecto a su situación. Citada por un funcionario de la institución que escuchó su caso, incluidos los motivos que la alejaron de su precedente carrera diplomática, obtuvo como única respuesta el aplazamiento indefinido de la decisión del organismo, que finalmente se abstuvo de responder.

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En lo sucesivo se intensificaría la represión sobre ella, tanto por el respaldo a su esposo, que la llevaría a ser cofundadora del movimiento femenino no gubernamental Damas de Blanco, como por su extenso trabajo en el periodismo independiente.

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“Refiere que ha sido tratada como una “no persona”, táctica recurrente en la embestida represiva contra personas que disienten del régimen cubano y son marginados socialmente sin importar su calidad profesional, ni lo que pudieran aportar al ámbito académico nacional”, explica al respecto OLA.

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En este sentido, Díaz Canals conoce de primera mano las implicaciones que trae “el alejamiento del escenario laboral individual”: “esos cortes imprevistos que traen el no saludo, el no te conozco, la no invitación directa a participar en eventos significativos para la actualización profesional, el mensaje silencioso de que tú no eres nadie, estás loca, no existes. Eso por una parte, pero por otra, el costo social del desarraigo de esas personas es muy elevado, pues con tal violencia, privan al país de especialistas que él necesita para una educación de calidad, lo que constituye un crimen de lesa humanidad, porque no solo afectan a esos seres humanos expulsados, prohibidos, condenados al ostracismo”.

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Según explicó para nuestro Observatorio, estas prácticas revictimizan a la mujer, en tanto “provocan una clase de muerte social”. “Expulsar a una persona de un centro de educación superior, cortarle la posibilidad de culminar sus estudios, imponerle la terminación de su relación de pareja, es algo parecido a la desaparición de su espacio, pues no puede ejercer su derecho a la libertad, a elegir, a vivir con decoro, a respirar. El Estado, en vez de apoyar la eliminación de este tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar, pues con sus peculiaridades, refuerza esta tremenda discriminación”.

Además, estos casos son propicios para iniciar otros ciclos de violencia. La situación emocional que generan puede desencadenar en la pérdida autopercibida de la capacidad para generar ingresos, para valerse por sí misma, para ser útil. Amén de la frustración, se somete a la fémina a violencia económica y la hace proclive a otros tipos de violencia intrafamiliar, dado que el entorno hogareño se convierte en su “único entorno accesible”.

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“Efectivamente, cuando quieren que una mujer rompa su matrimonio porque su esposo es opositor político del régimen, o apenas una persona que disiente, no solo vulneran tu derecho a una libre elección en el matrimonio, vulneran tu derecho a la privacidad, vulneran tu derecho a continuar con la vida familiar que has escogido, y la pareja que has escogido, a seguir las ideas de tu pareja si las crees justas; tu derecho a elegir sin coacción, sin presiones de ningún tipo con quién estableces tus lazos afectivos. En fin, a actuar como una persona libre. Esta práctica es de un sadismo escalofriante, y hemos visto cómo la ejercen también con los amigos de las personas que disienten. Cómo tratan de dañar esa amistad con manipulaciones y mentiras”, señala, a su vez, Álvarez González.

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