Fecha de lanzamiento: 28 de junio de 2023

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Recientemente, trascendió en redes sociales el caso de Dannerys Martínez Martínez, madre de tres pequeños y embarazada de un cuarto que malvive con sus hijos en la provincia de Matanzas.

El video difundido captaba a la mujer, quien padece de una enfermedad mental, en la parada de ómnibus de Peñas Altas. Ella y su descendencia mostraban un altísimo grado de abandono.

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La página de Facebook Impactos desde el corazón, denunció la inacción de las instituciones para con esta familia, a la vez que ofreció más detalles sobre el caso: “El nombre de quien le dicen ‘el marido’ es conocido en el barrio como Joaquina, y no es el marido! Es su tío, quien abusaba de ella sexualmente y le propinaba golpizas, y esos niños son producto de esas violaciones. Está de más decir que la madre de esos niños se encuentra mal mentalmente, han sido años de abusos donde nadie ha intervenido”, abundó la publicación.

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Además, se adjuntaron imágenes de las precarias condiciones de vida de los pequeños, donde puede vérseles en una casa que no cuenta con las condiciones higiénicas básicas ni insumos de ninguna índole. Sin embargo, el gobierno provincial de Matanzas asegura que la familia no ha sido desatendida.

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“Ella es atendida por la comisión de prevención del municipio y de la provincia. Recibe una pensión de 4792 pesos y se le ha entregado artículos como fogones de inducción, colchones, entre otros. En sí, a ella se le ha prestado ayuda de diferentes formas y tiene una trabajadora social que se encarga de estar al tanto de su situación”, explica una publicación del Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas.

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Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente si pensamos en que, de haber una trabajadora social efectiva y pendiente del caso, habría notado la situación de los infantes, propiciando la intervención de las autoridades competentes.

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Según dicho post, la madre ha sido ingresada en numerosas ocasiones, pero escapa de los centros donde se le proporciona la ayuda. En este momento, los niños permanecen bajo el amparo estatal. Una cosa que no precisa la nota es por qué la asistente social “que acompaña el caso” no denunció la no escolarización de los niños mayores.

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En Cuba, la Ley de Nacionalización General de la Enseñanza, aprobada en 1961, establece la educación gratuita y obligatoria de los menores hasta noveno grado de escolaridad. Sin embargo, casos como el reportado en Matanzas dejan ver las fisuras del sistema educativo nacional, que no ha advertido la no integración oportuna de los menores a la enseñanza.

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Tristemente, este no es un evento aislado. El pasado viernes, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba denunció la situación de una madre cubana de tres hijos en riesgo de violencia machista.

Entre las medidas de protección que esta había adoptado, estuvo la abstención de llevar a sus pequeños a la escuela. En tal caso, no hay noticias de que exista un reporte de las autoridades del centro donde deben estar matriculados los menores, dando cuenta de las inasistencias a clases.

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La educación en casa o “homeschooling” está terminantemente prohibida en Cuba. Los pastores cristianos Ramón Rigal y Ayda Expósito son la prueba viviente de este hecho. En abril de 2019, ambos fueron condenados a dos años y un año y medio de cárcel, respectivamente, por los delitos de “otros actos contrarios al normal desarrollo del menor” y “asociación ilícita e instigación a delinquir”. Estos padres habían decidido escindir a sus hijos del sistema nacional de educación por consideraciones de índole religiosa. El bullíying que recibía Ruth, hija mayor del matrimonio, por motivo de su fe cristiana, el desacuerdo con el laicismo de la enseñanza y la fuerte propaganda comunista a la que estaba expuesta, motivaron a sus padres a no permitir que la pequeña acudiera a la escuela cuando tenía la edad de nueve años.

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Esta decisión provocó el constante hostigamiento hacia los religiosos, que fueron detenidos en varias ocasiones y sufrieron prisión domiciliaria durante un año, antes de pasar definitivamente a régimen carcelario. Los hijos fueron distribuidos entre los hogares de los abuelos maternos y paternos.

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La severidad con la fue tratado el caso contrasta con la negligencia reciente de las autoridades que, en ninguna de las situaciones descritas anteriormente, se ha pronunciado para garantizar el derecho a la enseñanza de estos menores en condición de vulnerabilidad.

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¿No debería manejar el Ministerio de Educación las cifras sobre menores en edad escolar? ¿Por qué no reportan las escuelas la ausencia sistemática de los alumnos a autoridades superiores?

El recién aprobado Código de las Familias establece el término “responsabilidad parental” en lugar de “patria potestad”. Según explica Ariel Dacal Díaz en su texto Responsabilidad parental: autoridad y derechos, esta “se ejerce siempre en beneficio del interés superior de niñas, niños y adolescentes; de acuerdo con su capacidad, autonomía progresiva, el libre desarrollo de su personalidad y su grado de madurez”.

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Esta figura legal ha servido para amenazar a varios activistas cubanos, a quienes se les asegura perderán la custodia de sus hijos a manos del Estado si no ceden a la voluntad del régimen.

Tal fue el caso de la defensora de los Derechos Humanos Libania Núñez Ricardo en 2020. En 2021, Víctor Ruiz, firmante de la notificación que se entregó a las autoridades sobre la manifestación cívica del 20 de noviembre en Santa Clara, recibió amenazas semejantes por parte de la Seguridad del Estado. Igualmente, la doctora Noemia Lisandra Rodríguez pudo enfrentarse a la pérdida de custodia por sus críticas a la dictadura en redes sociales.

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Esto deja ver que, como medida punitiva, el Estado interviene rápidamente en la vida de los menores, aun cuando estos pertenezcan a un hogar amoroso en el que vean sus necesidades básicas cubiertas. Sin embargo, la acción gubernamental se ralentiza y accidenta en casos graves, en los que incluso se viola el derecho a la educación de los menores.

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Por tal motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia la inacción de las autoridades educacionales en el caso de los tres menores de edad matanceros, así como en el de la madre habanera víctima de violencia. Consideramos que, en ambas situaciones, la detección temprana de la no escolarización y las ausencias sistemáticas de los menores, respectivamente, pudieron contribuir a la salvaguarda de su derecho a la enseñanza.

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