Fecha de lanzamiento: 1 de junio de 2023

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El consumo de drogas entre adolescentes ha aumentado al interior de los centros docentes de Artemisa, de acuerdo con un artículo publicado por el diario local de esa provincia. Según el reporte, durante el año 2022, cuatro jóvenes menores de 18 años utilizaban marihuana en la Escuela de Profesores de Educación Física José de la Luz y Caballero, de Güira de Melena.

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Aunque el material no especifica las medidas disciplinarias que se tomaron con los implicados, ni con el personal docente de la institución, explica que este evento no es aislado. Durante los meses que han transcurrido de 2023, un caso se ha reportado en Bauta, mientras que, en 2021, la cifra ascendió a nueve, en su mayoría en centros educativos de régimen interno.

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Según las declaraciones de Ireno David Esquijarrosa Cueto, funcionario que atiende Salud mental en la Dirección Provincial de Salud Pública, “caso se evalúa en una comisión multidisciplinaria, compuesta por el Ministerio de Educación, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, Salud Pública y la Policía Nacional Revolucionaria. Asimismo, se les ofrece seguimiento en consultas de psiquiatría y psicología”.

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Sin embargo, un hecho tan alarmante habla de la poca efectividad de las medidas tomadas por las autoridades, y de la ineficacia de las políticas antidrogas en el país. Desde 2003, Cuba anunció el inicio de una política de “tolerancia cero” hacia la venta y consumo de drogas ilegales en el país.

Juan Escalona, quien en aquel entonces se desempeñaba como Fiscal General de Cuba, anunció la operación Coraza con el fin de “limpiar la casa” de drogas, prostitución y otras actividades ilegales. Esta nueva política se ejecutaría amparada en el decreto 232 promulgado, que además contemplaba la confiscación de viviendas y locales relacionados con el consumo y venta de drogas.

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De acuerdo con el diario La voz de América, la legislación permitía también “la confiscación de las tierras usadas para producir marihuana, dijeron las autoridades al reconocer que existe en la isla un incipiente mercado de consumo y expendio de narcóticos. En una nota oficial del diez de enero pasado, el gobierno cubano reconoció la existencia de este mercado de estupefacientes en Cuba, que se encuentra en el medio del corredor utilizado por los narcotraficantes para transportar cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos”.

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Convenientemente, este anuncio coincidió con la Primavera Negra, dando total libertad a las fuerzas represoras del régimen para la persecución y encarcelamiento de los disidentes en la Isla.

“Es conocido lo ocurrido en la provincia de Pinar del Río: allí se produjeron arrestos arbitrarios, varios oficiales se confabularon para fabricar procesos acusatorios por tráfico de drogas contra ciudadanos con el objetivo de decomisarles y apropiarse de sus propiedades, dinero y joyas. Estas maniobras incluyeron la supuesta detección y decomiso de evidencias del delito en las casas o las fincas en propiedad de esas personas”, relata Diario de Cuba sobre aquella época.

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Para 2006, las autoridades cubanas anunciaron con bombos y platillos una considerable disminución en el consumo de drogas en la Isla, resultado de la Operación Coraza. El balance presentado, celebraba la incautación de 1,7 toneladas de narcóticos, casi cuatro veces menos la cantidad decomisada al inicio de la limpia.

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Además, se juzgaron un total de 2000 causas relacionadas con consumo y tráfico de estupefacientes, “en los que resultaron sancionados extranjeros y cubanos, manteniéndose la política de severidad en las sanciones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias personales de los comisores”, destaca un artículo de Diario Libre.

Desde 2016, El Sistema Nacional de Educación desarrolla“el Programa Educativo, dirigido a la prevención del consumo de drogas en el Sistema Nacional de Educación, avalado por la Resolución Ministerial 15/2019 y con el objetivo de fomentar la cultura de rechazo a las drogas desde posiciones críticas y reflexivas”.

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La realidad es que casos como los reportados por la provincia de Artemisa, dejan ver que la política antidrogas del país no ha sido del todo efectiva. Tristemente, no existe transparencia gubernamental en cuanto a las cifras reales de consumo de estupefacientes en menores de edad, lo que dificulta la actuación conjunta de los diversos actores de la sociedad.

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Por tal motivo, el Observatorio de Libertad Académica denuncia el consumo de drogas entre adolescentes al interior de los centros escolares cubanos, así como la negligencia del personal docente ante este tipo de actividades. Asimismo, instamos a las autoridades del Ministerio de Educación a tomar partido con una investigación minuciosa, respaldada por especialistas de diversas disciplinas, que permita detectar la presencia de este flagelo en las instituciones de régimen interno.

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