Fecha de lanzamiento: 5 de agosto de 2023

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La Fiscalía Provincial de Matanzas desestimó la solicitud de nulidad de actos y diligencias, presentada por la doctora Alina Bárbara López Hernández y con la cual pretendía impugnar el procedimiento seguido en el caso de desobediencia al que se enfrenta.

“Esta solicitud fundamentaba como nulos de manera absoluta: la cédula de citación, el acta de detención y un acta de ocupación y hallazgo, y como nulidad relativa mi declaración (ni siquiera firmada)”, refiere la académica. Esto implica que deberá comparecer en el juicio orquestado por la Seguridad del Estado en su intento de acallar sus reclamos legítimos.

Representada por una letrada, López Hernández interpuso la solicitud luego de ser ilegalmente detenida durante más de doce horas en la estación de la PNR de La Playa, el pasado 14 de junio.
Incongruencias en los horarios de los documentos de aprehensión, en la declaración de la propia Alina, así como otras violaciones del debido proceso, fueron evidenciadas ante la fiscalía, que ignoró todos los plazos establecidos para, finalmente, dar una respuesta negativa a la solicitud.

La fiscal Guadalupe Borrego Fernández, del Departamento Procesos Penales (sic.) de la Fiscalía, fue la encargada de resolver la querella. Su resolución asombró mucho a la profesora pues “la respuesta era digna de una teniente coronel de Seguridad del Estado”.

Aunque no ha trascendido el texto de la deliberación, este tiene “inconsistencias técnicas, jurídicas y éticas, incluso su carácter anticonstitucional”, denunció López Hernández, quien aseguró que presentará una queja formal contra el auto ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, y con respecto a las palabras de la fiscal, la académica aseguró que el Estado cubano tiene una naturaleza represora que está abiertamente contra el disenso. “No importa cuánto se intente disfrazar esa naturaleza con una Constitución que declare un estado de derecho y establezca derechos ciudadanos, con nuevas leyes, nuevo código penal supuestamente avanzado respecto a su predecesor, nuevos conceptos y un discurso político lleno de falacias.
Nadie puede ir en contra de su naturaleza”.

Además, aseguró que cuando el aparato de poder siente amenazada su hegemonía, arremete sin piedad pasando por encima de los preceptos que refrenda.
“La fiscal, desesperada por cumplir su misión de defender a ese estado opresor, e indudablemente cumpliendo instrucciones del aparato de Seguridad del Estado, del cual se erige abogada defensora, desecha cualquier consideración profesional y rasgo de honorabilidad”.

La Fiscalía de Matanzas reconoce la ilegalidad del proceso, sin embargo, lo minimiza alegando que las citaciones ilegales que contra Alina Bárbara se expidieron son solo “medidas preventivas" y "labores profilácticas", autorizadas a los órganos del Ministerio del Interior por acuerdo 5191 del Consejo de Ministros del 21 de agosto de 2021 para impedir conductas "proclives a un discurso de reproche contra las disposiciones gubernamentales" (ríndete artículo 56 que reconoces la manifestación pacífica, jamás serás aprobado). La finalidad de esas citaciones es "que la persona desista de su conducta transgresora”.

Además, el organismo hizo recaer las responsabilidades sobre López Hernández pues, pese a tener pleno conocimiento del carácter inconstitucional de la citación, esta debió asumirla como legal y comparecer como un deber ciudadano.

No obstante, la profesora manifestó su voluntad de seguir luchando por los canales legales para garantizar sus derechos: “soy una persona, una mujer, una cubana LIBRE. Y lo seré pese a ustedes.” Además, ratificó su voluntad de buscar nuevos causes cuando la vía legal sea agotada. “Cuando lo recorra y llegue al callejón sin salida irreformable que ustedes construyeron, no quedará otra que abrir nuevos senderos. Y lo haré”, afirmó.

La doctora Alina Bárbara López Hernández se ha convertido en un adalid en la lucha por los derechos ciudadanos en la Isla. Tanto ella como su familia, se han visto expuestos a la violencia, el hostigamiento y las amenazas de la Seguridad del Estado, en su intento por acallar los legítimos reclamos de la profesora, quien se ha enfrentado al aparato represor de manera legal y pacífica.

El Observatorio de Libertad Académica denuncia la actuación de la Fiscalía Provincial de Matanzas, la cual ha fungido como brazo ejecutor de las fuerzas represivas en Cuba en franco descrédito de su cometido social al desatender lo estipulado en la carta magna, documento al que su labor debe ceñirse.

Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de apoyo y acompañamiento a la académica desde el compromiso de visibilizar e incidir respecto a la vulneración de sus derechos a la libertad de expresión, de movimiento, de pensamiento y de reunión pacífica.

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