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Recibe Abel Prieto título de Doctor Honoris Causa de universidad nicaragüense

Fecha de lanzamiento: 17 de agosto de 2023

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) otorgó el título de Doctor Honoria Causa en Humanidades a Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas. Como parte del encuentro, el también escritor cubano ofreció un conversatorio alabando la figura del fallecido Fidel Castro.

En el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua, Prieto fue agasajado por la rectora del centro, Ramona Rodríguez, y unos 400 académicos y estudiantes. “La entrega del referido título se realizó como parte de la conmemoración de los aniversarios 93 y 97 de los natalicios del miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tomás Borge y del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro; respectivamente.”, destacó el medio de prensa oficialista Cubadebate.

Abel Prieto Jiménez ha sido uno de los intelectuales más destacados en la defensa del régimen totalitario de La Habana. En su informe número 11, el Observatorio de Libertad Académica denunció su implicación en la expulsión del artista e investigador Henry Eric Hernández, cuando aún era estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA) en 1997.

Durante una reunión en el centro en la que participaba el escritor en calidad de Ministro de Cultura, Hernández manifestó su descontento con la disposición del gobierno cubano que imponía el regreso de los estudiantes a sus respectivas provincias una vez culminada su preparación.

A las inquietudes manifestadas por el alumno, el titular de cultura respondió déspotamente. “¿Pero eso eres tú́ o es un personaje?”, aludiendo a la forma de hablar y la manera en que estaba vestido el estudiante. Henry Eric le respondió́: “No, los personajes están del lado de allá́” y los señaló́ a ellos. Abel Prieto le preguntó: “¿Cómo, cómo?” y el estudiante le repitió́ lo que había dicho. Terminó de expresar sus argumentos en contra de la medida y luego de su intervención, tomó el micrófono un dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que, entre otras cosas, dijo al resto de los estudiantes que no debían “perder la alegría juvenil ante hechos contrarrevolucionarios como este”, reseña el informe. El altercado con el ministro le valió al joven la expulsión por un año del centro.

Además, en 2016 fue artífice de la andanada de censura contra el cineasta Carlos Lechuga, que comenzó con la intimidación al poeta Delfín Prats, inspiración para el largometraje Santa y Andrés, del mencionado creador. De acuerdo con el informe número 5 del Observatorio de Derechos Culturales (ODC):

“Abel Prieto, telefoneó al poeta Delfín Prats, inspiración fundamental para construir la historia que expone la película. En esa llamada, realizada por demás a la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Holguín, el ministro preguntó si había estado preso alguna vez. La máxima autoridad del sector cultural oficial en el país pretendía que el poeta negara el hecho de haber sido internado en 1971 en una de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) por su condición de homosexual y de haber pasado meses recluido en la prisión Combinado del Este. Finamente, Prats consintió  en mentir para tranquilizarlo.”

Luego de un largo periplo de reuniones con directivos, la exhibición de la película fue prohibida por consideraciones extra artísticas, netamente políticas. Aun así, los creadores insistieron en que fuera vista por el ministro de Cultura, Abel Prieto. En el encuentro concertado para la proyección, Lechuga se quejó con el titular del acoso constante que estaba sufriendo por parte de la Seguridad del Estado.

Este le espetó que “desde Melaza, se había burlado de “los factores” por lo que tendría que dialogar con el MININT y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)”.

Posteriormente, Prieto intentó chantajear a los creadores del filme, proponiéndoles “que si escribía un artículo diciendo que Fidel era intocable, le producirían su próxima película. Este se negó́, recalcando que solo estaba interesado en parar la defenestración de Santa y Andrés.”

Por su parte, la Universidad Autónoma de Nicaragua es la más antigua del país. Fundada en 1812, “es una institución pública, dirigida por autoridades académicas, administrativas y estudiantiles”. La misma, reconoce entre sus principios rectores la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y el respeto a los derechos humanos.

Además, en 2019, su rectora participó en el seminario Año de autonomías: reflexiones sobre la universidad y su papel en la transformación social, impartido en la Universidad Autónoma de México. En el mismo, se defendía el principio autonómico como “la única forma de pensar libremente, transmitir el conocimiento y contribuir a transformar nuestro entorno social.”

Paradójicamente, esta universidad, que promulga principios de libertad académica, acaba de otorgar una de sus mayores distinciones a un importante censor cubano, en un nuevo episodio de validación al Estado totalitario de La Habana.

Mientras, el régimen nicaragüense de Rafael Ortega y Rosario Murillo, lanzó una fuerte ofensiva para destruir la Universidad Centroamericana (UCA), mediante la incautación de los bienes materiales y económicos de la institución docente jesuita.

En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro acusó públicamente al centro de ser “terrorista” y no “estar al día” con las necesidades del gobierno Ortega-Murillo. “La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”, manifestó.

Persistiendo en la acusación de “terrorismo”, la UCA se convirtió el pasado martes en la vigésimo séptima universidad nicaragüense que pierde su autonomía a manos del régimen autocrático, para pasar a manos del Ministerio de Gobernación de ese país.

Ante tal situación, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús se ha pronunciado en apoyo a la UCA, considerando como “infundadas” las acusaciones contra el centro, y reconociendo la “prestigiosa labor docente e investigativa ejercida por la Universidad durante sus 63 años de existencia” y que “se ha realizado conforme la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Iglesia católica.”

Asimismo, calificó la medida como una violación sistemática a los derechos humanos, que busca “consolidar un Estado totalitario” en el país. Por último, responsabilizó al régimen de “todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores-as de la Universidad y del patrimonio cultural de dicho país que se deriven de semejante acusación injustificada y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua”.

La actuación del régimen Ortega-Murillo es comparable con la desaparición forzada de la universidad privada en Cuba. El 6 de junio de 1961, el Consejo de Ministros promulgó la “Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza”.

Esta medida argumentaba que “la supresión de la educación privada y el traspaso de sus establecimientos y bienes a propiedad del Estado se realizan porque: la enseñanza debe estar orientada mediante la integración unitaria de un sistema educacional que responda cabalmente a las necesidades culturales, técnicas y sociales que impone el desarrollo de la Nación; en muchos centros de enseñanza se explotaba a sus maestros y empleados; esos centros privados, especialmente los operados por órdenes religiosas católicas, venían realizando una activa labor de propaganda contrarrevolucionaria; dichos centros favorecían la división de clases y fomentaban el privilegio; y la Revolución cubana estaba empeñada en poner todos los medios de la educación y la cultura al servicio de todos los niños y jóvenes cubanos, sin distinción ni privilegio”.

De esta manera, desaparecieron importantes instituciones educativas en Cuba. Entre ellas la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, primera universidad privada de Cuba, fundada por los Agustinos, o el Real Colegio de Belén, de la Orden de los Jesuitas.

A decir del eminente pedagogo cubano Enrique José Varona, citado por OLA en su informe número 9:

“Junto a la enseñanza oficial conviene que florezca la enseñanza privada. Esta sirve de estímulo a la primera para que no se estanque, para que no caiga en la rutina, para que sepa y procure emplear siempre en el mismo sentido del progreso los grandes medios de que dispone. Por su parte la escuela oficial cumplidamente organizada, tiende a ser el modelo por el cual se constituyan las particulares, necesitadas de no quedarse atrás, para verse favorecidas por los padres de familia conservadores y vigilantes”.

Es por este motivo que el Observatorio de Libertad Académica denuncia el otorgamiento no merecido del título Honoris Causa en Humanidades a Abel Prieto Jiménez, puesto que se trata de una de las figuras más importantes de la censura en Cuba. Bajo la fachada de intelectual, el escritor valida al régimen totalitario cubano de cara a la comunidad internacional, mientras que ejerce como su ideólogo cultural por excelencia.

Igualmente, condenamos el doble rasero de la universidad que, aun teniendo principios autonómicos, decide mirar para otro lado ante la censura y desarticulación ilegal de la Universidad Centroamericana, homóloga nicaragüense cuya libertad de cátedra y acción está siendo coartada por el régimen Ortega-Murillo.

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